Eduardo Nava Hernández
Genovevo Figueroa: la historia negada
Domingo 28 de Agosto de 2011
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Aun en los ayuntamientos donde se había dado una solución política, sólo en cinco de los nueve casos los perredistas habían aceptado entregar los edificios municipales y el 23 de febrero los perredistas aceptaron integrarse al Ayuntamiento de composición en Chilchota. En Arteaga liberaron la alcaldía el 26 de febrero.
El 1 de marzo, el Congreso emitió nuevas resoluciones, no sin que antes un grupo de priístas de Turicato, inconformes con la solución que se proponía para su municipio, secuestraran al presidente de la Legislatura, el panista Javier Blanco Sánchez, quien sólo fue liberado luego de que el líder de la bancada del PRI, Víctor Manuel Tinoco Rubí, los convenciera. Se removió a los presidentes de Turicato y Jungapeo y a diversos funcionarios de Queréndaro, Taretan y San Lucas, y se designó síndicos perredistas en todos esos municipios. En Jacona y Apatzingán se recomendó a los perredistas desocupar los edificios municipales. Con estas resoluciones, sólo se dejó pendiente de dictaminar el municipio de Ocampo, entre todos los que tenían conflictos.
Sin embargo, “dictaminar” no significaba realmente solucionar los conflictos. Dieciocho de los 31 dictámenes se limitaban a ser exhortaciones a desocupar los edificios municipales y sólo trece integraban ayuntamientos de composición. Quedaba uno pendiente y uno más (Aquila) se había resuelto sin la intervención del Congreso. Pero sólo en doce de los 33 casos iniciales se habían logrado solucionar las tomas de alcaldías. De los casos en que hubo “recomendaciones”, sólo en uno, Salvador Escalante, los perredistas desalojaron el edificio municipal, y aun en donde se integraron ayuntamientos de composición, hubo casos -Benito Juárez, Jungapeo, San Lucas y Taretan- en que persistieron las tomas. Al concluir el periodo de sesiones del Congreso estatal, 21 alcaldías estaban todavía en manos de grupos perredistas inconformes.
La violencia volvió a presentarse en Zitácuaro al finalizar el mes. El día 28 hubo un enfrentamiento entre la Policía Municipal y perredistas que buscaban desalojar al presidente de sus oficinas. Ahí murió el comandante Miguel Álvarez Gómez y resultaron heridos otro agente y un perredista. Los del PRD lograron hacerse del edificio municipal, pero fueron desalojados al día siguiente por la Policía Judicial del Estado, que detuvo a catorce de ellos y recuperó el arsenal de la Policía Municipal que había caído en sus manos. En Benito Juárez fue muerto el 31 de marzo el perredista Agustín Guevara Camacho, quien se desempeñaba como comandante de la Policía del Ayuntamiento paralelo perredista. Según la versión del PRD, fue sacado de su casa por dos pistoleros y asesinado en la calle.
La nueva escalada anunciaba algo aún peor: agotadas las instancias del Congreso y de la negociación con el gobierno estatal, éste preparó el desalojo de los ocupantes de las alcaldías. Sólo en Tlalpujahua hubo en el último momento una negociación que permitió a los perredistas ocupar diversos cargos en el Ayuntamiento y liberar el edificio que mantenían en su poder. Para el resto de las tomas, “el secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios, afirmó [en la Ciudad de México] que las posibilidades de negociación […] estaban canceladas. En Morelia, el gobernador Genovevo Figueroa reunió a representantes de la iniciativa privada local a fin de que exigieran, como en otras ocasiones “respeto a la ley”.
El 3 de abril el secretario general de Gobierno, Jorge Mendoza Álvarez, fue sustituido por el experimentado Ausencio Chávez Hernández. Y esa misma noche, los tres poderes del Estado hicieron un llamamiento al PRD a “deponer su actitud, entregar las alcaldías que sus simpatizantes mantienen en su poder y sujetarse al estado de derecho que horma la vida de todos los mexicanos”.
El 4 de abril, por todas las carreteras de acceso a Michoacán, provenientes de Jalisco, Guerrero, el Estado de México y el Distrito Federal, llegaron tropas de asalto y tanquetas y 300 agentes de la Policía Judicial Federal a reforzar a los destacamentos de la XXI Zona Militar y a la Policía Judicial del Estado. Sólo en Apatzingán, se concentraron 600 soldados además de los mil que tienen ahí su adscripción regular, y 60 policías judiciales, rodeando el Palacio Municipal donde se encontraban unos 300 perredistas. La dirección estatal del PRD y el diputado federal por ese distrito, sin embargo, desconocieron a los ocupantes del edificio municipal. El presidente de la Gran Comisión del Congreso estatal, Víctor Manuel Tinoco Rubí, declaró que se habían agotado las instancias de diálogo con los perredistas en poder de las presidencias de Jacona, Apatzingán y Ocampo. El PRD desocupó el edificio de Tlalpujahua y un día después las de Huandacareo, Epitacio Huerta y Áporo (La Jornada, 5 y 6 abr. 90).
“Hacia las 12:30 horas iniciaron los operativos de desalojo en Apatzingán y en los municipios de Cotija, Chavinda, Hidalgo, Jacona y San Lucas. Dos horas más tarde empezaron en Irimbo y Coalcomán. Entrada la noche, en diferentes horas, se realizaron en Jungapeo, Ocampo, Pajacuarán, Nocupétaro, Venustiano Carranza y Villamar. En cinco municipios más -Epitacio Huerta, Áporo, Briseñas, Huandacareo y Taretan-, los perredistas abandonaron las alcaldías sin poner resistencia a militares y judiciales. En Benito Juárez, el operativo no pudo llevarse a cabo; soldados y agentes policiacos rodearon el Palacio Municipal pero los cerca de 600 perredistas que cuidaban el inmueble los hicieron desistir”.
Para excitar la intervención de las Fuerzas Armadas (la figura jurídica que se eligió para legitimar la represión, aunque en la decisión haya sido decisivo el gobierno federal), el gobernador Genovevo Figueroa no consultó al Congreso estatal, como lo dispone la Constitución de Michoacán (La Jornada, 9 abr. 90).
Los resultados de esta segunda contienda PRD-PRI fueron decisivos para el periodo subsiguiente. En las elecciones federales de 1991 el partido del gobierno obtuvo, casi sin impugnaciones, una votación ampliamente mayoritaria en el país y en Michoacán, y Carlos Salinas pudo, con el pleno control de las cámaras del Congreso Federal -que se había visto amenazado en el proceso de 1988- modificar aspectos decisivos de la Constitución como los artículos 3º, 27 y 130. Desde aquel periodo se creó para el perredismo la imagen de un partido conflictivo y violento que periódicamente se ha reeditado en los grandes medios a conveniencia de los gobiernos en turno.
En las elecciones para gobernador de 1982, aun con cifras electorales no tan claras, el PRD, por voz de Cuauhtémoc Cárdenas, proclamó el triunfo de su candidato Cristóbal Arias y denunció nuevamente un fraude operado por el gobierno de Genovevo Figueroa Zamudio. Un nuevo conflicto poselectoral tensó el ambiente político y llevó a que el débil sucesor de éste, Eduardo Villaseñor Peña, renunciara a los 20 días de haber llegado al cargo, sólo para que el Congreso estatal designara como interino al delfín de Figueroa, Ausencio Chávez, con lo que el partido del sol depuso sus movilizaciones. En ese nuevo gobierno priísta, se pactó una fiscalía especial para investigar los asesinatos de perredistas en Michoacán especialmente en el periodo 1989-1992, que fue encabezada por el abogado Luis Eudoro González Vázquez. En cuántos de los 60 o 70 casos denunciados se hizo justicia, es una incógnita hasta el presente.
Discutir hoy la candidatura de Figueroa Zamudio a la alcaldía moreliana no es traer a colación un político cuyo papel en la historia de Michoacán ya está escrito, sino ventilar la realidad actual de un partido que en su momento aspiró a representar, y en alguna medida lo logró, legítimas aspiraciones populares e impulsar una verdadera transición democrática. El vacío que su capitulación frente a los intereses económicos y políticos más poderosos ha dejado no será fácil de llenar en el corto plazo. Morelia, su cuna en los 80, debiera por ese sólo hecho tener un especial simbolismo que hoy se ha dejado absolutamente de lado. Se trata de un municipio que el PRD no ha logrado volver a ganar desde aquel significativo año de 1989 y en donde este partido parece no encontrar otro camino que la entrega al capital financiero local y nacional, el verdadero poder tras de Figueroa Zamudio. Están aún por verse los resultados de esta aventura emprendida de espaldas a una historia que las nuevas generaciones perredistas acaso no conocen, o no conocen cabalmente, y que muchos, también, han preferido olvidar.

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