Llegando al límite

Eduardo Nava Hernández

En un artículo publicado en La Jornada, apenas el lunes 11 de abril, escribía Víctor Flores Olea: “También en el país estamos llegando al límite y al borde de un estallido, o de una serie de estallidos sociales que llegado el caso será muy difícil ahogar o evitar. Lo que resulta increíble es que mientras esta desesperación y espíritu de protesta, y exigencia del cambio, penetra en todo el cuerpo social, abajo y arriba, otra vez, sobre todo entre los más jóvenes y entre los más necesitados, el aparato o los aparatos oficiales siguen procediendo como si no ocurriera algo importante al lado o debajo de todos ellos. Su comportamiento sigue siendo igual de superficial y cínico como lo marcan su propia tradición e historia”.
Ese mismo día, durante la movilización con que los electricistas agrupados en el SME conmemoraban los 18 meses del decreto de liquidación de Luz y Fuerza y exigían una vez más una solución al problema social que el mismo originó, acciones de violencia, espontánea o inducida, hicieron su aparición y dieron lugar a una nueva escalada propagandística con abstractas condenas a la violencia y a la irracionalidad del movimiento de resistencia. Otra vez la andanada contra los trabajadores que, violentamente expulsados de sus centros de trabajo por la Policía Federal y el Ejército en la noche del 10 de octubre de 2009, se han constituido en un sólido movimiento de resistencia frente a la arbitrariedad de desaparecer una empresa de servicio público con razones que están lejos de haber sido fundadas.
El dato trascendente, no el de las ocho columnas, es que 18 meses después de expedido el decreto liquidacionista el Sindicato Mexicano de Electricistas aún existe y está en pie, luchando por recuperar su fuente de trabajo o por recrearla como una nueva empresa que ofrezca los servicios que Luz y Fuerza daba y que la Comisión Federal de Electricidad formalmente asumió sólo para trasladarlos a empresas contratistas muchas veces integradas por trabajadores sin capacitación, experiencia ni derechos laborales.
Recordemos brevemente el contenido del decreto firmado por Felipe Calderón y diez secretarios de Estado el 11 de octubre de 2009. En él se justificaba la drástica medida mediante el señalamiento de una “comprobada ineficiencia operativa y financiera” que hacía que la empresa ya no resultara “conveniente para la economía nacional ni para el interés público”. Pero en cambio declaraba que se respetarían “los derechos laborales” de los trabajadores y se garantizaría el pago de las jubilaciones. Hablaba en sus considerandos el decreto de cuantiosas y crecientes transferencias presupuestales a favor de Luz y Fuerza, que entre 2001 y 2008 habrían crecido hasta en un 200 por ciento. A eso se sumaba un “pasivo laboral” de 240 mil millones de pesos, de los cuales sólo 80 mil correspondían a trabajadores en activo y 160 mil a jubilados.
Pronto se vio que el único derecho laboral para los trabajadores en activo era el de cobrar una indemnización -incluso acrecentada con bonos de oportunidad para quienes se liquidaran de inmediato-; y un año y medio después la promesa de recontratación por la Comisión Federal de Electricidad -una opción doblemente inviable para los trabajadores veteranos, que perderían su antigüedad y no tienen posibilidades prácticas de integrarse a la empresa que, en los hechos, absorbió a LyF- es virtualmente inexistente. No por razones ideológicas sino por mera subsistencia, la lucha de los electricistas es por que se reconozcan integralmente sus derechos, desde luego el de sindicalización, pero también el de reconocimiento de antigüedad y sus prestaciones, lo que sólo puede lograrse manteniéndose activos hasta la jubilación.
La otra cara de la moneda de la “comprobada ineficiencia operativa” de Luz y Fuerza -que, además, se adjudicó no a sus administradores sino a sus trabajadores y sindicato- se encuentra en el siguiente dato: de acuerdo con la evaluación realizada por la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados, que investiga las denuncias de corrupción en la Comisión Federal de Electricidad, esta empresa generaba al comienzo del sexenio de Vicente Fox 192 mil 500 gigavatios/hora (Gv/h) al año, mientras que en 2009 ese indicador se redujo a 157 mil. En mismo periodo, los productores de energía privados incrementaron su participación en la generación de 13 mil Gv/h a 106 mil, lo cual representa ya la mitad de la producción nacional (La Jornada, 3 de marzo de 2011). Se cumple silenciosa pero puntualmente la transferencia del sector eléctrico al sector privado, al cual ahora la CFE compra la energía que luego distribuye particularmente a las empresas (el sector más rentable y seguro), mientras ella misma continúa abasteciendo las necesidades de los hogares.
De acuerdo con la misma fuente legislativa, a finales de 2009 las termoeléctricas de empresas en su mayoría trasnacionales (la española Iberdrola, EDF International, Unión Fenosa y Mitsubishi, entre otras), contaban con un potencial de generación de once mil 500 megavatios, equivalentes a 22.8 por ciento de la capacidad eléctrica del país. Los altos costos de la energía se explican por las dificultades de interconexión con la red de transmisión de la CFE y por el hecho de que prácticamente la totalidad de la generación se efectúa con gas, un combustible cuyo precio se incrementa constantemente debido a las políticas presupuestales del gobierno federal. Recordemos también que hasta octubre de 2009 la CFE vendía a Luz y Fuerza la mayor parte de la energía que ésta distribuía (puesto que de años atrás se le había impedido generarla) a precios más altos que los que la Secretaría de Hacienda fijaba para su venta al menudeo a los consumidores particulares. La inviabilidad financiera de la empresa fue un destino prescrito y ejecutado por la política del gobierno federal por lo menos durante una década.
Los trabajadores del SME saben esto. Saben que la clausura de su fuente de trabajo es parte de la privatización dispuesta para el sector eléctrico, contraviniendo incluso mandatos constitucionales, y que mucho se les ha culpado de hechos de los que, en rigor, no son responsables ni ellos ni su sindicato.
Está por investigarse si la quema de cuatro vehículos (cuyo costo no es para nada comparable con el de los 18 meses de desempleo y resistencia para los 16 mil obreros que se mantienen en la lucha) fue obra de los mismos manifestantes o de instigadores infiltrados en la movilización del 11 de abril; un dato aportado por el secretario general del SME Martín Esparza puede llegar a ser relevante: se trataba de vehículos propiedad de los mismos trabajadores electricistas. Pero desde ya algo resulta evidente: al llegar los manifestantes, muy temprano por la mañana a la sede de lo que fuera durante un siglo su fuente de empleo, no encontraron al igual que en la Secretaría de Gobernación y en el Zócalo donde mantienen un plantón, el ofrecido y hasta ahora incumplido o infructuoso diálogo con las autoridades federales, sino sólo barreras metálicas y batallones de granaderos. El “espíritu de protesta” y la “exigencia del cambio” de la que escribió Flores Olea están, en medio de la situación límite que los representantes del poder estatal han esbozado para el país, impregnados de desesperación. Son la desesperación popular y la tozudez de los gobernantes en el riguroso cumplimiento de los designios del capital lo que está colocando al país al borde del estallido social. Realmente ciego estará quien no lo vea.