Eduardo Nava Hernández
El voto nulo y la abstención fortalecen la partidocracia
Miércoles 27 de Junio de 2012
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En los años 60 y 70 del siglo pasado, las izquierdas en México promovían activamente la abstención como una vía para deslegitimar y carcomer un sistema político ostensiblemente autoritario y con casi nula competitividad; nula, de hecho, en el nivel federal, en la elección de presidente, senadores y diputados. Ese sistema partidario lo constituían oficialmente el PRI como partido de régimen, una oposición de derecha (PAN) que difícilmente alcanzaba niveles de votación superiores al 5 o 6 por ciento y dos agrupamientos que operaban como satélites o convidados del primero, el PPS y el PARM, a quienes con frecuencia había que agregarles votos en las estadísticas para que alcanzaran el uno por ciento necesario para conservar el registro. Dos veces el Partido Comunista y sus aliados lanzaron candidatos presidenciales sin registro e hicieron campañas: en 1964 postulando al dirigente campesino sonorense Ramón Danzós Palomino, y en 1976 con el sindicalista y militante Valentín Campa Salazar; pero muchas otras agrupaciones izquierdistas no veían en el voto más que un ritual que consagraba y legitimaba al régimen priísta, sin posibilidad de oposición o contrapeso alguno. Particularmente, después de la represión de 1968 y la de 1971, cuando el presidencialismo priísta desnudaba su talante autoritario, la abstención era quizás la única opción digna.
La reforma política de 1978 fue un reconocimiento virtual del agotamiento de ese sistema político que dio acceso al sistema y a las prerrogativas legales al propio Partido Comunista y a otras formaciones partidarias, inaugurando una limitada competitividad electoral. Pero fue realmente en las elecciones locales de 1983 en Chihuahua, Durango, Baja California y algunos otros estados que el PAN resurgió como un partido capaz de disputar plazas importantes al hasta entonces llamado partidazo o El Invencible. En 1988 el escenario se completó con la irrupción del Frente Democrático Nacional que, postulando a Cuauhtémoc Cárdenas, sólo fue derrotado mediante un fraude de dimensiones hasta entonces desconocidas. Y en 2000 se configuró por fin la alternancia con el triunfo del PAN y Vicente Fox en la disputa presidencial.
Desde entonces, la competitividad electoral se ha instalado de manera definitiva, al igual que un sistema tripartidista en la escala nacional -PAN, PRI y PRD- y multipartidista en diversas regiones donde otras fuerzas alcanzan también niveles elevados de competitividad en la disputa de ayuntamientos y gobiernos estatales. Lo que dio sustento a esta situación fue en realidad la evolución social, lo que generó la apertura al pluralismo del régimen político.
Pero lo que era un recurso de relativa efectividad hace 40 años para mellar la legitimidad del sistema en su conjunto y la del PRI en lo particular -si bien siempre contrarrestado por la manipulación de las boletas en las urnas y de las estadísticas en los conteos-, no parece serlo en la actualidad. La abstención o la anulación del voto, que cíclicamente resurgen como opciones entre los sectores que por diversas razones no se sienten representados por el sistema electoral, indudablemente han perdido efectividad para la transformación social o la del propio régimen político. Si bien con limitaciones, los procesos electorales han demostrado su utilidad para promover cambios de gobierno en los tres órdenes o para construir sistemas de contrapesos políticos.
Que eso no es suficiente para impulsar por sí mismo los cambios que la sociedad mexicana requiere es cierto. Las elecciones no son un vehículo para resolver todos los problemas ni sustituyen la acción organizada de la propia sociedad para empujar transformaciones; acción que por lo demás no es de por sí contrapuesta a la participación electoral cuando de grandes comunidades sociales se trata. Pensar que las elecciones son inválidas porque no resuelven muchos de los graves y numerosos problemas de la población es una postura hipercrítica, pero no exenta de ingenuidad. Las elecciones son simplemente un mecanismo formal para resolver la representación política y la rotación de agentes en los puestos de gobierno, y para presionar por los compromisos que esos representantes y gobernantes asumen frente a sus comunidades. No más, pero tampoco menos que eso.
A fin de cuentas, alguien va asumir la representación de la sociedad o a gobernar, y quien por sí mismo se margina de ello simplemente deja el campo libre para que sean otros los que resuelvan en dichos temas. La abstención y la anulación no impiden que se ejerza ni la representación ni el gobierno, ni que a los puestos lleguen los comisarios de las burocracias y exponentes de los poderes económicos o de otra índole. Para esto último sería necesario un esfuerzo de democratización efectiva de los partidos y organismos de representación; pero quienes activamente promueven la abstención o la anulación no suelen estar empeñados en una tarea de ese tipo.
Pensar que el alto nivel de anulación en un proceso electoral deslegitima al sistema como conjunto es, nuevamente, una candidez. Sólo la tendencia decreciente del voto a lo largo de un periodo prolongado socavaría esa legitimidad, como se vio en los procesos anteriores a la reforma política; pero en un escenario con competencia efectiva, esa forma de acción se diluye, pues nuevos procesos electivos -sobre todo cuando está en juego la Presidencia de la República, el gobierno estatal o los municipales- vuelven a atraer la atención de los electores en una proporción creciente. En 2009 cundió una fuerte campaña desde algunos grandes medios, pero que se apoyaba en formas de conciencia social más o menos espontáneas, a favor de la anulación. Ésta, se decía, mostraría el hastío de los ciudadanos con los partidos y su antidemocrático o excluyente funcionamiento. La anulación, en efecto, creció hasta alcanzar el cinco por ciento o más; en algunos lugares el diez por ciento, sumándose a la espontánea o inducida abstención virtualmente estructural. Pero eso no demostró haber operado prácticamente ninguna mejoría en las formas con que la partidocracia se hace del poder, se lo distribuye y lo ejerce. Antes al contrario, puede haberlas fortalecido.
¿No nos gusta que proliferen partidos que operan como franquicias, incluso de orden familiar? El registro o refrendo de estos se hace más fácil cuanto más bajo es el nivel de votación, pues más fácil será que con sus adherentes y simpatizantes alcancen el dos por ciento de los sufragios válidos. ¿Nos desagradan los candidatos que las burocracias envían por delante en las listas plurinominales? Más de ellos habrá, pues esas burocracias confían en que con una menor votación efectiva menos votos requieren para cada diputado, senador o regidor enlistado por el partido. El costo electoral de cada diputado plurinominal, por ejemplo, se calcula dividiendo la votación válida de la circunscripción entre 40, que es el número de representantes que se asigna a cada una de ellas. Basta hacer una simple operación aritmética para apreciar que con una más baja votación más barato le resulta a cada partido insertar a sus representantes en la Cámara Baja del Congreso Federal.
El antídoto a la antidemocracia no puede ser sino la participación. Y la abstención o anulación no es sino la abdicación en el ejercicio de un derecho de ciudadanía que nadie otorgó sin lucha y que en muchos casos costó vidas, prisión y sufrimientos. Sin duda, aún falta mucho para contar con un sistema político verdaderamente democrático. Pero para limpiarlo y perfeccionarlo son otras las tareas por hacer, no la mera abstención o la anulación del voto, que es también una anulación parcial de la ciudadanía.

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