Eduardo Nava Hernández
La Universidad Michoacana en su laberinto
Miércoles 10 de Noviembre de 2010
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El inminente relevo en la rectoría de la Universidad Michoacana obliga a los universitarios y a la sociedad en general a la reflexión a propósito del momento en que esa institución se encuentra, sus avances y ataduras en la etapa reciente y su proyección en el futuro inmediato. Esa reflexión atraviesa la amplia entrevista que recientemente hizo Samuel Ponce a la rectora Silvia Figueroa Zamudio, y que se publicó en Cambio de Michoacán el pasado 3 de noviembre; pero es necesario ir más allá de las apreciaciones que la principal protagonista de la vida universitaria tiene de su propia gestión para enriquecer el balance y la perspectiva de una institución tan compleja.
Sin negar que existan áreas del quehacer universitario que se han fortalecido y consolidado en los últimos periodos rectorales, es necesario ubicar el papel que desempeña la UMSNH en su contexto social actual y el que tendría que cumplir para satisfacer las expectativas de la propia sociedad local. Encontraríamos que, al respecto, la universidad adolece de serias deficiencias que, desafortunadamente a muy corto plazo, y sobre todo en el aspecto presupuestal, podrían colocarla en una encrucijada de difícil resolución. El mayor riesgo para los universitarios -y, al parecer, hay quienes se han visto tentados a correrlo- es el de operar transformaciones verticales, de corte autoritario, que se traduzcan en la regresión en aspectos básicos de la convivencia universitaria. Me refiero, por supuesto, a que sobre la base del actual esquema autoritario con el que se define la rectoría se profundice la dependencia política de la institución con respecto de los órdenes de gobierno y se apremien reformas regresivas tanto en el propio aspecto político como en el académico y social.
Mi visión personal de la Universidad Michoacana es que ésta se ha venido escindiendo crecientemente en el aspecto académico en al menos dos, y quizás tres niveles claramente diferenciados, que no le permiten avanzar coherentemente como una institución única. Está, por una parte, una universidad que ha registrado importantes avances en pos de la excelencia, que ha arrojado resultados y obtenido merecidos reconocimientos en la docencia y la investigación. Son los institutos de investigación y algunas facultades que hoy cuentan con investigadores de alto nivel y postgrados reconocidos nacional o internacionalmente y dan lustre a la institución en los más diversos foros académicos. En contraste, hay otras dependencias que no logran aún despegar y que muestran un claro rezago con respecto de las primeras. Podría señalarse, inclusive, un tercer nivel, integrado fundamentalmente por el bachillerato, en el que los avances han sido prácticamente nulos en los últimos cinco lustros y en el que se reproducen los peores vicios administrativos, laborales y académicos. Varias preparatorias de la universidad están copadas por grupos políticos que deciden la contratación de docentes, se reproducen como clanes, ejercen presión y aun chantajean a las autoridades universitarias, copan direcciones y se constituyen en verdaderos poderes fácticos al interior de la institución. Ninguna reforma se ha operado en los planes de estudio del bachillerato desde los años 80.
Entre los asuntos que el próximo rectorado tendría que atender, si ha de responder a las necesidades de la sociedad michoacana y la institución, vislumbro los siguientes:
1. La reforma jurídica. Ésta implica -la propia rectora Figueroa lo reconoce en la citada entrevista- revisar la Ley Orgánica de la Universidad, el obsoleto Estatuto (que data de 1963) y el conjunto de los reglamentos que no han sido actualizados. No puede ser sino a través de un proceso democrático que incorpore a la comunidad como conjunto, y no únicamente al Consejo Universitario, un órgano en general más proclive al poder que a la vinculación con los sectores supuestamente representados. En particular, es necesario recuperar la potestad autónoma de la comunidad en la designación del rector, hoy negada por la existencia de la Comisión de Rectoría.
2. La integración académica. Se ha venido apostando a la obtención de acreditaciones expedidas por instancias externas, inclusive de carácter privado, para la obtención de recursos extraordinarios que vengan a complementar los ingresos corrientes de la universidad. Sin embargo, ese mecanismo ha implicado ampliar la brecha entre las distintas dependencias universitarias, en detrimento de las que no han podido o incluso no están en condiciones a corto plazo de lograr ese tipo de reconocimientos. Amén de la aceptación implícita de la violación a la autonomía universitaria que ese tipo de evaluaciones llega a representar, pues los títulos otorgados por la Universidad deben tener plena validez legal, sin condicionamientos, las también llamadas certificaciones se ven contrarrestadas en la práctica docente por el desmesurado crecimiento del personal académico interino, permanentemente en situación de desventaja frente a los trabajadores definitivos. La precariedad de un sector de la planta docente, que podría rebasar un tercio del total y que representa el segmento más vulnerable y susceptible de manipulación por las autoridades, pone en cuestión los logros académicos de la institución.
3. La burocratización. El fenómeno anterior se acompaña del crecimiento, también aparentemente desmedido, de los trabajadores administrativos, cuyo número ya es equiparable al de los académicos. Es visible en cada dependencia el abultamiento de la nómina administrativa en una proporción quizás injustificada, lo que hace necesario un reordenamiento de ese sector. El paro del pasado 9 de noviembre por el sindicato de empleados, como una mera demostración de fuerza frente a las autoridades centrales, es tan sólo una muestra de la creciente politización del sector laboral administrativo en sus prácticas cotidianas.
4. La reglamentación de las casas estudiantiles. Éstas han tenido en la presente década un crecimiento desordenado y carente de toda planificación. He sido y seré siempre un defensor de la función asistencial que la universidad despliega generosamente hacia los estudiantes de escasos recursos; pero es necesario, en aras de preservar los albergues universitarios -cuya tradición podríamos remontar a los mismísimos hospitales de Vasco de Quiroga- dotar a la institución de una reglamentación única, democráticamente convenida, y que en lo particular le permita recuperar la administración centralizada sobre esas dependencias -lo son desde su reconocimiento en la Ley Orgánica de 1986-, evitando que se conviertan en puntos de fuga presupuestal o incluso de corrupción.
5. La atención al tema de las jubilaciones. Y no se trata aquí de menoscabar los derechos ya ganados por los trabajadores académicos y administrativos, sino de la búsqueda de alternativas que permitan su ejercicio sin cortapisas pero sin que se conviertan en una carga financiera excesiva para la institución. Los sistemas de estímulos y retención para prevenir las jubilaciones tempranas siempre serán una mejor opción que las nuevas contrataciones derivadas de aquéllas.
Son sólo los problemas más visibles que tendría que enfrentar el nuevo rector a partir de la segunda semana de enero de 2011, cuando se espera la designación del nuevo representante de la universidad. Desde luego, tanto en el ámbito político como en el académico y financiero, habrá siempre otros requerimientos; pero lo fundamental es un ejercicio democrático, incluyente y planificado de la mayor prerrogativa de que dispone la UMSNH, y que tendría que ejercer a plenitud: su autonomía.

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