Eduardo Nava Hernández
Cinco años de impunidad, no de olvido
Miércoles 20 de Abril de 2011
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Cinco años se han cumplido de la represión que el gobierno federal encabezado por Vicente Fox y el gobierno estatal de Lázaro Cárdenas Batel desataron contra los trabajadores de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas en huelga, en el hecho laboral más grave no sólo de ése sino de muchos sexenios o periodos de gobierno en Michoacán. El 20 de abril de 2006, fuerzas conjuntas de la Policía Federal Preventiva y del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la Policía Preventiva y de la Policía Ministerial de Michoacán, armados con rifles, granadas de gas, toletes, escudos, helicópteros y lanzallamas intentaron desalojar a los obreros de la Sección 271 del Sindicato Minero, que mantenían desde el 2 de ese mismo mes en su poder las instalaciones de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas, Sicartsa. Cinco años después, la muerte por disparo de arma de fuego de dos trabajadores, las lesiones graves, también por disparo o por contusiones, de 50 personas más entre trabajadores y policías, se mantiene impune. Como sucede siempre en este país, ninguno de los altos funcionarios responsables de la violenta represión pisó la cárcel y sólo las piezas menores fueron removidas de sus puestos.
La huelga había iniciado como recurso de defensa de los trabajadores ante el intento de la Secretaría del Trabajo, a cargo de Francisco Salazar, de desconocer al líder sindical minero Napoleón Gómez Urrutia e imponer a un títere incondicional al que las secciones sindicales no reconocían, en tanto que el Grupo Villacero, la empresa propietaria de la planta siderúrgica de la Costa michoacana, había reconocido también como interlocutor al dirigente postizo impuesto -como se demostraría fehacientemente más adelante- por las autoridades federales. Además, la huelga reforzaba la negociación de la Sección 272 del mismo sindicato, que demandaba el pago de liquidaciones a los ex trabajadores de la empresa NKS. Para cuando se dio la violencia, los trabajadores ya habían levantado el paro en la empresa Mittal Steel, que había aceptado reconocer la dirigencia de Gómez Urrutia en el sindicato y por tanto a su delegado en Michoacán, como legítimos representantes de los trabajadores.
A los 18 días de estallado el paro obrero, las fuerzas federales y estatales intentaron recuperar violentamente, mediante un operativo sorpresa, las instalaciones, lo que generó una batalla campal entre obreros y fuerzas represivas que duró siete horas y en la que, además de los muertos y lesionados, resultaron cuantiosos daños materiales: múltiples vehículos de la empresa y de las policías incendiados, maquinaria destruida, el edificio llamado Monarca, donde se archivaba la documentación de la empresa también incendiado.
El conflicto era, sin duda, una creación del gobierno foxista en su intento por deponer al dirigente sindical minero, incómodo para sus proyectos laborales y quien había venido denunciando la responsabilidad del Grupo Minero México y de las autoridades laborales en el accidente de la mina Pasta de Conchos, que costó la vida de 65 trabajadores en Coahuila. Fue el gobierno estatal, empero, el que amagó con el uso de la fuerza. El secretario de Gobierno, Enrique Bautista Villegas, había declarado desde el 4 de abril que “nosotros también estamos cansados […] vivimos no de ayer, sino desde hace mucho tiempo, una situación en la que muchas veces los conflictos de carácter laboral e intergremiales han hecho rehén a la ciudadanía del Puerto de Lázaro Cárdenas”; y, si bien reconoció que, siendo el conflicto de origen federal, señaló que “son las autoridades federales las que tienen que analizarlo y encontrar qué tipo de acción se va a ejercer, sin embargo el gobierno estatal en el ámbito de sus responsabilidades, también llevará adelante las acciones que sean necesarias” (Cambio de Michoacán, 5 de abril de 2006). El gobernador Cárdenas, por su parte, anunció que ya había “pedido el apoyo federal para el caso en que se realice el desalojo”.
No en balde, la acción represiva del gobierno estatal había sido reclamada repetidas veces por los organismos empresariales, particularmente el líder de la Coparmex en Michoacán, Ricardo Rubí Bustamante, quien desde el propio Puerto de Lázaro Cárdenas había hecho un llamado al gobierno para que “intervenga e imponga el orden y la legalidad, y proteja los proyectos de inversión”. No en balde, tampoco, el gobernador en plena conmemoración del asesinato de Emiliano Zapata, se había convertido en portavoz de las grandes empresas al señalar que Villacero y Mittal Steel podrían retirar sus capitales de Michoacán si continuaba la movilización obrera en el puerto (La Jornada, 11 de abril de 2006).
Tras la acción represiva que costó la vida a los trabajadores Mario Alberto Castillo Rodríguez y Héctor Álvarez Gómez, el sindicato recuperó las instalaciones y el paro laboral se prolongó por cuatro meses más. La empresa terminó reconociendo al comité de Gómez Urrutia como dirigente, con quien negociaron el fin del conflicto, y los gobiernos estatal y federal no tuvieron condiciones para emprender una nueva acción policiaca contra los obreros sindicalizados. Fue la propia empresa quien indemnizó a los deudos de los caídos y a los lesionados durante el enfrentamiento. Como muchos comentaristas y algunos actores lo reconocieron, la fallida acción policiaca no sirvió de nada, políticamente, pero sí tuvo, en cambio, un alto costo personal, económico, material y también político para los involucrados.
De acuerdo con la investigación realizada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tras los acontecimientos sangrientos, fue el subsecretario de Trabajo, Emilio Gómez Vives, quien solicitó al subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Arturo Chávez Chávez, valorar la conveniencia de proceder a la intervención de la Policía Federal, conjuntamente con las autoridades de Michoacán, para recuperar las instalaciones tomadas por los paristas. La Secretaría de Seguridad Pública Federal, Miguel Medina Mora, giró instrucciones al jefe del Estado Mayor de la PFP para que tres compañías de las Fuerzas Federales de Apoyo se trasladaran de la capital del país al Puerto de Lázaro Cárdenas “equipadas con instrumentos antimotines y armamento necesario”. Fueron reforzados por un batallón de la Policía Militar destacamentado en San Miguel de los Jagüeyes, Estado de México. En el oficio PFP/EM/0793/2006 del 19 de abril -citó Cambio de Michoacán (20 de abril de 2007)-: “La Policía Federal Preventiva desplegará cuatro compañías de las Fuerzas Federales de Apoyo con equipo antimotín, para que en coordinación con el mando de la comandancia de región Michoacán y las autoridades federales, estatales y municipales a partir de las 2:00 horas del día 20 de abril (por problemas de coordinación el ataque empezó a las 7:00 de la mañana) establezcan acciones de disuasión y desalojo de los sindicalistas o personas que están obstruyendo las vías de comunicación”. Toda la acción sería coordinada con el gobierno michoacano a través del secretario general de Gobierno, Enrique Bautista Villegas.
Otro documento, denominado “Orden general de operaciones” sin fecha ni número, detallaba que el grupo antimotín avanzaría en coordinación y a “orden expresa de la Policía Federal Preventiva”. El documento llevaba el visto bueno del entonces secretario de Seguridad Pública del Estado, Gabriel Mendoza Jiménez. La CNDH confirmó también que, tanto las fuerzas estatales como las federales, llevaban armas de fuego al operativo, y que éstas fueron utilizadas. Una videograbación mostró al coordinador de la Policía Ministerial, Jaime Liera Álvarez, en el lugar de los hechos dando instrucciones a los policías de disparar al aire y a los pies de los obreros, pensando que así éstos retrocederían.
Como única sanción por los acontecimientos represivos, Mendoza Jiménez y Liera Álvarez renunciaron a sus cargos, para dar paso a las indagaciones, mismas que nunca se realizaron por la procuraduría estatal o por la federal. De los funcionarios federales, ninguno fue removido. Francisco Salazar pasó tranquilamente, al terminar ese gobierno, y pese a las víctimas tanto de Pasta de Conchos como de Lázaro Cárdenas, a administrar sus negocios privados. En el gobierno de Felipe Calderón, tanto Eduardo Medina Mora, secretario de Seguridad Pública de Fox, como Arturo Chávez Chávez ocuparon sucesivamente la titularidad de la Procuraduría General de la República.
Lázaro Cárdenas Batel se encuentra en este momento retirado de la política; Enrique Bautista fue precandidato al gobierno estatal, obtuvo una diputación local y actualmente pretende por segunda vez la candidatura de su partido para el próximo gobierno estatal. De Mendoza Jiménez se decía que siguió cobrando como asesor en el gobierno de su amigo Lázaro Cárdenas Batel. Jaime Liera reapareció después como juez local en el distrito de La Piedad, y fue aprehendido en 2009 dentro del operativo conocido como Michoacanazo. El ex dirigente empresarial que más clamó por la represión, Ricardo Rubí, obtuvo un puesto de gobierno con Leonel Godoy y luego fue también víctima del Michoacanazo.
Como en tantos otros casos semejantes de represión y violaciones a los derechos humanos, el encubrimiento recíproco es práctica constante de los gobernantes. La sociedad afectada no puede olvidar los episodios en que ha sido vejada y agredida, ni dejar de lado su reclamo de justicia. Cinco años son muchos, en materia de impunidad de los represores; muy pocos para que el tiempo borre los hechos y a nuestros muertos de la memoria.

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