Eduardo Nava Hernández
Un atentado mortal contra el cooperativismo
Miércoles 25 de Abril de 2012
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La Organización de las Naciones Unidas declaró a este año de 2012 como el Año Internacional de las Cooperativas, y le asignó el lema “Las empresas cooperativas ayudan a construir un mundo mejor”. Es el reconocimiento al hecho de que las empresas de este tipo, con más de un siglo y medio de existencia en su forma contemporánea, han adquirido una creciente presencia en las economías del mundo y se estima que agrupan ya a 800 millones de personas en el planeta bajo diversas modalidades.
La crisis global, el estancamiento económico prolongado, el desempleo galopante, el hambre, entre otros disfrutables productos que el capitalismo internacional ofrece a las masas, han llevado particularmente en las últimas décadas a un relanzamiento de las formas cooperativas de organización y gestión, junto con otras modalidades de la economía social, así sea en primera instancia como formas de sobrevivencia ante la falta de alternativas en el esquema de acumulación de capital privado.
Pero las cooperativas son mucho más que meras estrategias de subsistencia inmediata. Legatarias de una tradición más que centenaria, ostentan un conjunto de principios y una filosofía del bien común que día a día gana adeptos en todos los países. Conforman también, aun con su abigarramiento y diversidad de modalidades, un movimiento internacional cuya más amplia expresión es la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), fundada en 1895 y que actualmente agrupa en 96 países a 267 organizaciones de las más diversas actividades: agrícolas, de crédito y ahorro, industriales, de seguros, pesca, vivienda, salud, servicios públicos, servicios sociales, turismo y consumo. Aun con una gran heterogeneidad político-ideológica, el cooperativismo tiene como sello común el convocar no al capital privado o a las políticas estatales sino a la acción colectiva y social, para dar respuestas concretas a problemas particulares relativos a la vida de los individuos y de las comunidades.
En ese contexto es que la Cámara de Senadores aprobó, el pasado 22 de marzo, la nueva Ley General de Sociedades Cooperativas, que sustituiría a la actual, promulgada en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y que cuando el presente artículo aparezca quizás haya sido discutida y acaso aprobada por la Cámara de Diputados.
Impulsada por el presidente de la Comisión de Economía del Senado y también ex presidente nacional de la Coparmex, el panista Jorge Ocejo Moreno, la nueva LGSC puede representar una auténtica reversión a los ideales y a la trayectoria del cooperativismo en México. En vez de procurar una normatividad sencilla y accesible a los verdaderos actores y sujetos de la misma, los cooperativistas, se ha elaborado un proyecto que tiende a la sobrerregulación del sector cooperativo, al cual impone una normatividad interna que pasa por sobre la necesaria autonomía de las organizaciones sociales. También le sobrepone un hasta ahora inexistente Consejo Nacional Cooperativo, de filiación obligatoria para todas las cooperativas del país y como un “órgano de consulta y colaboración del Estado para el diseño, divulgación y ejecución” de las políticas públicas dirigidas al sector; y en cambio anula al actual Consejo Superior del Cooperativismo, órgano supremo creado por la convergencia del propio movimiento cooperativista nacional. Al revivir el corporativismo de la afiliación obligatoria -tan cuestionado y ya declarado inconstitucional, en el caso de las cámaras nacionales de industria o de comercio-, la iniciativa coloca al sector cooperativo bajo una férrea supervisión de la Secretaría de Economía y no, como lo solicitó el movimiento cooperativista, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social.
La iniciativa de ley del Senado, por cierto, no dispone ninguna responsabilidad del Estado en el desarrollo y fomento del sector cooperativo ni, a diferencia de lo que ocurre en diversos países de nuestra América, crea ningún órgano o instituto para ese fin. Sí, en cambio, establece a las cooperativas una serie de normas relativas a su contabilidad, difíciles de cumplir por las empresas de menor tamaño o de carácter incipiente, normas que no tienen otro fin que el sujetarlas a un régimen fiscal equiparable al de las empresas privadas.
La iniciativa del senador Ocejo y los legisladores que lo acompañan introduce una serie de confusiones que diluyen la especificidad del sector cooperativo. El artículo 32 prevé la integración de sociedades de segundo grado que eventualmente incorporarían no sólo a cooperativas propiamente dichas sino a “otros organismos del sector social de la economía, siempre que sus leyes respectivas les permitan realizar actividades económicas”. Así, lo que la iniciativa llama sociedades cooperativas integradoras podrían asociar a cooperativas propiamente dichas con ejidos o comunidades, que en principio están sujetos a la Ley de Reforma Agraria y que ahora serían considerados como parte del sector cooperativo. En cambio, se ha erradicado de la iniciativa la perspectiva del desarrollo social comunitario y de la economía solidaria. Se reglamentan sólo las actividades correspondientes al objeto social establecido en las bases constitutivas de cada empresa cooperativa, sin dar cabida a otras actividades complementarias tendientes a elevar el nivel de vida de los socios, sus familias y el entorno comunitario en el que se ubique la sociedad cooperativa.
Pero, más grave aún, se criminaliza la actividad de los cooperativistas. Más allá de su objetivo específico -que debiera ser el alentar la formación y desarrollo de este tipo de asociaciones-, la iniciativa de LGSC se transforma en un código penal que fija sanciones de prisión y pecuniarias a los dirigentes o responsables de las cooperativas, aun por el incumplimiento de obligaciones meramente administrativas. Así, se pretende, por ejemplo, una pena corporal de dos a cuatro años a los administradores que contraten trabajadores asalariados no asociados en número mayor al 30 por ciento del total de socios (Art. 173, fracc. I). O con prisión de tres a cinco años si los dirigentes, consejeros, gerentes o directivos de la cooperativa que incumplan con la afiliación obligatoria de los socios y trabajadores asalariados a los sistemas de seguridad social o al Instituto Nacional de Vivienda de los Trabajadores (fracc. II). No alcanzarían libertad bajo fianza los dirigentes que no formalicen por escrito y bajo las condiciones establecidas los contratos celebrados entre la cooperativa y personas físicas o morales contratantes de la prestación de servicios por parte de ésta.
Esta criminalización de actos administrativos, que traslada responsabilidades al ámbito penal, tiende evidentemente a desalentar la actividad cooperativa o a someterla a tales restricciones que impidan su desarrollo.
Contra esta iniciativa se han manifestado la Alianza Cooperativa Nacional, Alcona, la Coordinación de Federaciones y Uniones de Cooperativas de México y la Red Nacional de Investigadores y Educadores en Cooperativismo y Economía Social (Redcoop), por tratarse de una propuesta que llevaría a las cooperativas a perder su sentido social en aras de un mercantilismo puro y liquidaría al siempre debilitado movimiento cooperativista en el país. De llegar a concretarse esta legislación, ha opinado la Redcoop en una reciente declaración política, “la figura de la sociedad cooperativa sufrirá un desgaste y perderá atractivo como opción organizativa viable para la generación de autoempleo y la reconstrucción del tejido social. El aumento de la informalidad, la migración y la violencia social serán otras tantas consecuencias de la entrada en vigor de un ordenamiento legal que no solamente no facilita el acceso al sistema cooperativo sino que complica y dificulta enormemente su permanencia en el mismo”.
La solución inmediata estriba en que la Cámara de Diputados revise a conciencia el dictamen de nueva LGSC enviado por el Senado y lo regrese bajo la observación de que sean tomadas en cuenta las múltiples observaciones hechas a la iniciativa por el movimiento cooperativista, y que hasta ahora la Comisión de Fomento Económico de la Cámara Alta, con olímpica arrogancia, ha ignorado.

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