Eduardo Nava Hernández
Genovevo Figueroa: los hechos de 1989
Jueves 18 de Agosto de 2011
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Aun con su oficialista integración, las cifras oficiales de la Comisión Estatal Electoral arrojaron que el PRI obtuvo sólo el 45 por ciento de la votación, mientras que el PRD se adjudicó el 40.48 por ciento, el PARM el 4.32 y la Coalición Cardenista (PPS-PFCRN) el 3.13 por ciento. Es decir que, sumada, la votación de los partidos que en julio de 1988 integraban el FDN era de 47.93 por ciento, superior en casi tres puntos a la del PRI. En los días siguientes a las sesiones de cómputo, los perredistas presentaron denuncias penales y doce recursos de queja ante la Comisión Permanente del Congreso estatal. Ésta, integrada por cuatro diputados del PRI y uno de Acción Nacional, los desechó por mayoría y sin más trámite aduciendo que habían sido presentados fuera de tiempo.
El 10 de julio las bases perredistas instalaron frente al Palacio de Gobierno el “Plantón por la Democracia”. El 13 se iniciaron en diversos puntos de la entidad los bloqueos de carreteras, acción que se prolongaría durante varios días. La represión se inició. La PGR advirtió que procedería contra varios dirigentes del PRD con motivo de esas acciones: Efraín García Becerra, Irma Tapia García, Marciano Razo Amezcua y José Guadalupe Ortiz Murillo, mientras que las denuncias del PRD contra autoridades, dirigentes y candidatos del PRI ni siquiera habían dado lugar a que se abrieran las averiguaciones previas correspondientes.
Una y otra vez, el partido oficial se negó a realizar el cotejo de actas que el PRD reclamaba para esclarecer la elección, argumentando que éste no estaba previsto en la ley. Los senadores perredistas Robles Garnica y Cristóbal Arias Solís, diversos diputados federales y los candidatos del PRD interpusieron una denuncia penal contra el secretario general de Gobierno y otros funcionarios electorales por falsificación de documentos electorales, usurpación de funciones y uso de documentos falsos en el proceso electoral (La Jornada, 24 de julio de 1989). Al mismo tiempo, el PRD entregó al PAN copias de sus actas de casilla para que fueran cotejadas, y llamó al PPS, PARM, PFCRN y el mismo PAN a conformar un frente de defensa del voto. “Michoacán es, de hecho, el primer estado de la oposición en México”, escribió el poeta Homero Aridjis. “El momento de la democracia no sólo ha llegado a Michoacán, sino al país entero. Por lo cual, el gobierno no sólo ha perdido políticamente sino históricamente a mi estado”.
El 27 de julio una caravana partió de la Ciudad de México con rumbo a Morelia. Al recibirla en Maravatío, el senador Roberto Robles Garnica anunció que se integrará un tribunal independiente ciudadano para revisar las actas de la elección. La caravana llega a Morelia el 29 de julio y el mitin del día 30 congregó a alrededor de 100 mil personas; probablemente el más concurrido en la historia de Michoacán.
El Tribunal Independiente de Ciudadanos (TIC) comenzó a trabajar el 2 de agosto integrado por trece miembros: Emilio Krieger, Salvador Nava Martínez, Samuel del Villar, Jaime González Graf, Rogelio Sada Zambrano, Mariclaire Acosta, Elena Poniatowska, Carlos Monsiváis, Carlos Castillo Peraza, Jorge Barrera Graf, Julio Faesler, Rodolfo González Guevara y Hugo B. Margáin. El priísmo acusaba al TIC de que sus miembros no eran michoacanos ni tenían autoridad legal para revisar las elecciones locales. Sin embargo, el PAN dio su aval a las indagaciones que el Tribunal realizara, ya que, según el secretario general blanquiazul, Abel Vicencio Tovar, “su fallo tendrá fuerza moral”.
El 10 de agosto la Asamblea Democrática por el Sufragio Efectivo, Adese, dictaminó con base en las actas que el PRD exhibió, que la elección había sido favorable a este partido en 15 de los 18 distritos. En los tres restantes -VIII de Zitácuaro, X de Ciudad Hidalgo y XIII de Jiquilpan- se pronunció por la anulación de los comicios “por los múltiples delitos e irregularidades denunciadas por partidos y ciudadanos”. El PAN, por su parte, consideraba necesario anular los comicios en cinco distritos: IV, VII, XIV, XV y XVIII (La Jornada, 11 de agosto de 1989).
El Colegio Electoral quedó integrado por los presuntos diputados priístas Elio Núñez Rueda, Víctor Manuel Tinoco Rubí, Roberto Molina Loza y Jaime Rodríguez López, los panistas Esperanza Morelos Borja y Guillermo Villanueva Valdovinos y el perredista Rubén Solís Medina. El 15 de agosto, al iniciar sus trabajos, el presidente Víctor Manuel Tinoco Rubí negó el uso de la tribuna al presunto diputado perredista Rubén Solís, quien declinó participar en las comisiones dictaminadoras pero quería dar lectura a un documento. A sólo 45 minutos de instalada, se dio por terminada la sesión, lo que irritó a los perredistas que estaban en la calle y empezaron a avanzar hacia el Congreso. Los senadores Cristóbal Arias y Roberto Robles Garnica intentaron contener a sus correligionarios invitándolos a realizar un mitin en la Plaza Melchor Ocampo, pero fue inútil. Una provocación desató el enfrentamiento entre priístas y perredistas. Se lanzaron piedras y otros proyectiles y salieron a relucir machetes, palos y armas de fuego. Los granaderos intervinieron lanzando gases a los perredistas. Después de varios minutos, el enfrentamiento dejó un saldo de 18 heridos y múltiples intoxicados por los gases.
El Colegio Electoral dio, en 20 minutos de sesión, su veredicto: ratificó el triunfo del PRI en los distritos de Morelia Norte, La Piedad, Zamora, Tacámbaro, Apatzingán, Zitácuaro, Ciudad Hidalgo, Jiquilpan, Los Reyes, Maravatío, Coalcomán y Huetamo, y del PRD en Pátzcuaro, Zacapu y Lázaro Cárdenas. Sólo anuló una casilla del municipio de Turicato por falsificación del acta de escrutinio y quince en el distrito de Morelia Norte por el mismo motivo. Aún así, Elio Núñez Rueda resultaba triunfador por 621 votos sobre su adversario perredista. De las diputaciones plurinominales correspondieron tres al PAN, dos al PARM y una a la Coalición PPS-PFCRN. La aprobación del proceso electoral se sustentaba, según el Colegio Electoral, en que “los comités distritales sesionaron legal y oportunamente, examinaron los paquetes electorales comparando las actas de escrutinio en fiel observancia a la ley y resolviendo los recursos presentados” (Cit. por Jaime Hernández, Pág. 112). El Comité Nacional del PAN emitió una nueva opinión, donde reconocía que en los distritos de Morelia Norte, Los Reyes y Apatzingán también había obtenido el triunfo el PRD. Manuel Clouthier, el ex candidato panista a la Presidencia de la República, declaró que “el gobierno perdió con el caso de Michoacán buena parte de lo que políticamente había conseguido al aceptar el triunfo del PAN en Baja California”.
El Supremo Tribunal de Justicia del Estado emitió el 30 de agosto su fallo con respecto a las reclamaciones presentadas por el PRD. La última instancia formal para impugnar los comicios desechó todos los recursos presentados por los partidos de oposición, ya que -afirmó su presidente, José Solórzano Juárez- “no acreditaron el requisito de procedibilidad a que se refiere en la Ley Electoral”. Al día siguiente el Senado de la República desechó la solicitud del PRD de declarar desaparecidos los poderes en Michoacán.
Después de 39 días, los perredistas levantaron su plantón frente al Palacio de Gobierno; pero ello no significó que se desmovilizaran: las tomas de palacios municipales se extendieron por todo el estado, llegando a 68 los edificios ocupados, tres más que los tomados el año anterior para presionar a Martínez Villicaña a renunciar.
Setenta y cinco presidencias municipales (dos terceras partes del total) seguían tomadas por los perredistas. El 1 de septiembre, agotados ya todos los recursos legales, el PRD dio por terminada su lucha por el Congreso de Michoacán. Mediante un escrito, llamó a sus militantes a deponer sus plantones, marchas, tomas de alcaldías y cierres de carreteras y a prepararse para los comicios municipales de diciembre. Sólo dos edificios municipales fueron devueltos con el llamamiento. Para el 15 de septiembre, al instalarse la nueva Legislatura, 41 palacios municipales seguían ocupados.
Para el gobierno federal, las elecciones locales del 2 de julio en Michoacán tenían una significación vital. El reconocimiento de una nueva derrota hubiera significado, desde su punto de vista, permitir la consolidación de su oposición más poderosa e indócil en un estado completo, un aliciente al robustecimiento del PRD a escala nacional y el riesgo de un gobierno local acotado por el Congreso o, peor aún, amenazado por éste de deposición. Por eso el propio gobierno estatal preparó y operó, en plena consonancia con aquél, el fraude más trascendente de que se tenga memoria en la historia de Michoacán.

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