Eduardo Nava Hernández
Tiempo de intercampaña y judicialización política
Miércoles 22 de Febrero de 2012
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Tal parece que el proceso electoral que formalmente no termina de comenzar aunque se encuentre ya plenamente instalado en el debate político, los medios de información y la vida cotidiana de los mexicanos, ha entrado en una etapa de alto riesgo. El 15 de febrero terminó el periodo de las campañas internas de los partidos nacionales en el proceso federal, y las campañas abiertas, conforme a la reforma al artículo 41 constitucional de 2007, no comenzarán sino a finales de marzo, en vísperas de las vacaciones de la Semana Santa. El sentido de dicha reforma, acortar los tiempos de campaña y por tanto los costos económicos de las mismas, así como fijar un periodo igual de proselitismo a todos los candidatos, implica en este caso que los abanderados se abstengan de realizar actos públicos de promoción del voto. El propio IFE, así como los medios de comunicación, ha adoptado el término de “periodo de intercampaña”, que no aparece en la Ley Electoral, para designar este receso de alrededor de mes y medio en que, ya definidas las candidaturas, sus titulares tienen que guardar un bajo perfil y una actitud de recogimiento.
Pero de ninguna manera eso significa que la actividad política se vea paralizada. Ni los candidatos desaparecen de la escena (sólo tienen una presencia más discreta, para no ser llevados ante el Tribunal Electoral por “actos anticipados de campaña”) ni menos aún los partidos se inmovilizan. La política -en su sentido más estricto de lucha por el poder- simplemente se traslada a otro nivel y se despliega con otros métodos.
Todo indica que el interregno electoral transcurrirá durante las próximas semanas preferentemente como un intenso proceso de judicialización política en el que los actores partidarios, en este caso principalmente el PAN y el PRI, intercambiarán acusaciones no sólo en los medios sino en los tribunales. Y preservando de la excesiva exposición a sus candidatos presidenciales, serán las figuras secundarias las que aparezcan litigando sus diferencias y acusaciones ante la opinión pública y en los juzgados.
Un recuento a vuelo de pájaro. Primero, el litigio electoral por el gobierno de Michoacán se extiende en las instancias judiciales y en el debate político por largos tres meses en los que se mantiene viva la hipótesis de una anulación semejante a la que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hizo con la elección municipal de Morelia. Mientras tanto, el PAN y el PRD no dejan de sostener a través de sus voceros más identificados y aun con elementos judicialmente muy endebles, que la acción del crimen organizado en la entidad fue decisiva en la elección y favoreció al candidato del PRI, Fausto Vallejo Figueroa. En la controversia toma parte, como vocero del PAN, el mismo Felipe Calderón en un memorable discurso que fue un virtual reconocimiento del fracaso de su estrategia de combate a la propia delincuencia organizada, precisamente en la entidad en la que oficialmente dio inicio en diciembre de 2006. Cinco años después de declarada con la Operación Conjunta Michoacán y una espectacular puesta en escena en Apatzingán, la guerra al narcotráfico, decía entre líneas Calderón, las bandas gozan de cabal salud hasta el punto de poder definir el resultado de una elección en la que participaba la propia hermana del orador.
Finalmente, el 13 de febrero pasado el TEPJF resuelve por unanimidad validar la elección y por tanto el triunfo de Fausto Vallejo. Pero las suspicacias no terminan ahí. Apenas hecha la declaratoria oficial, el presidente nacional del PAN, Gustavo E. Madero, sale a los medios a reiterar la hipótesis de que el crimen organizado ha sido decisivo en la elección favoreciendo al candidato tricolor. El presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, le hace la segunda voz, hasta que, con tono de hastío el recién ungido gobernador anuncia que procederá legalmente contra ambos personajes, Cástor y Pólux de la política nacional, por “ofender a los michoacanos” con sus afirmaciones.
Pero, un momento. Con anterioridad, el 27 de enero, la PGR ha detenido en el aeropuerto de Toluca a dos funcionarios del gobierno de Veracruz que aterrizaron en un avión oficial de ese estado llevando en dos chonchas maletas la nada despreciable cantidad de 25 millones de pesos en efectivo. El secretario de Finanzas del gobierno de Veracruz no logra armar una mejor explicación de cómo es que los funcionarios llevaban esa cantidad, que declarar que iba destinada a pagar diversos eventos y festejos a realizarse en la entidad costera del Golfo, probablemente desde la tamaliza de la Candelaria hasta el carnaval porteño. La suspicacia y el sospechosismo coinciden en opinar que el dinero era parte de las aportaciones de los gobernadores priístas a la campaña de Enrique Peña Nieto. Desde luego, el episodio da lugar a una investigación penal que la PGR está obligada a continuar.
El 30 de enero se hace público que la PGR, ese instrumento privilegiado, aunque no eficaz de la política calderonista, tiene abiertas investigaciones contra tres ex gobernadores de extracción priísta de Tamaulipas. Se dicta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (¿?) una orden para que impida que Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández Flores abandonen el país, al igual que diversos miembros de sus familias y ex colaboradores, bajo sospecha de estar vinculados al narcotráfico y la delincuencia organizada.
El PRI contraataca. El presidente del Congreso de Baja California, David Lozano Pérez, diputado de ese partido, acude junto con otros correligionarios a la PGR para hacer acusaciones formales contra dos ex gobernadores panistas en ese estado, Ernesto Ruffo Appel y Eugenio Elorduy Walther, a quienes señala de haber brindado protección al cártel de Tijuana.
Mientras tanto, la Auditoría Superior de la Federación pone en manos del PRI artillería pesada y bastante parque. La publicación del examen de la Cuenta Pública 2010 pone en evidencia el derroche en el gasto público federal en puntos como los festejos del Bicentenario y la construcción de la Estela de Luz, así como en diversas dependencias, dispendio y malversación en los que están involucrados personajes tan cercanos a Calderón como Juan Molinar Horcasitas (ex titular del IMSS) y el secretario de Educación, Ernesto Lujambio. Mucha tela de dónde cortar tendrá la Cámara de Diputados, de mayoría priísta, para llamar a cuentas a funcionarios y ex funcionarios, y acaso abrir juicios políticos contra algunos colaboradores del primer círculo calderonista.
El más reciente episodio de esta pugna, que difícilmente el último, es la filtración de una grabación realizada, según presunciones, en mayo de 2011 en una reunión del equipo de precampaña de Luisa María Calderón para el gobierno de Michoacán, donde ésta discute las tácticas a seguir para vencer a su adversario interno Marko Cortés y plantea repartir “billetazos” y los recursos de los programas sociales federales para asegurar el triunfo. El PRI, a través de su presidente Pedro Joaquín Coldwell, anuncia que presentará una denuncia penal al respecto que pondrá a prueba a la recién nombrada fiscal para Delitos Electorales de la PGR, Imelda Calvillo Tello. Entran a escena Gustavo Madero y la propia Luisa María Cocoa Calderón a declarar que se trata de una “cortina de humo” ante el descenso sostenido del candidato priísta Enrique Peña Nieto en las encuestas, y a anunciar por su parte que denunciarán a quien resulte responsable por espionaje, reconociendo así que la grabación es auténtica.
La lucha seguirá. Pero desde ya puede apreciarse que este periodo de intercampañas servirá antes que nada a los partidos políticos para posicionarse en la opinión pública a partir de descalificaciones y denuncias mutuas, algunas de las cuales llegarán a la FEPADE, o quizás -si bien más difícilmente- a los tribunales. Acaso alejado de lo que previeron los legisladores al regular los tiempos electorales, no se anuncia como una etapa de relativa tranquilidad y de mera preparación para las campañas sino en la que se está mostrando hasta qué punto los dos partidos hasta hoy dominantes, el PRI y el PAN (al igual que el PRD en sus procesos internos), comparten los mismos estilos y mañas para la política, basados en el tráfico de influencias y en los recursos económicos para el mercadeo soez de sufragios, y se encuentran bajo la sospecha de estar penetrados por los intereses de las agrupaciones delictivas en diferentes regiones del país. La judicialización de los procesos políticos no es, en sentido estricto, una novedad en el país; pero quizás estemos por verla en una escala antes insospechada como recurso de lucha por el poder.

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