Eduardo Nava Hernández
Genovevo Figueroa: los hechos de 1989
Miércoles 17 de Agosto de 2011
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Un ejercicio de memoria. Hasta la creación del Instituto Electoral de Michoacán, en 1995, los comicios locales en la entidad fueron organizados por la Comisión Estatal Electoral, órgano con representación de los partidos registrados pero que funcionó siempre como una extensión del Poder Ejecutivo. Bajo esa pauta, diseñada en la Ley Electoral de 1983, Michoacán vivió, tras el ascenso del movimiento neocardenista de 1988, los procesos electorales más conflictivos de su historia desde 1917: los legislativos de julio de 1989, los municipales de diciembre del mismo año y los de gobernador de 1992. El común denominador en los tres casos fue el de asumir la forma de grandes operativos organizados desde el gobierno federal de Carlos Salinas de Gortari y el gobierno estatal para impedir que el entonces naciente PRD se consolidara y alcanzara posiciones de poder como el control de la mayoría parlamentaria o los municipios más importantes del estado. En los tres procesos también, el responsable del Poder Ejecutivo y, por tanto de la organización de las elecciones, era el médico Genovevo Figueroa Zamudio.
En enero de 1989, el recién designado gobernador interino se había comprometido a que en los comicios del 2 de julio, para la renovación del Congreso, y de diciembre para la de los ayuntamientos habría “elecciones honestas, limpias y transparentes”; y había hecho un llamado a todos los partidos políticos en el estado “a un esfuerzo de concordia, para alcanzar la paz y el dinamismo democrático”. Sin embargo, Figueroa Zamudio acompañaba al presidente del CEN del PRI, Luis Donaldo Colosio, en sus giras por el estado, no sin aclarar que no lo hacía como gobernante sino “como militante priísta”.
La Comisión Estatal Electoral era presidida por el secretario general de Gobierno, Jorge Mendoza Álvarez, un reconocido militante priísta; el secretario de la misma era designado por el presidente; los dos representantes del Congreso fueron nombrados por la diputación del PRI, que controlaba las 18 curules de mayoría relativa; y de los partidos políticos, estaban excluidos el PARM, PPS, PFCRN y PMS, por no haber alcanzado el 1.5 por ciento de la votación en las elecciones de 1986 (al último de estos partidos, nacido de la fusión del PSUM y el PMT, no se le tomó en cuenta la votación sumada de ambas organizaciones, que sí hubiera rebasado ese porcentaje), y el PDM por haber perdido el registro en las elecciones federales de 1988. De esta manera, sólo quedaron con voz y voto en la CEE el PRI y el PAN. El propio PAN impugnaba el que la mayoría de los funcionarios electorales en los diferentes distritos eran reconocidos militantes del PRI que habían sido seleccionados por el presidente Mendoza Álvarez, sin consulta a los demás integrantes de la CEE.
Una vez integrada la comisión, decidió prohibir las candidaturas comunes y determinar que sólo se aceptarían las coaliciones totales entre dos o más partidos, lo que afectaba a los partidos que en 1988 habían conformado el Frente Democrático Nacional. Éste se había desintegrado y el PARM, el Partido del Frente Cardenista (PFCRN, antes PST) y el PPS mantenían su registro pero marchaban por separado, mientras que el Partido Socialista Mexicano (PMS) había cedido el suyo al nuevo partido de Cuauhtémoc Cárdenas, el PRD.
El manejo del padrón electoral por el Registro Federal de Electores se caracterizó por irregularidades como el “rasurado” de ciudadanos, el “injerto” de nombres y la permanencia de fallecidos. No fue nunca entregado a los comisionados de partido para su revisión antes del día de las elecciones, según lo establecía el artículo 103 de la Ley Electoral local.
Otra de las irregularidades registradas como graves fue el envío de la papelería oficial incompleta; la CEE remitía a las mesas de casilla de las zonas detectadas como cardenistas las urnas y las boletas, pero no las actas de instalación, cierre y escrutinio. Esto motivó que, o bien los funcionarios de casilla levantaran las actas en papel no oficial -en cuyo caso los comités distritales anulaban la votación-, o bien optaran por no instalar la casilla, no obstante lo cual muchas de ellas fueran computadas con elevadas votaciones (que rebasaban con mucho al padrón correspondiente) para el PRI.
Durante la jornada del 2 de julio menudearon los métodos del fraude, como el secuestro de urnas más documentado de la historia reciente del país, en el Distrito de Morelia Norte, donde Elio Núñez Rueda era candidato del PRI. Militantes perredistas interceptaron y grabaron mensajes de radio de banda civil provenientes de los municipios de Morelia, Tarímbaro, Santa Ana Maya y Cuitzeo, donde se daban instrucciones precisas para el atraco y se mencionaba el lugar donde las ánforas robadas tenían que ser concentradas. También brigadas de votantes itinerantes, conocidas como carrusel, expulsión de representantes de casilla de la oposición. En la casilla número 46 de Morelia el resultado favoreció al PRD, por 398 votos contra 269 del PRI. Pero no fue computada por el Comité Distrital de Morelia Norte, sin que se explicara por qué. El presidente de la casilla, el conocido priísta Alberto Alcáuter Guzmán, simplemente se robó el paquete electoral y no lo entregó. Como botón de muestra del rasurado del padrón, Rogelio Guzmán Rodríguez, director de La Voz de Michoacán, publicó en un editorial que él mismo había sido borrado del listado, pero que, por ser una figura pública reconocida, se le había permitido votar, violando la ley estatal, anotándolo en una lista adicional.
El 8 de julio Cuauhtémoc Cárdenas encabezó un mitin en Morelia, donde exigió que se abrieran los paquetes electorales y se contara voto por voto. En las afueras de cada comité, guardias de hasta 300 perredistas permanecieron expectantes durante varios días. Para ese momento cientos de actas de escrutinio habían sido alteradas para revertir los triunfos de los candidatos del PRD o reducir su votación e impedir que llegaran al Colegio Electoral. Aparecieron -y fueron computadas– actas de casillas que nunca se instalaron. Periodistas locales, nacionales e internacionales atestiguaron cómo las actas falsificadas entraban sin escrúpulos al cómputo de diversos distritos. En total, 161 casillas donde los resultados eran favorables al PRD fueron anuladas, con el propósito evidente de revertir los resultados o, al menos, impedir que los diputados perredistas llegaran al Colegio Electoral, como ocurrió en el caso del Distrito de Morelia Sur (puede consultarse de Jaime Hernández Díaz, “Las elecciones del 2 de julio en Michoacán” Cuadernos Políticos Nos. 57 y 58. México, jul.-sep. 1989 y oct.-dic. 1989; y Pascal Beltrán del Río, Michoacán, ni un paso atrás. México, Libros de Proceso 1993).
Violado la ley vigente, el gobierno “habilitó” como “presidente” suplente de la Comisión Estatal Electoral en sustitución del secretario general de Gobierno, licenciado Jorge Mendoza Álvarez -en lo que realmente era una usurpación consentida de funciones- a un funcionario menor, el licenciado Daniel Trujillo Mesina. Un año después, Trujillo fue designado rector de la Universidad Michoacana. El propio Mendoza Álvarez alcanzó una diputación federal en 1991.
Irregularidades graves de abultamiento de las votaciones se registraron, por lo menos, en Apatzingán, Parácuaro y Múgica -donde el PRI se anotó, en doce casillas, casi la mitad de los votos obtenidos en todo el distrito-; en Huetamo, en seis casillas el PRI sumó cuatro mil de sus diez mil votos de todo el distrito, cuatro de las cuales se ubicaban en poblados con no más de 265 habitantes; y en Penjamillo, la casilla 11 registró mil 112 votantes. En Turicato 22 de las 35 casillas que debieron instalarse fueron robadas y seis no se instalaron, a pesar de lo cual, con excepción de dos, todas fueron computadas. En ese municipio, con cuatro casillas “zapato” (100 por ciento de votos para el PRI), el partido oficial obtuvo tres mil 504 sufragios, contra sólo 704 del PRD (Beltrán del Río, Pág. 70). Continuará...

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