Eduardo Nava Hernández
1810: la insurrección popular
Domingo 26 de Septiembre de 2010
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Diversos comentaristas han puesto el dedo en la llaga al señalar que el actual gobierno de la República se ve en la encrucijada de celebrar, en el centenario de la Revolución Mexicana, un acontecimiento cuyo significado histórico-social y cuyos resultados no comparte. Siendo el PAN un partido que nació para oponerse a las reformas económicas y sociales del cardenismo como único esfuerzo consistente que fue por convertir en actos los postulados de la Constitución de 1917, el segundo gobierno que de él ha derivado encuentra comprometedor evocar figuras como Emiliano Zapata, Francisco Villa, Felipe Ángeles, Múgica y muchas otras que significaron la ruptura del orden armónico alcanzado en el porfiriato y trazaron para el país una senda de desarrollo popular que les es ajena.
Por eso se pensaba que en el presente año el gobierno de Calderón cargaría el peso de las conmemoraciones en el Bicentenario de la Independencia, que en apariencia, como lucha de liberación nacional con un desenlace conservador que fue, resultaba menos incómoda para la ideología del panismo. Pero lo que hemos visto en los tiempos recientes, incluyendo los festejos del 15 y 16 de septiembre, ha sido el esfuerzo sostenido por vaciar incluso a la gesta independentista de su significado histórico y presentarla como la mera evocación de un conjunto de personajes y acontecimientos descontextualizados que dan pretexto para una celebración con actos circenses, carros alegóricos, fuegos artificiales y baladistas de moda. El gobierno del PAN celebró con la que al parecer, es la única cultura que les es asequible a sus actuales generaciones: la de la televisión y el comercialismo.
Y es que incluso la guerra de Independencia, en su contexto real y en su significación histórica, es una página difícil de asimilar para el pensamiento conservador, pro imperialista y casi siempre clerical que el grupo actualmente en el poder ostenta. Es seguro que esa mentalidad reactiva se identifica mucho más con la consumación de la Independencia en 1821 que con el Grito de Dolores, como lo muestra el hecho de que, siendo presidente del PAN, en 1996, encabezó una ceremonia del Grito en la Columna de la Independencia en la que vitoreó, junto a Hidalgo y Morelos, a Agustín de Iturbide. En cambio, difícilmente se ve que el grupo gobernante pueda celebrar el levantamiento popular que en 1810 encabezó Miguel Hidalgo contra el orden de desigualdad social y explotación que encabezaban los comerciantes de la Ciudad de México, los grandes mineros y hacendados y el alto clero de la Nueva España.
Mientras que Hidalgo, y luego Morelos, Mina y Guerrero, representan al pueblo en armas, Iturbide -a la postre usufructuario de la larga lucha insurreccional y de resistencia de los insurgentes- es el defensor de un orden de injusticia y luego el consumador de una independencia antiliberal urdida por el conservadurismo novohispano para impedir que en este lado del Atlántico tuviera vigencia la Constitución de Cádiz de 1812, restaurada en 1820 por la lucha de Rafael del Riego.
Hidalgo se pone a la cabeza de las masas insurrectas (campesinos acasillados, comuneros, jornaleros del campo y de las minas) y con ellas decreta progresivamente diversas medidas de corte popular y libertario: la abolición de la esclavitud, el reparto agrario, la supresión de los tributos y gabelas que pesaban sobre la empobrecida economía indígena y la extinción de los estancos o monopolios reales del tabaco, la pólvora y el papel sellado. Hidalgo incluso humilla a los ricos que caen en sus manos, como ocurre con el Conde de Riz en su triunfal entrada a Valladolid, en octubre de 1810. Se fue configurando, así, un efímero proyecto de poder popular que no fue recogido por el Congreso de Chilpancingo ni por la Constitución de Apatzingán, a pesar del esfuerzo de Morelos por prefigurarlo en sus Sentimientos de la Nación. Tras la captura y fusilamiento del Siervo de la Nación, ese proyecto fue reencauzado hacia posiciones más aceptables e incluso convenientes a los intereses de los sectores criollos dominantes, o fue reducido a los débiles focos de intransigencia que representaban Pedro Moreno, Guerrero y Guadalupe Victoria.
Es claro que no fue la insurrección popular la que triunfó en la guerra de Independencia, sino una alternativa negociada que mejor supo aprovechar la oligarquía iturbidista. La nueva nación surgió con una impronta conservadora de la que sólo la abolición de la esclavitud fue un logro neto para las masas populares.
En 2010 se puede evocar un concepto abstracto de independencia nacional que ni siquiera se compadece con la realidad actual, o pensar la gesta iniciada por Hidalgo como un episodio de liberación protagonizado por las masas empobrecidas en contra de sus explotadores de cualquier origen nacional, como una lucha de clases que partía de la situación de división prevaleciente en la sociedad colonial y que se expresaba en el decreto de confiscación de bienes que establecía: “Deben tenerse como enemigos todos los ricos, nobles y empleados de primer orden y apenas se ocupe una población se les deberá despojar de sus bienes para repartirlos por mitad entre los vecinos del pueblo y la Caja Militar… En el reparto de los pobres se procurará que nadie enriquezca y todos queden socorridos. No se excluyan de estas medidas ni los muebles, alhajas o tesoros de las iglesias… Deben derribarse las aduanas, garitas y edificios reales, quemarse todos los archivos, excepto los parroquiales, y quemarse los efectos ultramarinos, sin perdonar los objetos de lujo, ni el tabaco. Deben ser también inutilizadas las oficinas de hacendados ricos, las minas y los ingenios de azúcar sin respetar más que las semillas y alimentos de primera necesidad”.

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