Eduardo Nava Hernández
El mensaje presidencial y el de la muerte
Miércoles 8 de Septiembre de 2010
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Informar es el acto de enterar de algo a alguien –una persona u organismo- o hacerle una relación de hechos. En México el informe presidencial, como la obligación del jefe del Ejecutivo de comparecer ante el Congreso para rendir cuentas de su acción a lo largo del año, quedó establecido en la Constitución de 1857. “A la apertura de sesiones del Congreso asistirá el presidente de la Unión y pronunciará un discurso en que manifieste el estado que guarda el país”, decía el ordenamiento agregando que “el presidente del Congreso contestará en términos generales”. Pero en realidad, la tradición de la comparecencia del presidente venía de mucho antes, desde que Guadalupe Victoria, sin estar obligado constitucionalmente, se presentó en 1825 a la apertura del periodo de sesiones del Congreso y habló de las dificultades económicas que enfrentaba su incipiente gobierno y de los modestos logros obtenidos en el balance de las finanzas públicas. Desde entonces, todos los presidentes republicanos, y siempre que las condiciones internas lo permitían, siguieron su ejemplo y acudieron frente a los legisladores a establecer el diálogo entre poderes.
Felipe Calderón es el primer gobernante que, sin estar el país en guerra civil (¿o lo está?) y sin una invasión extranjera, evita la comparecencia frente al Legislativo. Aun Vicente Fox acudió a la cita en su último año de gobierno, el 2006, si bien ocupando militarmente el edificio sede de la Cámara de Diputados. No pudo llegar a la tribuna por la ocupación de los opositores denunciando el fraude electoral de ese año; entregó en el vestíbulo el escrito de su comparecencia y se fue. Pero lo intentó.
En cambio, una malhadada reforma constitucional convenida entre panistas y perredistas ha permitido a Calderón eludir la comparecencia desde 2007 y hacerse presente sólo a través de su emisario, el secretario de Gobernación en turno. La rendición de cuentas a su par, el Poder Legislativo, ha sido sustituida ahora por un acto no protocolario de “mensaje” presidencial rendido ante los invitados del Ejecutivo. Y lo dicho ha sido de tal manera intrascendente que los grandes problemas del país son ignorados o disminuidos con anuncios distractores acerca de cambios tecnológicos en las telecomunicaciones.
El informe del estado que guarda el país lo habían dado ya los hechos reales. Unos días antes, la matanza de 72 migrantes centro y sudamericanos había desnudado con toda su crudeza lo que la administración calderonista es: un gobierno atravesado por la descomposición y la ineficiencia, desafiado cotidianamente por los grupos delincuenciales que controlan porciones considerables de territorio y que confían en su impunidad para actuar.
En la masacre han confluido la corrupción de las autoridades migratorias de la frontera sur, el desprecio y vejación a los extranjeros, la indiferencia frente a la violación de los derechos humanos, la realidad de una cadena de explotación que atraviesa de sur a norte la llamada ruta del Atlántico entre Tapachula o algún otro punto fronterizo entre México y Guatemala y Tamaulipas, la ausencia (o peor, complicidad) de las fuerzas militares y de la Policía Federal desplegadas en un territorio ya antes diagnosticado crítico, como ese estado fronterizo. La matanza de San Fernando había puesto ya sobre el tapete las limitaciones del poder público y la descomposición de sus representantes.
El testimonio del migrante ecuatoriano sobreviviente habla de que los sicarios, al parecer integrantes de Los Zetas, querían obligar al grupo de extranjeros a unirse a ellos. Al negarse, los masacraron. Otra realidad es la de los secuestros de este grupo de población vulnerable. Las estimaciones hablan de que cada año 20 mil trabajadores migrantes centro y sudamericanos son secuestrados en territorio mexicano por delincuentes que se ponen en contacto con sus familiares para exigirles rescates de entre mil y cinco mil dólares por cada uno. A veces han sido asesinados como escarmiento o para presionar a otros a pagar a quienes su condición de ilegales en nuestro país los coloca en el desamparo. Desde 2009 la Comisión Nacional de Derechos Humanos publicó su informe Bienvenidos al infierno de los secuestros, donde relataba la situación de los migrantes centroamericanos de paso por nuestro país. La otra cara de la moneda es que esos actos delictivos no serían posibles sin la complicidad de las autoridades migratorias de algún nivel. Ello no obstante, no se ha iniciado, hasta donde se sabe, ninguna investigación interna en el Instituto Nacional de Migración cuya directora, una renombrada panista, sigue bien firme en el puesto.
La matanza de San Fernando vuelve a actualizar la caracterización de nuestro país como un Estado fallido. Noam Chomsky ha definido a los estados fallidos como una estructura de poder cada vez más divorciada de las necesidades de la sociedad y cada vez más incapaz de garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Y no hay que olvidar que desde 2005 la revista especializada Foreign Policy había incluido a México entre los estados fallidos de Latinoamérica, a partir de un estudio de doce indicadores sociales, económicos, políticos y militares, elaborados por la Fundación Fondo para la Paz. El tema de la seguridad, tanto interna como de las fronteras, pasa por esta definición, en la que México ha vuelto a quedar en evidencia por la incapacidad de su gobierno para actuar con eficacia frente a los poderes fácticos delincuenciales y otorgar garantías a sectores vulnerables como los de los trabajadores itinerantes.
Contrastar el mensaje de Calderón con el que envía la delincuencia organizada es apreciar la distancia entre un discurso político legitimador y la faceta más oscura de una realidad, negada o desestimada pero persistente y que de manera ineludible involucra sectores de los propios poderes públicos.

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