Rubí de María Gómez Campos
Meditaciones posmodernas
Violación y política
Viernes 31 de Octubre de 2008
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La noticia de un caso de abuso sexual en contra de una niña de seis años en una escuela pública de nombre Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en la ciudad de Morelia, es alarmante. También lo es el hecho de que el tratamiento del caso, por parte de la PGJE, sea el mismo que recurrentemente adoptan las autoridades en los casos de violación, o en cualquier tipo de agravio al cuerpo de las mujeres. Pero sobre todo incomoda la indiferencia o el desconocimiento que las autoridades educativas (no sólo las judiciales) han adoptado en torno a este asunto que -como dijera la experta en el combate a la trata de personas y el comercio sexual infantil, Teresa Ulloa- atenta contra la mayor riqueza de Michoacán: nuestras niñas; y que, como sabemos, no es ni de lejos el único caso, aunque sí uno de los poquísimos en los que la familia asume su responsabilidad en el cuidado de la integridad de sus hijas y denuncia.
Desde hace aproximadamente 50 años -momento en que las mujeres iniciaron un proceso de crítica cultural y de lucha social en México y en el mundo, con el fin de transformar las estructuras patriarcales de un mundo desigual, y cerca de 30 de que en Michoacán se iniciara el movimiento crítico de las mujeres- quienes nos dedicamos a trabajar en contra de la violencia y la discriminación de género, desde la honesta trinchera del feminismo, sabemos (y repetimos durante algún tiempo de activismo intenso) que “la violación es un delito político”.
Y es que en el acto monstruoso de la violación se expresa de forma irrecusable e intrínseca un ejercicio de poder. Se trata del poder patriarcal que en el abuso cometido en contra de mujeres, niñas y niños manifiesta el exceso destructivo del control absoluto que la sociedad concede a los varones, y que muchos de ellos ejercen contra cualquier integrante de los grupos mencionados, que a los sujetos que ocupan también un lugar de poder social les gusta llamar vulnerables o minoritarios, aunque sea precisamente la ejecución sistemática del dominio que ejercen lo que convierte a sus víctimas (reales o potenciales) en objetos devaluados, susceptibles de mayor dominación.
La violación es en sí misma un delito político, porque es un medio privilegiado de distribución y de control del poder social; un ejercicio de intervención o de intromisión al cuerpo del otro; un mecanismo de represión de la libertad sexual, y con ello del poder individual (inalienable según el principio universal de los derechos humanos) que todas las personas merecemos sólo por ser personas. No es exagerado decir que la violación es un delito cometido sólo por varones (al menos de acuerdo con nuestro Código Penal), porque para la ley sólo la ejecución del coito permite que se tipifique como tal.
Sin embargo, a diferencia de muchos otros delitos, en el caso de la violación o de abuso sexual contra menores no basta la denuncia para que se produzca el proceso que concluya con un castigo. La violación y en general todo tipo de delitos sexuales, que en la mayoría de los casos son cometidos contra mujeres e infantes, son puestos en duda, o bien se les impone a las afectadas la imagen de víctimas propiciatorias que tienen que cargar con el estigma social de la duda y el descrédito, a partir del acto valiente de su denuncia. Resultaría absurdo que, al presentar una denuncia de robo, se comenzara por cuestionar la existencia de lo robado o la verosimilitud de la palabra del afectado. En cambio, para el caso de los delitos sexuales lo más común es poner en duda la palabra de las mujeres o de los infantes que son víctimas de estos delitos.
Para quien ha sufrido de abuso sexual o una violación, así como para sus familiares, no es accesible la justicia, ya que aún se sigue produciendo en casi todas las instancias sociales un hecho irracional: la inadmisible protección al violador. De esta manera las víctimas de los delitos sexuales son forzadas una y otra vez, por todas las instancias sociales (muchas veces por la propia familia, o como en este caso en la escuela y en perversa continuidad por la sociedad, las autoridades y las instituciones), a admitir y asimilar con supuesta naturalidad la fatalidad de la violencia ejercida contra su propio cuerpo, hasta con culpabilidad; sin que, por supuesto, se llegue a castigar al violador.
La violación es un delito político porque generalmente no existen responsables, aunque se conozca la identidad del victimario. La violación es un delito político porque el agravio no se percibe ni se documenta como una laceración al cuerpo social; más bien se magnifica en la representación de todos aquellos que se alían imperceptiblemente al abusador a través de la condena a la víctima, o en la indiferencia de quienes siendo responsables de la seguridad y de la integridad de las personas abjuran de su responsabilidad, renunciando con ello al ejercicio comprometido de la justicia. La violación es un delito político porque establece las bases del control sobre los cuerpos de las mujeres, y porque es la mejor manera que existe para mantener la libertad a resguardo sólo para algunos varones. Pero sobre todo porque siendo un delito que limita y lacera las potencias humanas, un ultraje a los derechos humanos, se percibe y se enfrenta con la indiferencia soez de quien se sabe (o se cree) ajeno a esta experiencia.
La realidad es que, a pesar de todo esto, todavía hay quien expresa, desde cualquier espacio de responsabilidad (y recordemos que por ley todos o cualquiera somos responsables de la integridad física y mental de los infantes) frases que reflejan la incoherencia de un mundo deshumanizado y que agravian doblemente a las víctimas de violación.
En 1981 (cuando me inicié en el sinuoso compromiso de luchar contra toda forma de discriminación) ante un caso de violación a varias niñas, por parte de un tipo de alta posición social, la agente del Ministerio Público expresó con suprema estulticia cuando conoció al violador: “¡Pero si está muy guapo! ¿Cómo pueden decir que las violó? Veintisiete años después, una niña de seis años violada por su profesor se encuentra afortunadamente protegida por su familia y ha encontrado el respaldo del ombudsman de Michoacán; y si fuera necesario se podría recurrir también a los tribunales internacionales. Pero aún falta que toda la sociedad se disponga a no dejarlos solos ante la mala comprensión y la insostenible indiferencia gubernamental. Sobre todo cuando empiezan a aparecer claros signos de exclusión y de escarnio, que han roto el criterio del anonimato de la víctima que, por ley, los medios de comunicación y las autoridades están obligados a guardar.
Finalmente a quienes deberemos mencionar con nombres y apellidos, cada vez que sea necesario, es al pederasta violador y a las autoridades y docentes que no están cumpliendo con su obligación.
rgcampos_61@yahoo.com.mx

La violación es un delito político porque generalmente no existen responsables, aunque se conozca la identidad del victimario. La violación es un delito político porque el agravio no se percibe ni se documenta como una laceración al cuerpo social

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