Eduardo Nava Hernández
Genovevo Figueroa: la historia negada
Miércoles 24 de Agosto de 2011
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El absurdo de la postulación de Genovevo Figueroa a la alcaldía moreliana por el Partido de la Revolución Democrática se aprecia plenamente al revisar la historia de sus combates desde el gobierno estatal, y siempre con el respaldo del gobierno federal de Carlos Salinas de Gortari, contra la entonces naciente expresión del neocardenismo. El artículo 283 del Estatuto del PRD, referido a las candidaturas externas, incluye entre los requisitos a cumplir para ser postulado: “g) En el caso de ciudadanos que hayan sido dirigentes, representantes públicos o funcionarios de gobierno de otros partidos políticos, sólo podrán ser postulados como candidatos externos del partido siempre y cuando presenten previamente al registro que corresponda su renuncia por escrito al partido político respectivo y hagan pública la misma, y no hayan sido responsables de hechos de represión, corrupción o narcotráfico”. El examen de Figueroa en su papel de gobernador interino parece no pasar la prueba del ácido de esos requisitos.
La violencia y la represión fueron una de las constantes del periodo. Entre los asesinatos de luchadores agrarios y militantes de la Unión de Comuneros Emiliano Zapata destacan los de Elpidio Domínguez Castro, el 31 de diciembre de 1988 y Rosalío Lucas Domínguez, en Santa Fe de la Laguna; los de Ismael Marmolejo Martínez y Francisco García Martínez, de Axotán; el de José Ramírez Verduzco, de San Miguel Aquila; el de Juvenal Guido Ponce, en Pedernales, y el de Antonio Simón Zamora, con lujo de violencia, en Pátzcuaro. Hubo también, según denuncias de la UCEZ, de un buen número de campesinos presos por conflictos agrarios en diversas localidades: Joya Grande, San Bartolo Cuitareo, La Carbonera, Piedras de Lumbre, Nahuatzen y otros. En algunos casos, las sentencias llegaban a siete y hasta once años de prisión, y se mantenía una gran cantidad de órdenes de aprehensión contra comuneros y ejidatarios.
El 26 de marzo de 1989, cuando la Corriente Democrática, el PARM y el PMS efectuaban elecciones primarias para seleccionar candidatos comunes, el precandidato por Uruapan, Uriel López Paredes, fue asaltado por un hombre armado de un arma larga, quien le disparó e hirió a su acompañante (La Jornada, 27 mar. 89). En Coeneo, el presidente municipal interino, recién designado por el Congreso, fue atacado por cardenistas, lazado y arrastrado en la plaza pública. A consecuencia de esos hechos, seis miembros del todavía llamado FDN fueron detenidos y consignados, pero no el agresor de López Paredes (La Jornada, 10 abr. 89). Como consecuencia de los acontecimientos del 15 de agosto en Morelia, diversos militantes del PRI pidieron desaforar a los senadores Roberto Robles Garnica y Cristóbal Arias Solís (lo que no ocurrió), y fue detenida la conductora de radio y ex funcionaria del gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas, María Heber Novoa Silva, bajo la acusación de haber atacado al presidente estatal del PRI, Fausto Vallejo Figueroa. Al no poder demostrarle los cargos y a punto de ser liberada, fue denunciada por segunda vez, por no haber devuelto un vehículo de la Procuraduría Federal del Consumidor, organismo en cuya delegación había trabajado.
Pero la ofensiva antiperredista alcanzó su momento culminante en las elecciones municipales del 3 de diciembre de 1989. El calendario electoral obligaba a que, apenas cinco meses después de la lucha por el Congreso local el PRD y el PRI -siempre con el respaldo del gobierno estatal- volvieran a enfrentarse, esta vez por las 113 alcaldías de la entidad. Por primera vez un partido de oposición presentaba candidaturas en la totalidad de los municipios; para finales de noviembre 24 alcaldías continuaban ocupadas por simpatizantes perredistas como secuela del conflicto de julio y a pesar del llamado a la desocupación que la dirigencia partidaria había hecho en septiembre; algunas de ellas se mantenían tomadas desde la movilización contra el fraude de 1988.
Aún sin una dirección estatutariamente constituida en el estado, la dirigencia nacional perredista recurrió a comisionar un delegado, Gilberto Rincón Gallardo, con imagen de negociador. El PRI, por su parte, oscilaba entre las posiciones duras que buscaban cerrar el paso a cualquier triunfo de la oposición perredista y las conciliadoras de quienes estaban dispuestos a reconocer algunas victorias al PRD, con el fin de no atizar demasiado el fuego a la caldera. Los primeros acuerdos pactados entre el PRD y el gobierno local no fueron respetados por éste: la remoción de los principales funcionarios de la Comisión Estatal Electoral y la depuración del padrón. Este último aumentó de un millón 615 mil a un millón 672 mil electores entre julio y diciembre; pero, según el PAN y el PRD, ese insospechado crecimiento no se debía sino a la manipulación del listado. “Sólo en Zamora el número de rasurados e injertados en el padrón, detectados por el PAN, rebasaba los ocho mil”, según lo recogió el periodista Pascal Beltrán del Río.
Ello no obstó para que el PRI y el PRD, por conducto de sus respectivos delegados nacionales Ángel Sergio Guerrero Mier y Gilberto Rincón Gallardo, quienes negociaron en el Palacio de Gobierno con el gobernador Genovevo Figueroa, llegaran a un acuerdo previo a las elecciones municipales. Éste fue publicado en los diarios estatales. En esencia, ambos partidos se comprometían a reconocer sus derrotas. Los votos serían contados tal como salieran de las urnas, independientemente de su origen -lo que constituía una virtual invitación al fraude-, siempre que los paquetes electorales fueran presentados en tiempo y forma en los comités municipales. El PRD se abstendría de denunciar fraudes en tanto no se conocieran todos los resultados y no habría más tomas de palacios municipales.
El día de la elección, 3 de diciembre, las quejas más recurrentes de la oposición -sobre todo el PRD, pero también el PAN- se refirieron a la no apertura de casillas, la insuficiencia de boletas en casillas de fuerte presencia opositora y la movilización de brigadas itinerantes de votantes (carruseles). Bajo el amparo de una ley que preveía la anulación de los comicios sólo en caso de no instalarse la mitad de las mesas de votación, cientos de casillas no fueron instaladas, aunque una semana más tarde muchas de ellas sí fueran computadas.
El delegado nacional del PRI, Guerrero Mier, anunció la misma noche de la elección el triunfo de su partido en 46 municipios y reconoció haber perdido diez, ocho de ellos frente al PRD y dos ante el PAN. El PRD declaraba haber conquistado 57 ayuntamientos y aceptó la derrota ante el PRI en Ario de Rosales, Copándaro y Tingüindín. El PAN reclamaba tener mayoría en seis. Los tres partidos se atribuían haber ganado en Morelia. Pero también desde esa misma noche los militantes perredistas instalaron plantones en unos 30 municipios, ocuparon los palacios municipales de Zitácuaro e Irimbo y bloquearon la entrada a los de Jungapeo y Tlazazalca.
En los días siguientes, el PRD exhibió el 100 por ciento de sus copias de las actas de escrutinio en 36 municipios y 90 por ciento de otros diez. Con 214 de 217 actas del municipio de Morelia, el PRD anunció que su candidato Samuel Maldonado Bautista ganaba la elección con 23 mil 800 votos contra 19 mil 100 del PRI y 17 mil del PAN. Al mismo tiempo, reconoció los triunfos del PAN en Zamora, Sahuayo y Marcos Castellanos, y del PARM en Tuxpan. El PAN, por su parte, reconocía las victorias del PRI en Tacámbaro y La Piedad, y del PRD en Uruapan, Zacapu y Lázaro Cárdenas, y que el partido de Cuauhtémoc Cárdenas iba adelante en el cómputo de Morelia (La Voz de Michoacán, 4 dic. 89).

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