Eduardo Nava Hernández
Del pacto de Juárez al diálogo público
Jueves 30 de Junio de 2011
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En más de un sentido, la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad que arribó y sesionó junto con una pluralidad de organizaciones sociales, defensores de derechos humanos y activistas en Ciudad Juárez, el 10 de junio, ha obtenido resonantes triunfos. No es necesario repetir aquí el primero de esos sentidos, que múltiples analistas han resaltado: el haber hecho visibles ante la sociedad mexicana, el Estado y el mundo las dimensiones del sufrimiento social -es decir, humano- que la guerra desatada en 2006 por Felipe Calderón ha infligido a grandes sectores de la población mexicana, y haber dado voz pública a muchas de sus víctimas directas e indirectas.
A convocatoria del periodista y poeta Javier Sicilia (padre él mismo de una de esas víctimas directas) y de otras personalidades vinculadas a la defensa de los derechos humanos, la movilización nacional, que atravesó doce entidades federativas y tocó varias de las ciudades más martirizadas por la violencia, obtuvo un segundo triunfo al convertirse en el referente central para decenas, quizás cientos de organismos de la sociedad civil, y miles de ciudadanos portadores asimismo de un largo historial de agravios no sólo delincuenciales, militares y policiacos sino económicos y políticos, con necesidad de expresarse y aglutinarse para hacerse escuchar.
Lo que resultó, en consecuencia, de la asamblea de Ciudad Juárez no fue sólo un parcial inventario del sufrimiento social a cargo de los victimados, sino el esbozo de un programa para el periodo que va de la reivindicación de las víctimas y la lucha contra la impunidad a la movilización por la reforma política y demandas económicas y laborales, y que se plantea explícitamente como un movimiento por la refundación de la República. Es el Pacto Ciudadano por la Paz con Justicia y Dignidad, el de Ciudad Juárez que Javier Sicilia firmó y llamó a firmar públicamente al final de la asamblea, y que debe ser entendido precisamente como un programa, provisional si se quiere, pero resultado de la confluencia de los ciudadanos y organismos convocados desde el inicio del movimiento, a principios de abril pasado, y que no sin esfuerzos y sacrificios se reunieron en esa ciudad fronteriza. En uno de sus párrafos centrales, esa convergencia nacional se autodefine: “Somos un movimiento que inicia, pero tenemos historia: nos hermana el dolor ligado a luchas de años. Nos estamos manifestando nacionalmente, hincando nuestras raíces en una gran diversidad de luchas locales: la lucha de las mujeres contra el feminicidio; la lucha de los jóvenes contra la violencia que les niega sus derechos, y aun atenta contra sus vidas, así como contra la criminalización de que son objeto por el solo hecho de ser jóvenes; la lucha de las y los defensores de los derechos humanos; la lucha de las y los trabajadores del campo y la ciudad; la lucha de los pueblos y las comunidades indígenas en defensa de sus derechos, su cultura y su territorio; las luchas ciudadanas para que tengamos una democracia verdadera, y la lucha de las y los niños, y quienes trabajan con ellos, para que el país se reconstruya con base en la atención a sus derechos”.
Y también se ubica en la etapa actual: “Entendemos que este pacto en movimiento no nace para la coyuntura pero debe actuar en ella, asumiendo el reto de fortalecer su capacidad de propuesta alternativa. Sabemos que el papel histórico del pacto rebasa las movilizaciones inmediatas que pueda generar o el número de organizaciones que estén participando. En este momento de emergencia nacional, nuestro ser y quehacer tiene un sentido cualitativo por la exigencia de la refundación de nuestro México, desde una perspectiva de transformación y seguridad ciudadana con enfoque de derechos humanos”.
En tanto que tal programa para la movilización nacional, su contenido no debiera ser modificado ni degradado sin una confluencia por lo menos igual a la lograda el 10 de junio en Ciudad Juárez. Ha de entenderse que ninguno de sus puntos es de resolución inmediata, y menos aún sin la movilización social, pero que todos ellos conforman el eje en torno al cual se va integrando la resistencia social frente a la militarización, las violaciones a los derechos humanos, la impunidad, el escamoteo de la democracia, la desnacionalización de la economía, la ineficacia de las instituciones, el empobrecimiento de la población y la carencia de oportunidades de desarrollo para gran parte de ésta, justamente las causas que llevan a muchos a sumarse a las diversas formas de la delincuencia y la ilegalidad.
Ahora es claro que no todos los puntos de ese pacto alcanzaron el consenso, y que una parte del movimiento, señaladamente Emilio Álvarez Icaza y Javier Sicilia, entre los organizadores, no comparte la inclusión de aspectos como la petición de juicio político a Felipe Calderón, Genaro García Luna (cuya renuncia demandó Sicilia públicamente el 8 de mayo) y otros funcionarios, la exigencia de la desmilitarización inmediata, la denuncia de la llamada Iniciativa Mérida y de la asesoría extranjera a la policía y Fuerzas Armadas, así como el rechazo a la Ley de Seguridad Nacional y a las reformas a la Ley Federal del Trabajo. Pero en rigor ninguno de los aspectos considerados polémicos es nuevo, pues se trata de posicionamientos que han estado en el debate nacional y en las demandas particulares de diversos sectores hace mucho tiempo y que ahora han quedado incluidos en ese documento como puntales de una movilización que se reconoce multifacética e incluyente.
Ahora ha obtenido la movilización de junio un tercer triunfo al concretar el diálogo público con el gobierno nacional, al que convocó desde el 8 de mayo en la plaza mayor de la capital de la República. Este 23 de junio, los representantes del movimiento, encabezados por Javier Sicilia y entre ellos una quincena de los agraviados, serían escuchados directamente por Calderón, el mayor responsable en última instancia de los resultados obtenidos en la pretendida o real lucha contra la delincuencia organizada, por los miembros de su gabinete de seguridad y por los representantes del Consejo Nacional de Seguridad. Los puntos que presentarían se limitan a los seis puntos planteados por Sicilia el 8 de mayo, apuntalados ahora por los testimonios de familiares de víctimas de la guerra calderonista. La demanda de renuncia y juicio político al secretario de Seguridad Pública, García Luna, no se presentará, como tampoco muchos otros puntos del Pacto de Juárez.
La prioridad, se dice, es lograr de los poderes públicos respuestas concretas a la demanda de justicia y a la demanda de rectificación en la estrategia y los métodos de la guerra contra la delincuencia organizada. Una prioridad sin duda válida. Si Sicilia logra, con el respaldo de que aún dispone, demostraciones concretas e inmediatas de disposición genuina al diálogo y a la rectificación por esos poderes, será un triunfo inusitado del movimiento. De no ser así, se fortalecerá la percepción compartida por amplios sectores de éste de que no basta con la organización por las demandas de justicia y respeto a los derechos humanos sino que es necesaria la reforma radical del sistema en su conjunto, dado que el régimen es incapaz ya de dar satisfacción a las demandas sociales más inmediatas y legítimas. En cualquiera de ambos casos, y porque los trabajos y los significados de la caravana no han de ser en vano, el documento de Ciudad Juárez está ahí; para dar continuidad al avance logrado por el movimiento mediante el diálogo o para estructurar en un sentido más amplio la resistencia a ese régimen inoperante.

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