Eduardo Nava Hernández
Degradación de la justicia en la Universidad Michoacana
Miércoles 14 de Septiembre de 2011
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En un país donde la crisis moral profunda y el desprestigio social atraviesan a los partidos, organizaciones representativas e instituciones de los tres poderes y los tres órdenes de gobierno, y éstas se hallan mayormente sumergidas en la inoperancia y la corrupción, las universidades públicas han logrado mantener un lugar relativamente excepcional que las ubica entre las pocas instancias aún confiables para buena parte de la población. Particularmente las universidades públicas, junto con la Iglesia y el Ejército, disfrutan aún de una aceptación y confiabilidad envidiables para muchas otras instituciones, según lo muestran diversas encuestas y sondeos. No aparecen aún las instituciones de educación superior como presas de la corrupción y la ilegalidad, ni como amenazas virtuales contra los derechos de la población, como tantos otros órganos del Estado y aun organizaciones; en cambio, se valoran muy positivamente sus aportaciones a la formación de los jóvenes, a la generación de conocimiento y a la cultura.
Son aspectos que las universidades mismas y la sociedad en general debieran cuidar y reproducir por tratarse de instituciones que en alguna medida sirven de modelo a la convivencia y a la preservación de valores. Y entre ellos están también la identificación entre los universitarios y su institución y la generación de una cultura de participación y democracia en el marco de su comunidad.
Lo refiero porque no es así en todos los casos, ni parece haberse entendido por todas las instancias institucionales la responsabilidad que su actuación conlleva en términos de proyección hacia la sociedad en su conjunto pero, con mayor incidencia aún, al interior de la propia comunidad universitaria. Un caso reciente en la Universidad Michoacana pone de manifiesto cómo la justicia, como valor y aspiración, está lejos de ser una realidad en sus prácticas cotidianas.
En febrero pasado, diversas organizaciones estudiantiles de la Facultad de Economía, que lograron atraer respaldo de un grupo muy amplio, incluso mayoritario, de los profesores, efectuó una toma de sus instalaciones demandando la salida del entonces encargado de la dirección -figura inexistente en la legislación, pero mediante la cual se sustituye a un verdadero director temporalmente o por un largo periodo-, Heliodoro Gil Corona, por diversos abusos en el cargo. Ya desde meses atrás se había denunciado cómo dicho funcionario promovió en el Consejo Técnico de la dependencia la aplicación de un examen, más allá del reglamento correspondiente, a una alumna que también oficiaba como consejera y que con su propio voto, el de los otros alumnos y el voto de calidad del propio encargado, fue aprobado por mayoría, acuerdo que generó tal inconformidad que dos semanas después tuvo que ser vetado por su mismo promotor. Se denunció también cómo, con fines electorales, la dirección sufragó un viaje de alumnos a la Ciudad de México, virtual paseo que no entraba en el plan de trabajo de ningún docente y al cual no asistió por tanto ningún profesor. Los dos alumnos organizadores del supuesto “viaje de estudio” aparecieron unos días después como candidatos, uno a consejero universitario y otro a consejero técnico, con todo el respaldo del encargado de la dirección.
La elección fue impugnada por el candidato perdedor al Consejo Técnico, David Alejandre, quien puso en evidencia los apoyos que el ocupante de la dirección había dado a los candidatos de su predilección; pero su impugnación nunca llegó a las instancias que tendrían que conocerla, pues el funcionario la desechó bajo el supuesto falso de haber sido presentada fuera de tiempo e impidió que fuera conocida por el Consejo Técnico.
Pero el caso que detonó el conflicto fue el de la elección de tres consejeros técnicos alumnos, programada para el 9 de diciembre de 2010. En esa fecha, encontrándose ya abierto el proceso, la violencia se adueñó de la ciudad de Morelia y frente a las propias instalaciones universitarias, alrededor de las 10:00 horas, bandas delincuenciales prendieron fuego a dos vehículos, al igual que lo estaban haciendo en otros puntos de la ciudad y accesos carreteros. La entonces rectora, Silvia Figueroa, ordenó alrededor del medio día evacuar las instalaciones y cerrar los accesos a la Ciudad Universitaria. No obstante, Gil Corona decidió proseguir con el proceso electoral y mantuvo abiertas las urnas a las que ya no acudía ningún nuevo votante, hasta las 4:00 de la tarde. A esa hora, aun con la inconformidad de algunos representantes de los candidatos, dio por concluida la votación y procedió a hacer el escrutinio, pese a que ni la mitad del padrón -particularmente los alumnos del turno vespertino- pudieron ejercer su derecho a sufragar. Pocos días después, el último día laboral antes de las vacaciones de diciembre, los consejeros universitarios y un consejo técnico instalado sin quórum calificaron el proceso y dieron posesión a los tres consejeros estudiantes.
El caso se le planteó al rector Salvador Jara el 10 de enero de este año; casi un mes y medio después, sin embargo, ninguna respuesta concreta había de las autoridades universitarias, mientras el descontento crecía en la Facultad de Economía. Finalmente se llegó a la toma del 16 de febrero para presionar por una solución de las autoridades superiores, que se mantuvo por dos semanas sin que el encargado de dirección mostrara disposición alguna de retirarse del cargo o de resolver el conflicto. Éste terminó cuando los estudiantes y profesores decidieron turnar el caso de abuso de poder y violaciones a los derechos de los universitarios ante una instancia superior: la comisión del Tribunal Universitario del Consejo Universitario.
Un cúmulo de pruebas integraron el expediente: actas de Consejo Técnico, copias de las denuncias y recursos interpuestos en su momento e ignorados por Gil Corona, testimoniales de los estudiantes afectados por los abusos de poder y de los consejeros técnicos profesores. Por primera vez desde su instauración en 1986, el Tribunal tenía frente a sí no a estudiantes que hubieran participado en movilizaciones o violaciones a la legislación universitaria, sino a un funcionario con autoridad, responsable de diversos abusos en el cargo.
La respuesta de ese órgano jurisdiccional llegó, finalmente, el pasado 26 de agosto, cubriendo de oprobio a sus integrantes, encabezados por el director de la Facultad de Derecho, Hill Arturo del Río, y al propio Consejo Universitario que aceptó sin objeciones el dictamen que le fue turnado. El dictamen exonera, desde luego, al entonces encargado de la dirección y a todas las autoridades de cualquier responsabilidad y ordena simplemente el archivo del expediente de acusaciones. Pero lo hace eludiendo hechos demostrados documentalmente, falseando otros y, sobre todo, violentando los derechos generales de los estudiantes y la legislación universitaria.
El Tribunal ignoró simplemente el hecho de que la votación de cinco a cuatro con que se autorizó el 10 de marzo de 2010 el examen extra reglamentario a la alumna Fanny Arreola, con la oposición de los consejeros profesores, no era posible sino con el voto de calidad que el propio encargado de la dirección, aunque él mismo, en sesión posterior, haya vetado dicho acuerdo. Aduce también que la visita de los estudiantes a la Ciudad de México, para acudir a un museo diseñado para niños de primaria y secundaria, no estuvo relacionada con la elección de consejero técnico y universitario, simplemente porque en ese momento -pocos días después sí- no se había emitido la convocatoria para tal elección. Lo hizo, además, desechando las pruebas testimoniales y documentales que acreditaban que el paseo no estaba académicamente justificado, pues era una actividad no vinculada en modo alguno a los planes y programas de estudios.
En el caso de la impugnación del alumno David Alejandre al proceso de elección de consejero técnico del sexto semestre, el Tribunal va más lejos aún. Acepta, contra toda evidencia, que el recurso fue presentado “fuera de tiempo” (las 20:00 horas, horario, según la versión del encargado de la dirección, y considera “prueba plena” el decir del candidato impugnado (quien nunca pudo rendir protesta) acerca de un supuesto acuerdo, del que no existe prueba documental alguna ni fue reconocido por el impugnador, para “repetir la elección”. Peor aún, el Tribunal de marras, no existió ocultamiento del recurso a las instancias que debían conocer de ella y llega a afirmar que aquél “fue analizado y discutido ante los responsables del proceso en las reuniones del Consejo Técnico”, cuando de la lectura de las actas de éste se deprende con toda claridad que lo que se discutía era la exigencia de los consejeros profesores de que el recurso les fuera dado a conocer, no el documento mismo.
El caso de la elección de consejeros alumnos en diciembre es aún más agraviante. El Tribunal reconoce en su dictamen que los hechos violentos que llevaron a la suspensión de la elección “no eran previsibles por las autoridades universitarias, mucho menos por los responsables del proceso”; pero omite el hecho, determinante, de que entre las 12:00 y las 13:00 horas de ese día, las autoridades de la Universidad ordenaron evacuar las instalaciones universitarias, y avala, con el supuesto fundamento de que “los riesgos mayores eran fuera de Ciudad Universitaria”, la conjetura de que “había condiciones para sostener lo más posible el proceso”. Finalmente concluye -coincidiendo con el criterio establecido por los responsables del proceso, entre ellos el encargado de la dirección- que, ante tales hechos “las circunstancias en que se vio inscrito el proceso de elección de consejeros técnicos alumnos… fueron iguales para los tres candidatos…y que “de ninguna manera hubo inequidad y parcialidad en el proceso”.
El Tribunal Universitario, con tal dictamen, avaló y tomó partido por la grave violación a los derechos de los universitarios, derivada no de una “inequidad” -que los impugnadores no alegaron en su recurso- sino de que, al no haberse repuesto el proceso inesperadamente suspendido, se privó de la oportunidad de votar a una mayoría de los estudiantes electores. En vez de asumir el garantismo y la defensa del interés superior de los derechos colectivos de los universitarios, ese órgano se sumergió en los meandros procesales para desechar, sin entrar al fondo de la denuncia, los recursos presentados.
El mensaje que el Tribunal y el Consejo Universitario han enviado no sólo a los estudiantes y profesores de Economía que vanamente confiaron en ellos, sino a la comunidad entera es claro: la inoperancia de las instancias institucionales para defender los derechos individuales y colectivos de los universitarios nos retrotrae a los procedimientos tradicionales de presión como única vía para abrir las negociaciones con las instancias de resolución. Las repudiadas aunque recurridas tomas de las instalaciones universitarias, seguirán siendo, por mucho tiempo, la única vía para que los universitarios logren hacerse oír por sus autoridades.

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