Eduardo Nava Hernández
El eterno problema del transporte
Miércoles 5 de Enero de 2011
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El 29 de diciembre pasado, ya entrado el periodo vacacional, cubiertos los aguinaldos (para quienes aún pueden tener acceso a esa prestación) y desmovilizada parcialmente la sociedad, la Comisión Coordinadora del Transporte (Cocotra) prescribió a los michoacanos un incremento del 20 por ciento en el costo de los pasajes. Adelantó esta dependencia gubernamental la inminente y siempre crítica cuesta de enero con la más inmediata y visible contribución del gobierno estatal al empobrecimiento de las familias michoacanas, en su gran mayoría usuarias de los servicios públicos de transportación.
La justificación para este golpe a la economía popular no podría ser más simple y carente de sensibilidad. Dice el titular de la dependencia, Antonio Lagunas Vázquez, que todo se reduce a que han subido los combustibles, obvia materia prima de la transportación, y que si alguien tiene inconformidad con el alza, debe “atacar el problema de raíz” oponiéndose al incremento en las gasolinas y el diesel (Cambio de Michoacán, 5 de enero de 2011).
Es cierto que en los costos del transporte intervienen factores que escapan al control de las autoridades locales, entre ellos destacadamente el precio de los insumos como los combustibles que mueven a los vehículos. México, país productor de petróleo, paga con la importación de gasolinas -y, por tanto, con la obsesión de la Secretaría de Hacienda de “igualar” su precio en el mercado interno con los del mercado internacional- la improductividad de la industria petrolera y el rezago acumulado durante casi tres décadas en el desarrollo de la infraestructura de refinación que el país necesita. Los dólares que ingresan al país por la venta de crudo vuelven a irse, al menos en parte, en la compra de productos refinados; y por si eso fuera poco, ahora se pretende que paguemos las gasolinas a los mismos precios que lo hacen los consumidores de los Estados Unidos, Canadá o la Unión Europea (nuestros principales socios comerciales) o de países que carecen por completo de fuentes de abasto petrolero y tienen que importar el cien por ciento de su consumo. Como es sabido por todos, hasta el momento no se ha iniciado siquiera la construcción de la refinería que Felipe Calderón prometió para este sexenio y por la cual metió a diversos gobiernos estatales (entre ellos al de Michoacán) al perverso juego de competir para ganar la sede de tan importante obra.
Pero, fracasos del gobierno nacional aparte, el problema del transporte en Michoacán de ninguna manera puede reducirse a ajustar al alza las tarifas cada vez que suben los costos de las gasolinas, y menos, como se ha hecho esta vez, aprovechando las vacaciones y fiestas de fin de año. Los ciudadanos, esta vez literalmente, de a pie, sólo saben de la funesta Cocotra cuando se aplican los incrementos que agreden sus condiciones de vida.
El problema del transporte en Michoacán es estructural. Y lo es porque las sucesivas administraciones que el Estado ha tenido, al menos desde 1986 a la fecha, no han desarrollado una política para el sector. Recordemos cómo entonces se revirtió la estatización del transporte que, así fuera sólo en Morelia, había ensayado el gobernador Cuauhtémoc Cárdenas. Hace apenas unas semanas, un reportaje de Patricia Monreal en este diario, a partir de un estudio elaborado en la Universidad Michoacana, presentaba un abrumador diagnóstico del sistema de transporte que padecen los michoacanos: “Congestionamiento y demoras, contaminación, recorridos sinuosos, largos tiempos de recorrido, saturación de rutas, zonas sin servicio, deficiencia de rutas, invasión, trayectorias no autorizadas, bajos niveles de confort, y altos costos de operación y sociales” (Cambio de Michoacán, 11 de noviembre de 2010). En una palabra, caos.
¿A cuál de esos problemas se ataca, habría que preguntar al titular de la Cocotra, con el 20 por ciento de incremento que nos acaban de asestar? La malhadada comisión que encabeza el señor Lagunas no ha podido reordenar las rutas, promover la renovación de las unidades, proteger los derechos de los pasajeros y de los trabajadores del volante; pero sí es expedita para conceder el mayor beneficio a los concesionarios del transporte. El alza de la gasolina en el año recién terminado no llegó al seis por ciento, mientras que el alza a los salarios mínimos fue de apenas poco más de cuatro por ciento, que se traducen en unos dos pesos y centavos. En dos viajes -ida y vuelta- de un solo miembro de la familia se consume casi la totalidad del incremento recibido, por no hablar aquí de otras alzas que están padeciendo en particular los michoacanos: más del seis por ciento en tarifas de agua e impuesto predial. Se puede aducir que pocas familias se sostienen con un solo salario mínimo; pero lo cierto es que dos terceras partes de éstas no llegan a los tres salarios mínimos como ingreso. En la práctica, el 20 por ciento se traduce automáticamente en un incremento de la misma magnitud a las cuotas diarias que los choferes pagan a los propietarios de las unidades, pero no en una mejora del sistema de transporte.
No es sólo el que se deba buscar destinar subsidios y economías al sector, sino que éste debe ser reorganizado estructuralmente para buscar salidas integrales. Hace falta introducir unidades más grandes y confortables, manejar el pasaje mediante sistema de boletaje y, en el caso de los taxis, de taxímetro, a fin de dar seguridad y certezas a los pasajeros, volver a trazar las rutas conforme a las necesidades concretas del medio urbano o suburbano, sacar de circulación las unidades que más contaminan o están obsoletas, afiliar a todos los trabajadores al sistema de seguridad social, dotar a todas las unidades con seguro de viajero, etcétera. Es decir, que la multimencionada comisión sea realmente un órgano regulador y no sólo de elevación de tarifas. Los michoacanos pagan un transporte muy caro y de bajísima calidad, y eso es en gran medida responsabilidad de las autoridades.
El gobierno de Michoacán es rehén de grupos de interés bien identificados, en este caso, los transportistas, ya estén éstos organizados con el PRI o el PRD, que, como otros, hacen valer su interés particular por sobre el interés más general. No hay una política de defensa de la economía popular sino un cálculo de costos políticos. Y ya está aquí una difícil cuesta de enero… y de todo 2011.

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