Eduardo Nava Hernández
Columna de Opinión
Universidad Michoacana: reconstruir la comunidad
Domingo 23 de Septiembre de 2012
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La Universidad Michoacana vuelve a vivir una más de sus cíclicas crisis. Ésta se expresa de muchas maneras, pero la fundamental es la de la incapacidad de sus distintas instancias de dirección para procesar el conflicto de intereses connatural a cualquier institución de sus dimensiones y complejidad. Y esta crisis, en realidad estructural, ha dado como resultado el deterioro del núcleo de su ser institucional, la comunidad universitaria.
Ésta, la comunidad, se encuentra definida en el artículo 8º de la Ley Orgánica vigente como depositaria de la autonomía, atributo fundamental y condición para el adecuado desempeño y cumplimiento de las funciones institucionales sustantivas de docencia, investigación, difusión de la cultura y extensión a la sociedad. No sería difícil identificar la crisis estructural de la Universidad como un proceso de creciente descomposición de la comunidad y de hipoteca de la autonomía. Las causales son múltiples. Entre ellas, inmediatamente reconocibles, las políticas estatales de restricción presupuestal a la educación superior y de conversión de una parte de los subsidios en partidas condicionadas o “etiquetadas”; la supeditación de las decisiones académicas a los designios de entidades privadas como el Centro Nacional de Evaluación (Ceneval), y los organismos acreditadores; los presupuestos por programas; los sistemas de competencias y habilidades; la dispersión escalafonaria del profesorado; el deterioro del salario académico y la conversión de una parte de éste en “estímulos” condicionados a la competencia. Todo ello, al limitar la autonomía, restringe las capacidades de la depositaria de ésta, la comunidad universitaria.
Pero también están la imposición, por encima de la comunidad, de un organismo espurio como la Comisión de Rectoría; la inexistencia de un cuerpo normativo actualizado acorde a su ser y su existencia actual; la irregular confirmación de su principal órgano de gobierno, el Consejo Universitario; la captura patrimonialista de diversas preparatorias por cacicazgos y clanes familiares; la conversión de dependencias académicas en señoríos y sultanatos; el desproporcionado crecimiento de los empleados administrativos y el protagonismo de su sindicato; el descontrol y politización de las casas del estudiante. Estos factores en su conjunto han implicado la centrifugación de las fuerzas internas y componentes de la comunidad hacia intereses particulares, y la conversión del presupuesto de la institución en un botín para factores externos e internos.
En un artículo de hace casi dos años (“La Universidad Michoacana en su laberinto”, Cambio de Michoacán, 11 de noviembre de 2010), expuse que la Universidad Michoacana “se ha venido escindiendo crecientemente en el aspecto académico en al menos dos, y quizás tres niveles claramente diferenciados, que no le permiten avanzar coherentemente como una institución única. Está, por una parte, una Universidad que ha registrado importantes avances en pos de la excelencia, que ha arrojado resultados y obtenido merecidos reconocimientos en la docencia y la investigación. (…) En contraste, hay otras dependencias que no logran aún despegar y que muestran un claro rezago con respecto de las primeras. Podría señalarse, incluso, un tercer nivel, integrado fundamentalmente por el bachillerato, en el que los avances han sido prácticamente nulos en los últimos cinco lustros y en el que se reproducen los peores vicios administrativos, laborales y académicos”.
Pero sólo las crisis nos colocan frente a nuestra realidad al romper la aparente normalidad en la que se han gestado los desgarramientos de la comunidad que ahora afloran. La actual movilización de la Coordinadora de Universitarios en Lucha y el Movimiento de Aspirantes y Rechazados viene a evidenciar aspectos cruciales de esa crisis estructural: el control de importantes segmentos de la Universidad, como la Facultad de Medicina, por poderes externos a la comunidad; la intervención de instancias también externas (Ceneval) en el proceso de admisión por abdicación de la Universidad a una de sus atribuciones; la inoperancia de la planeación universitaria; la falta de transparencia en los procedimientos de selección de su alumnado, que da lugar al tráfico de influencias y la corrupción.
Tiene razón Rafael Mendoza en su artículo del lunes 17 (“Legitimidad, democracia y legalidad en la UMSNH”): el problema de fondo en la Universidad es la ausencia de legitimidad de sus autoridades -particularmente el rector-, no identificadas con la comunidad a la que supuestamente representan, sino con camarillas, y poderes también ajenos a la comunidad universitaria en distintas formas (nuevamente, la Comisión de Rectoría y otros). Pero habría que agregar: la Universidad no sólo padece la ilegitimidad de sus autoridades, sino una situación general de ilegalidad. A 26 años de emitida -y regresivamente reformada- su Ley Orgánica, las autoridades, rectores y consejeros universitarios han incumplido con el mandato de emitir un nuevo estatuto, acorde con los contenidos de aquella. El Consejo Universitario se ha transformado en un órgano espurio donde funcionarios designados por el rector, los llamados “encargados de dirección” -figura inexistente en la legislación universitaria, pero que con frecuencia permanecen por periodos aún mayores que los determinados por la ley a un director- participan con voz y voto usurpando atribuciones de autoridad.
Por eso, frente a los cuestionamientos que pueden conducir a la transparencia de las relaciones interuniversitarias, tales autoridades reaccionan con la cerrazón, opacidad y aplicación de sanciones contra los sectores movilizados. Ahora se ha llegado a medidas drásticas contra los alumnos, como la expulsión, y aún insólitas como el boletinaje de los mismos y la suspensión de subsidios a las casas del estudiante.
La Ley Orgánica parte de reconocer como parte de la comunidad universitaria no sólo a los tres sectores que la integran -alumnos, trabajadores académicos y empleados administrativos y de intendencia-, sino también a sus expresiones representativas, como los sindicatos respectivos, y en una situación particular pero no ajena a la historia de esta institución, las casas del estudiante, todos ellos con representación ante el Consejo Universitario. Lo grave en este caso es que la ruptura del diálogo y negativa al mismo por el rector y el Consejo Universitario implica el desconocimiento de facto de una parte de la comunidad por autoridades obligadas en todo momento a atender a los distintos sectores, y ha propiciado el encono de otros sectores de la comunidad contra quienes se movilizan y ejercen medidas de presión. No por participar en la toma de instalaciones universitarias dejan los estudiantes de ser parte de la comunidad universitaria ni de merecer la atención de las autoridades, como tampoco ocurre en el caso de huelgas de trabajadores administrativos o académicos.
La crispación extendida lleva a algunos a demandar la intervención de la Comisión de Rectoría -núcleo duro del autoritarismo e intervencionismo en la Universidad- para deponer al actual rector Salvador Jara; a otros, a pedir abiertamente la intervención del gobierno estatal, en lo que sería una nueva y descarnada violación a la autonomía universitaria, para resolver el conflicto. Se ha hecho intervenir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos -cuya competencia es dudosa en este caso y que mostró su ineficiencia para defender a los universitarios agredidos por la policía el 28 de abril pasado- con una recomendación que en apariencia favorece a las autoridades, pero que no deja de señalar la necesidad de abrir el diálogo de inmediato y de transparentar los procesos de admisión en la Universidad. Otros, más ingenuamente, piensan que las movilizaciones contra la toma podrán por sí mismas resolver la compleja trama que se ha tejido en torno a este conflicto. El rector, por su parte, sucesivamente ha intentado trasladar la solución del problema a los directores de las escuelas y facultades, al Consejo Universitario y hasta a la Procuraduría General de Justicia del Estado.
El actual conflicto debe ser la oportunidad para cobrar conciencia de hasta dónde han llevado los cruzamientos de intereses, mal procesados por añadidura, al deterioro de la comunidad como concepto y actor fundamental de la institución universitaria. Pero debería ser también la ocasión para revisar y transparentar uno de los aspectos, el de los procedimientos de admisión del alumnado, que permanecen en la opacidad dentro del quehacer universitario.
Mas no debiera haber dudas en cuanto a que la condición primera para iniciar la reconstrucción de las hoy descompuestas relaciones intercomunitarias es el reconocimiento mutuo de los actores -los distintos sectores integrantes de la comunidad, con sus respectivos derechos, así como las autoridades universitarias-, el rechazo de la comunidad toda a la represión, y el restablecimiento del diálogo sin cortapisas como procedimiento para la resolución de los conflictos.

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