Eduardo Nava Hernández
Casas del estudiante y crisis universitaria
Jueves 17 de Mayo de 2012
A- A A+

Los acontecimientos del 27 y 28 de abril en la ciudad de Morelia abrieron una crisis múltiple en la relación Estado-Universidad y Estado-sociedad que, hasta el momento de redactar estos párrafos, mantiene paralizada a la institución por la toma de instalaciones por estudiantes de una parte de la Coordinadora de Universitarios en Lucha y otras casas estudiantiles. Si bien los alumnos que fueron detenidos en el violento operativo policiaco del 28 se encuentran ya en libertad, la reacción es ahora contra el acuerdo o convenio que el gobierno estatal firmó con una parte de las casas anteriormente movilizadas y contra el rector Salvador Jara, hasta donde se alcanza a ver por su abdicación en esa fecha a la defensa de la institución universitaria y de los integrantes de la comunidad universitaria.
En esta crisis es necesario diferenciar dos planos, indudablemente interconectados pero con soluciones totalmente diferentes dado el régimen de autonomía de la UMSNH. El primero es el resurgimiento del debate acerca de las casas o albergues estudiantiles, su subsistencia como parte de la institución universitaria y su reglamentación. El segundo es el de los hechos mismos de los días 27 y 28 de abril y sus consecuencias, que es un tema que rebasa con mucho al ámbito puramente universitario y que afecta a la sociedad michoacana en su conjunto.
Es necesario decir con claridad que el tema de los problemas estructurales -por llamarles así- de las casas estudiantiles debe resolverse en el ámbito de la autonomía universitaria. No se trata de estigmatizar sino de señalar problemas reales que merecen atención, en lo particular por parte de las autoridades universitarias. Cierto estoy de que, contrariamente a la visión que un sector de la opinión pública tiene de ellos, la gran mayoría de los moradores son alumnos regulares que cuidan su situación escolar, y que incluso hay entre ellos muchos destacados que reciben el reconocimiento de sus compañeros y profesores, y de la institución misma. En el Consejo Universitario, por no ir más lejos, son varios los representantes estudiantiles que son también inquilinos y dirigentes de las casas del estudiante.
Pero sería difícil negar que con relación a los albergues haya un conjunto de problemas que vienen de tiempo atrás y a los que las autoridades universitarias durante años, incluso décadas, no han puesto solución. No existe una reglamentación única para las casas del estudiante, y éstas incluso han proliferado de manera más o menos espontánea o inducida, siguiendo de algún modo el crecimiento de la institución universitaria misma. La existencia de opacidad en la administración de algunas de las casas no es una novedad, como tampoco que de tiempo atrás autoridades universitarias y gubernamentales han propiciado la corrupción de algunos líderes o su uso con fines políticos. A eso ha de agregarse el deterioro físico de los albergues, y hacinamiento en los mismos y aun la precariedad en las condiciones de trabajo e higiene para quienes ahí laboran, principalmente cocineras.
Desde la expedición de la Ley Orgánica de 1986, que dio a las casas estudiantiles reconocimiento y representación en el Consejo Universitario, se ha hablado de la necesidad de darles una reglamentación única, que ninguno de los rectores en ese lapso ha promovido. Mientras tanto, los problemas señalados han crecido. Básicamente, existen tres sectores entre las casas o albergues estudiantiles. Por una parte, la Coordinadora de Universitarios en Lucha, constituida en 1982, agrupa a las más grandes y antiguas. A su presencia destacada entre ese año y el de 1986, con propuestas de reforma universitaria y participación activa en la discusión y defensa de la Ley Orgánica expedida por el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas, se debe que se haya dado reconocimiento a las casas dentro de la propia ley y se les otorgara representación en el Consejo Universitario. Pero también es cierto que la CUL ha registrado en etapas más recientes un proceso de degradación política, con posturas cada vez más gremialistas y economicistas y una constante recurrencia a “tomas” que no se explican ni preparan -y muchas veces no se justifican- ante el resto de la comunidad universitaria. La toma no es ya el recurso último de una movilización, sino con frecuencia el primero, y cada vez más para no para impulsar propuestas de largo alcance para la institución sino para negociar demandas de carácter particular y predominantemente económico.
Está, por otra parte, un conjunto de albergues más pequeños y de creación más reciente, que se manejan como independientes y que, sin estar integrados a la CUL, participan o se movilizan o no con ésta dependiendo de circunstancias particulares. Algunos están vinculados a organizaciones sociales o movimientos externos y tampoco cuentan con una reglamentación general sino que priva en ellos la autarquía. Y finalmente están las casas Espartaco, vinculadas incluso orgánicamente a una organización priísta, Antorcha Campesina o Antorcha Popular, y que si bien mantienen aparentemente una mayor disciplina interna, se benefician igualmente del subsidio universitario.
A todo ello tendría que obedecer una reglamentación integral, que elimine los espacios de opacidad y autarquía, mejore las condiciones para los moradores, fije requisitos generales para todos los estudiantes beneficiarios y racionalice la administración de las casas. Esa reglamentación no existe hasta hoy, del mismo modo que no existe un estatuto universitario acorde con el espíritu y la letra de la Ley Orgánica vigente desde 1986. Si ningún rector ha puesto desde entonces sus empeños en actualizar este último, mucho menos ha impulsado la discusión y elaboración de ese reglamente general de las casas. No hay duda que si en éstas existen elementos de desorden y aun de corrupción, las autoridades universitarias son corresponsables y muchas veces propiciadoras de esas situaciones.
Pero nada de ello, que son problemas a dirimir en el ámbito de autonomía de la Universidad y por los órganos de ésta, justifica las acciones represivas del gobierno ni la satanización generalizada contra un sector de la comunidad universitaria. Ahora, el gobierno de Michoacán impuso como condición para el desistimiento de la acción penal en contra de los estudiantes detenidos el 28 de abril, la firma de un documento por el que las casas acepten de manera general y abstracta una reglamentación hasta ahora inexistente, lo que representa una nueva forma de intervención en el gobierno de la institución y una nueva violación a la autonomía. ¿La verá esta vez el rector Salvador Jara?
El segundo aspecto de la crisis son las consecuencias hasta hoy prolongadas de la intervención policiaca del 28 de agosto. Pese a la intención inicial del gobierno y al ambiente de linchamiento social promovido por éste y por buena parte de los medios, los estudiantes aprehendidos se encuentran libres. Contaron en ello la movilización continua de una parte de la comunidad universitaria y de las propias casas, agredidas o no directamente, la actuación eficaz de los abogados defensores, la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, todo lo cual colocó al gobierno de Michoacán en una situación muy comprometida, incluso a escala internacional. Pero la liberación de los indiciados no eliminará, seguramente, que tanto la CNDH como el Alto Comisionado tendrán que hacer sus respectivos informes, señalar responsabilidades y realizar recomendaciones puntuales por las violaciones cometidas el 28 de abril. Aún falta resarcir a los moradores de las casas Nicolaita, 2 de Octubre y Lucio Cabañas por el robo y destrucción de bienes durante la intervención policiaca.
Mientras tanto, la relación entre el gobierno y la Universidad se ha deteriorado, al igual que la autoridad del rector Jara frente a su comunidad. Y el efecto de corto plazo será sin duda un ambiente más adverso y difícil para emprender las reformas necesarias en este ámbito de la Universidad, justo cuando son más urgentes. Como un efecto boomerang, si lo que se pretendía era resolver mediante la represión desórdenes y excesos por parte de los estudiantes movilizados, lo que se ha logrado es exactamente lo contrario. De que tales reformas son necesarias, no hay duda; que se las pueda imponer a patadas y macanazos es otra cosa.

Sobre el autor
PENDIENTE
Comentarios
Columnas recientes

Universitarios, ciudadanos y el fraude que viene

El TLCAN, Trump y el dilema salarial

Cómo malograr impunemente una institución benemérita y centenaria

El pragmatismo en la política mexicana

Transición a la dictadura

La Universidad Michoacana en la encrucijada

La candidata del Congreso Nacional Indígena y el EZLN

El futuro del Frente Ciudadano por México

La Propuesta Aguirre para la Universidad Michoacana

El INE hacia 2018

Efrén Capiz y Eva Castañeda

Gobernar con el cinismo

Maquiavelo en el Estado de México

Rebelión de los trabajadores de Walmart

La Universidad Michoacana bajo fuego

Natalio Vázquez Pallares, México y la segunda posguerra

Fuerzas Armadas: coerción y politización

Seguridad interior y militarización, un horizonte no deseable

Donald Trump, México y la tormenta perfecta

La crisis financiera de la Universidad Michoacana

Huelga de hambre en la Universidad Michoacana

Universidad Michoacana: el regreso de la represión y las expulsiones políticas

La toma en la Universidad Michoacana

La beligerancia de la clase empresarial mexicana

La crisis múltiple del régimen político

De víctimas y déficit de atención

Crisis multifacética y vías de acción popular

Guerra contra el magisterio

Cherán: entre la utopía y la institucionalización

Por qué defender las jubilaciones en la Universidad Michoacana

Universidad Michoacana: quebrantar la huelga

Segundo acto: La represión

Ayotzinapa: ¿qué sigue?

El tercer mundo no es un mundo de tercera

Cinismo destilado

Guerra antipopular prolongada

La segunda fuga de El Chapo: ¿Estado paralelo o narcoestado?

El régimen canallesco y las sublevaciones que vienen

El terror y el gobierno que no nos merecemos

Tiempo de crispación

Iguala, la sociedad política y el freno de la historia

Tlatelolco, Tlatlaya, Iguala…

La consulta del PRI sobre plurinominales, una nueva amenaza a la democracia

La crisis de representación y la autodefensa social

Recuento de daños

Cherán y el futuro de las autodefensas

El despropósito del desarme

“No dialogar bajo presión”

Autodefensas: el principio del fin

Universidad Michoacana: un conflicto nada gratuito

Pluralidad de poderes y legitimidad en Michoacán

Cierre de ciclos inconclusos

La entrega petrolera

2013: Rosa Luxemburgo revisitada

La División del Norte en 2013

Los Sentimientos de la Nación

El monólogo del poder y la resistencia social

Reformismo febril e ingobernabilidad

El cerco a San Lázaro: dique al autoritarismo legislativo

Entrega del petróleo y conciencia nacional

Arlen Siu como motivo: un recuerdo y una reflexión

Reforma petrolera: ¿Unión o desunión social?

Francisco Field Jurado, defensor del petróleo mexicano

El petróleo, la batalla que viene

El Pacto por México, cadáver insepulto

La consagración de la primavera: barbarie y revolución

Evaluación educativa e insurgencia magisterial

El intento de reconstrucción del presidencialismo omnipotente

El Gordillazo: sismo sin réplicas

Universidad Michoacana: la huelga de la opacidad

El zapatismo en los tiempos de la restauración priísta

El 1 de diciembre y las izquierdas

El rumbo incierto de las izquierdas

Ante la insurgencia social, ¿contrainsurgencia oficial?

De casas del estudiante, albazos y miseria presupuestal

Universidad Michoacana: la violencia y el Consejo de la infamia

Universidad Michoacana: reconstruir la comunidad

La ley, la gracia, la verdad

La transición mexicana: entre Montesquieu y Monex

México: la democracia granuja y el síndrome de Watergate

“Pesimismo de la inteligencia, optimismo de la voluntad”

Institucionalidad o ilegalidad

PRI, regreso sin gloria

El voto nulo y la abstención fortalecen la partidocracia

La elección se cierra

#yosoy132: el retorno de los jóvenes

La primavera estudiantil contra la reversión democrática

Casas del estudiante y crisis universitaria

El asalto a la Universidad Michoacana

Un atentado mortal contra el cooperativismo

Saldos y desafíos de la visita papal: México y Cuba

Lo que la partidocracia es

Tiempo de intercampaña y judicialización política

Noventa y cinco años de la Constitución y los trabajadores

Oaxaca: matar para defender al capital

El informe de la CNDH sobre Chilpancingo

2012: 50 causas para la indignación

Chilpancingo, la violencia de Estado

Las izquierdas después de Michoacán

Gobierno de coalición y proyectos de nación

El método del “mejor posicionado”

Degradación de la justicia en la Universidad Michoacana

Genovevo Figueroa: la historia negada

Genovevo Figueroa: la historia negada

Genovevo Figueroa: la historia negada

Genovevo Figueroa: los hechos de 1989

Genovevo Figueroa: los hechos de 1989

PRD Michoacán: fin de ciclo

Un recuerdo para Adolfo Sánchez Vázquez

El bloque de poder, la debacle y la izquierda electoral

Del pacto de Juárez al diálogo público

Cinco años de impunidad, no de olvido

Llegando al límite

PAN y PRI: precarizar el trabajo

Las alianzas estratégicas

Anexión de baja intensidad

La tragedia del PRD y la izquierda mexicana

A diez años de la fuga del Chapo

El eterno problema del transporte

UM: pasmo, farsa y retroceso

La Universidad Michoacana en su laberinto

Elogio de Lula

1810: la insurrección popular

El mensaje presidencial y el de la muerte

Ya no, Cayetano

Desincorporación o interés público

La huelga de hambre

El rector José Narro ante la UM

El Gran Hermano del neoliberalismo

La acometida contra el trabajo

La lucha sigue

Acuerdos bajo la mesa y crisis política

Dos y dos no siempre suman cuatro

Para 2010: Reforma, libertad, justicia y ley

El CUPIA, la toga y la soga

El SME y el movimiento social

Sólo el Estado (de excepción)

El protofascismo en acción

Mercedes Sosa: una voz al servicio de la conciencia

Yo también hablo de Juanito

La nueva Legislatura: hacia la poliarquía no democrática

Sindicaticidio consentido

Iztapalapa, la UM y la crisis de la justicia

La tentación de anular

La desnacionalización de La Palma

La UM frente a la Suprema Corte

Por la libertad de los presos políticos de Atenco

Fujimori: una dictadura ninja que se va al calabozo

Emiliano Zapata, personaje literario

Calderón: la ley, a conveniencia