Eduardo Nava Hernández
Genovevo Figueroa: la historia negada
Jueves 25 de Agosto de 2011
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Los acuerdos cupulares entre el PRI, el gobierno local y el PRD saltaron hechos añicos frente a las evidencias del fraude, las provocaciones de los caciques locales priístas y el rebasamiento de la dirigencia perredista por sus bases. Después de incontables forcejeos en las sesiones de cómputo de los comités municipales, para el 11 de diciembre, la CEE atribuía 50 triunfos municipales al PRI, 42 al PRD, dos al PAN y uno al PARM. Entre los triunfos perredistas se contaban los de siete de las trece cabeceras distritales: Lázaro Cárdenas, Jiquilpan, Zacapu, Los Reyes, Maravatío, Puruándiro y Pátzcuaro. Dos días después, a éstas se sumaría el reconocimiento de Morelia; pero se le arrebataron municipios donde se había probado su ventaja en las actas, como Jungapeo, Benito Juárez y Tuzantla. Surgió nuevamente la violencia durante las sesiones de cómputo de los comités electorales de Irimbo, Venustiano Carranza, San Lucas, Apatzingán, Chilchota, Arteaga, Taretan y Pajacuarán. En Zitácuaro los del PRD secuestraron a un funcionario del Registro Nacional de Electores, en represalia “por haber sacado del padrón a tanta gente”. La alcaldía de José Sixto Verduzco fue ocupada por priístas para evitar que la tomaran los cardenistas. En Arteaga, los perredistas, conscientes de haber triunfado pero sintiéndose abandonados por sus líderes formales, mantuvieron encerrados a los miembros del Comité Municipal.
En Zitácuaro, el 14 de diciembre la policía intentó rescatar el Palacio Municipal de manos de los perredistas cuando éstos se hallaban reunidos en el auditorio. Los policías fueron repelidos con disparos al aire; en Ocampo, donde hacía un año estaba ocupado el Palacio Municipal, las bases perredistas tomaron como rehenes al oficial mayor y al síndico del Ayuntamiento, y cortaron las líneas telefónicas. El 14 tuvo que llegar un destacamento del Ejército para asegurar la instalación del Colegio Electoral. En Benito Juárez los perredistas secuestraron por unas horas al presidente municipal; cuando un grupo de priístas trató de rescatarlo se dio un enfrentamiento del que resultó un herido de bala entre los perredistas. En Jungapeo el Colegio Electoral trató de instalarse secretamente en un casco de hacienda fuera de la cabecera municipal. Los perredistas -cuyo triunfo por 83 votos había sido revertido con la anulación de una casilla que no fue impugnada el día de la elección- sitiaron el inmueble con guardias armados de viejos mosquetones y escopetas y encerraron a los presuntos munícipes priístas; anunciaron que no los dejarían salir hasta que se presentara un comisionado del gobierno estatal a “certificar” el triunfo del PRI. Los retuvieron pese a la presencia de un destacamento del Ejército, durante tres días en que los tuvieron sin agua ni comida, hasta que el Colegio declaró triunfador al PRD.
Ahí mismo, en el oriente del estado, cayeron los primeros muertos a consecuencia del proceso. En Zitácuaro murió el policía Rafael Peña Neri y fueron heridos tres de sus acompañantes. Según las autoridades, se trataba de agentes de tránsito que se dirigían a la Presidencia Municipal sin saber que ésta se encontraba ocupada; según los perredistas ocupantes, los agentes habían ido ahí a provocarlos. En Tuzantla fue muerto el priísta Adán Ontiveros Rebollar y herido su compañero Antonio Rodríguez Sesmas en un enfrentamiento con perredistas en las afueras de la parroquia.
El 20 de diciembre en Apatzingán fue baleada la casa del presidente municipal electo, con lo que se inauguró también ahí el ciclo de la violencia. Para esa fecha la Comisión Estatal Electoral mantenía en 55 el número de ayuntamientos reconocidos al PRI, pero había elevado a 55 los del PRD con la adición de Paracho, Senguio, Erongarícuaro y Tangamandapio. Finalmente el 21 se dio por concluido el cómputo con la atribución de Arteaga al PRI e Indaparapeo al PRD, mientras que se revirtieron los triunfos priístas en Erongarícuaro y Marcos Castellanos a favor del PRD y Acción Nacional, respectivamente. En Uruapan, la CEE anunció que se realizarían elecciones extraordinarias.
Por supuesto, la resolución oficial no dio por concluidos los conflictos. Al acercarse la fecha para la toma de posesión de los nuevos ayuntamientos, grupos perredistas ocuparon las presidencias de Cotija, Tzitzio, Carácuaro, Nocupétaro y Apatzingán, con lo que llegaban a 40 los edificios municipales en manos de los seguidores del PRD. El 30 de diciembre militantes del PFCRN ocuparon, por su parte, la alcaldía de Aquila, también en protesta por los resultados de la elección municipal. Para el 30 de diciembre ya eran 55 los palacios municipales tomados, de los cuales 33 habían sido oficialmente ganados por el Revolucionario Institucional.
Al llegarse el 1 de enero de 1990, fecha de asunción de los nuevos ayuntamientos, únicamente en 79 de los 113 municipios se dio la toma de posesión de los nuevos ediles. Sólo en 23 de los 56 municipios obtenidos por el PRI pudo hacerse la transmisión del poder sin incidentes, y en 33 municipios se instalaron ayuntamientos paralelos. En los días siguientes a la asunción, la violencia prosiguió en diversos puntos. El 4 de enero fue muerto en Apatzingán Ignacio Hernández Barragán, hermano del dirigente local del PRD; lo balearon desde un vehículo en marcha cuando él manejaba su camioneta. En Huandacareo fue asesinado el día 7 Ignacio Murillo Guzmán, candidato del PRD a regidor, quien participaba también en la toma del Palacio Municipal. En Jungapeo rebrotaron los disturbios el 19 de enero, cuando se enfrentaron nuevamente priístas y perredistas. Un día antes habían sido detenidos por la Policía Judicial del Estado cuatro perredistas, entre ellos el dirigente partidario Arturo Frasco Cruz; en represalia, los cardenistas tomaron a cuatro priístas como rehenes. Por la noche fue baleada la casa del alcalde priísta electo, Sabino Corona, donde despachaba provisionalmente con su Ayuntamiento. A la 1:15 de la madrugada, con el centro del poblado a oscuras, la Presidencia Municipal fue atacada por francotiradores del PRI, dando lugar a un prolongado tiroteo donde murieron los perredistas Salvador González Cruz y Lorenzo Chacón López, y otros tres resultaron heridos. Los asesinatos quedaron impunes porque, según la Procuraduría de Justicia del Estado, la oscuridad en el pueblo había impedido a los testigos identificar quiénes eran los que dispararon. Los priístas, según una versión, escondieron sus bajas “para que no se supiera que gatilleros de otros municipios estuvieron involucrados”.
En Apatzingán, continuando con los hechos de sangre, el 21 de enero un policía municipal dio muerte al militante perredista Ernesto Cambrón, quien estaba simplemente esperando un microbús. “Jacona había sido gobernado, hasta el 31 de diciembre, por Acción Nacional. El PRD impidió la asunción del Ayuntamiento encabezado por el PRI, que ganó oficialmente las elecciones. La administración municipal saliente entregó a los perredistas la alcaldía, con todo y las armas de la policía. El PRD instaló un Ayuntamiento paralelo y designó policías, que fueron dotados de las armas disponibles”. Priístas y miembros del Ayuntamiento paralelo perredista se enfrentaron por el derecho de cobrar los impuestos a los locatarios de un mercado; ahí murieron el segundo comandante de la Policía Municipal Efraín Pérez García, y el perredista Javier Macías Salcedo, y hubo cuatro heridos: un perredista, un priísta, un locatario y un transeúnte. Once personas fueron detenidas a consecuencia de estos hechos, y la Procuraduría estatal, con eficacia no mostrada en Jungapeo ni en Apatzingán, decomisó siete armas que pertenecían al Ayuntamiento.
El 25 de enero el Congreso estatal declaró la desaparición de los poderes en Tzintzuntzan, argumentando un ambiente de “anarquía, de inseguridad y de inminentes riesgos para la población”. Para ese momento, en Tacámbaro se había integrado un consejo municipal pluripartidista -integrado por el PAN, PRD, PARM, PDM y una fracción del PRI- para impedir que gobernara el oficialmente electo priísta Jaime Mora López. El consejo convocó a un plebiscito para elegir a quien remplazaría al munícipe oficial, resultando triunfador el perredista José Luis Meza, a quien tocó encabezar el Ayuntamiento paralelo. En un enfrentamiento entre el cacique Andrés Villaseñor Díaz y la policía de ese Ayuntamiento murió el perredista Manuel Córdova Santillán y resultaron heridos otros dos de sus compañeros. En el sepelio de Córdova Santillán la multitud cubrió el ataúd con una bandera nacional y lo trasladó a Morelia, para exhibirlo frente al Palacio de Gobierno. Siete perredistas y un priísta fueron detenidos por la Procuraduría estatal a consecuencia de ese asesinato. Y en el municipio de Benito Juárez fueron asesinados el 1 de febrero los campesinos Armando Gómez López y Juan Rodríguez López, y quedó herido Margarito López Aguirre. Los tres eran militantes perredistas y presuntamente fueron agredidos por policías municipales mientras se dirigían del poblado La Parota, a la cabecera municipal. La policía negó la filiación perredista de los muertos y del lesionado, con base en una declaración obtenida de éste con torturas para exculpar a los policías municipales que los agredieron. Unos días después, Margarito López Aguirre también falleció a consecuencia de las lesiones recibidas.
En Apatzingán murió Manuel Andrade Cervantes, de tres disparos que le dieron los perredistas en posesión de la Presidencia Municipal. En Tacámbaro fue muerto tres días después Rogelio Melchor Mendoza, simpatizante del consejo cívico que ocupaba la Presidencia Municipal. El 17 de febrero, la Policía Municipal se enfrentaría a tiros con miembros del consejo cívico, dejando como saldo la muerte de un policía y dos consejistas heridos. En Chilchota, mientras tanto, los perredistas bloqueaban la carretera México-Guadalajara y secuestraban a un priísta como represalia por el desalojo de la alcaldía. El 21 de febrero, en Benito Juárez, un grupo de militantes del PRD mató al comandante de la Policía de Tuzantla durante un forcejeo por recuperar una escopeta que éste les había decomisado, secuestraron a uno de sus acompañantes y decomisaron otras armas que los policías llevaban.
La solución a los conflictos comenzaba a llegar muy tarde. A raíz de una conversación entre la dirigencia perredista y el gobernador Genovevo Figueroa, la Legislatura resolvió el 8 de febrero aplicar el artículo 44 de la Constitución local que preveía la desintegración de los ayuntamientos cuando la paz pública se encontrara alterada. Pero sólo seis días después -mientras la violencia continuaba aquí y allá- empezó a emitir resoluciones: ayuntamientos de composición en Tzitzio y Susupuato, pero sin remover a los alcaldes impugnados, y una recomendación a los perredistas de Áporo, Irimbo, Coalcomán y Tlalpujahua para que entregaran los edificios municipales en virtud de que sus demandas carecían de sustento. El 20 de febrero se acordó integrar otros ayuntamientos de composición: Chilchota, Tacámbaro, Arteaga y Benito Juárez. También se dieron recomendaciones semejantes a las anteriores a los ocupantes de las alcaldías de Epitacio Huerta, Salvador Escalante, Hidalgo, Nocupétaro, Zitácuaro y Huandacareo. Dos días después, los acuerdos fueron ya sólo recomendaciones, esta vez a los ocupantes de alcaldías de Cotija, Chavinda, Pajacuarán, Villamar y Venustiano Carranza.

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