Eduardo Nava Hernández
UM: pasmo, farsa y retroceso
Miércoles 1 de Diciembre de 2010
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Como si se tratara de una metáfora de la realidad política del país o de un modelo a escala de la misma, la Universidad Michoacana llega a un nuevo proceso de renovación de su Rectoría en medio de la crisis moral, el inmovilismo y las huellas de una transición democrática que no pudo arribar a buen puerto o fue desviada por intereses de naturaleza inconfesable. Lo que empezó en 1984, bajo el rectorado del doctor Cuauhtémoc Olmedo Ortiz, con el debate en el Consejo Universitario de una nueva Ley Orgánica que recuperara para los universitarios el ejercicio de prácticas democráticas, ha desembocado 26 años después en la frustración de la democracia y en la simulación. Paradojas de la vida -y de la política-, ha correspondido al propio ex rector Olmedo, ahora en su condición de presidente de la Comisión de Rectoría, descabellar las aspiraciones de los universitarios de una institución moderna, participativa y acorde con su antigua tradición histórica, de talante crítico y popular.
La Ley Orgánica vigente, promulgada por el gobernador Cuauhtémoc Cárdenas en febrero de 1986, como resultado, en lo fundamental, de los consensos logrados en la comunidad universitaria a través de su consejo, recogió en su espíritu las aspiraciones de participación democrática -si bien se trata de una democracia representativa- de la comunidad nicolaita. La norma depositó la autonomía de la institución en la comunidad universitaria, constituida por alumnos, profesores y trabajadores administrativos, estableció la obligación de la institución de “alentar en su vida interna y en su proyección hacia la sociedad las prácticas democráticas”, suprimió a la antigua Junta de Gobierno como supremo órgano de conducción de la vida universitaria y colocó en su lugar al órgano representativo de dicha comunidad, el Consejo Universitario, como instancia encargada de elegir a las autoridades ejecutivas de la institución, empezando por el rector. Como se sabe, la reforma del 18 de octubre del mismo año, impulsada por el gobernador Martínez Villicaña y el secretario de Gobierno, Genovevo Figueroa Zamudio, arrebató a ese órgano representativo la facultad de designar rector y la transfirió a un instrumento sui géneris, la llamada Comisión de Rectoría, integrada predominantemente por ex rectores representativos en su totalidad del viejo régimen emanado de la represión arriaguista de 1966, es decir, del orden político que se aspiraba a superar.
Desde esa fecha han desfilado por la Rectoría de la Universidad Michoacana personajes de dudosa calidad académica e incluso moral, políticos logreros y representantes de los partidos que se han sucedido en el poder del Estado, todos ellos designados desde las altas esferas del poder público y a espaldas de la comunidad que, en la letra de la ley, sigue siendo depositaria de la autonomía. Desde entonces, también, la reforma democrática de la Universidad se pasmó o fue remitida al limbo. Prueba de ello, el Estatuto Universitario y varios reglamentos rectores de la vida institucional no han sido adecuados, ¡en 24 años!, a la ley vigente. También 24 años después, los beneficiarios de esa reforma antidemocrática tienen en sus manos, junto con los elementos supervivientes de la era arriaguista, la decisión sobre los destinos de la institución universitaria, designando desde la Comisión de Rectoría al nuevo representante de la institución.
Así, la UM llega al proceso de renovación de la Rectoría en medio de una profunda crisis moral que abarca al conjunto de sus órganos de dirección. Hace cuatro años, la designación de la doctora Silvia Figueroa Zamudio dio lugar a conflictos que se ventilaron en los tribunales federales y culminaron en una dudosa resolución de la Suprema Corte de Justicia que dejó de lado el fondo de la cuestión, el del usufructo de la autonomía por un órgano constituido mayoritariamente por individuos en la práctica externos a la comunidad universitaria. Sin reforma ni actualización jurídica relevante, sin avance en las prácticas democráticas que debería alentar, envuelta en constantes conflictos académicos, políticos y por la designación de autoridades y con un elevado porcentaje de éstas en la irregularidad -los llamados encargados de dirección, inexistentes en la ley, pero que con extrema frecuencia se eternizan en sus funciones y ejercen la prerrogativa de votar en el Consejo Universitario, enajenando este órgano a los sectores supuestamente representados-, la Universidad se apresta a contemplar cómo la comisión mencionada designa el próximo 8 de enero a su próximo rector.
La novedad es que, en fecha reciente, la Comisión de Rectoría ha “reformado y adicionado” su reglamento interno, mismo que ha dado a conocer a los integrantes del Consejo Universitario. En él se declara “depositaria del ejercicio de autonomía de que goza la Universidad Michoacana, conforme a la fracción VII del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, pese a que dicha fracción no confiere la autonomía a las instituciones de educación superior sino deja esa potestad a las leyes secundarias -en este caso, la Ley Orgánica de la UM-. Pero lo peor es que, clarificando por primera vez el procedimiento a seguir en la designación del rector, el reglamento establece (artículo 12) que: “La comisión aplicará lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Universidad […] sin formular convocatoria cual ninguna, ni alentará ni provocará ni aceptará por bien de la Universidad, ningún procedimiento electoral ni similar a lo electoral, procedimientos ajenos a la vida académica de nuestra máxima casa de estudios; menos aún aceptará movilizaciones y campañas mercantiles, propaganda comercial, gastos publicitarios”.
Y en el artículo 13 de su ahora por primera vez conocido reglamento, la comisión dispone que “antes del nombramiento y/o designación del rector definitivo, esta comisión recibirá y tomará en cuenta todas las opiniones que en forma escrita le envíen los miembros del Honorable Consejo Universitario a favor de alguna persona o personas para dicho cargo, que reúnan los requisitos de la ley”. El órgano de gobierno universitario también especifica que tomará en cuenta en la designación a todo el que reúna los requisitos de ley y “una vez designado se le citará para su aceptación y protesta ante esta comisión. Efectuado lo anterior, se convocará a la comunidad universitaria para, en ceremonia pública, dar a conocer el nombramiento de rector, a efecto de que tome posesión del cargo, en ese acto, el designado”.
Veintiséis años después de iniciada la democratización de la Universidad, la Comisión de Rectoría ha logrado, seguramente con la aquiescencia de otras autoridades, convertirla en una farsa. No es sólo que esa comisión se erija, sin serlo, en un órgano normativo al establecer por sí misma el procedimiento de la auscultación, como sucedánea ésta de la participación democrática de la comunidad, sino que lo hace a través de prácticas virtualmente secretas y ajenas al espíritu de democracia aún subsistente en la ley. Al no emitir convocatoria pública alguna, ni fijar plazos ni domicilio para su funcionamiento, dejará todo el procedimiento a la espontánea participación no de la comunidad sino de los consejeros universitarios que quieran -y puedan, en algún lugar indeterminado- hacerle llegar sus opiniones. Finalmente, a la usanza de un cónclave papal, decidirá a puerta cerrada, tomará protesta al nuevo rector -para lo cual tampoco la faculta la ley- y anunciará su decisión con humo blanco a la comunidad universitaria y a la sociedad. ¡Qué bella democracia!
Nuevos conflictos se anuncian para los inicios de 2011 en la Universidad Michoacana. Si la designación anterior resultó altamente polémica, la que viene lo será más. La comunidad universitaria no soporta ya otra imposición tejida a sus espaldas por un órgano que no rinde cuentas a la misma y hasta se arroga la facultad de normar la vida interna universitaria, que corresponde por definición al Consejo Universitario. De hecho, todo integrante de éste que esté dispuesto a hacer llegar a la mencionada comisión sus “opiniones” estará cohonestando el retroceso y degradación política de la institución en que la han sumido por medio de la simulación. Deberíamos todos los universitarios, comenzando por los representantes en el consejo, dejar que sea la sola comisión, sin legitimidad ni consenso, la que asuma la entera responsabilidad de la designación que de todas maneras hará en beneficio de quién sabe qué intereses.

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