Eduardo Nava Hernández
Desincorporación o interés público
Jueves 3 de Junio de 2010
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La declaración no tiene desperdicio. No. Ahí está, para la posteridad. El secretario de Desarrollo Económico del gobierno de Michoacán, Isidoro Ruiz Argáiz, dijo: “La desincorporación de La Palma da más certeza a los inversionistas y a la propia administración gubernamental sobre lo realizado en las 444 hectáreas en cuestión”.
De lo que se trata, entonces, es de dar “certeza” a los inversionistas y no de cumplir con la Constitución de la República. Eso lo explica todo.
Pues sí, nada da más “certeza” al capital privado que la apropiación privada. Y los mexicanos hace rato -por lo menos desde los sexenios de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas- que aprendimos lo que “desincorporación” significa: venta al capital privado y, por tanto, renuncia del Estado sobre los bienes antes de la nación. Más claro ni el agua.
Lo que sí, eso se esperaba de una administración panista, no de una perredista. Porque en este caso “los inversionistas” son una empresa extranjera, no ciudadanos mexicanos, no votantes michoacanos. Nunca estuvo en la plataforma electoral ni en el plan de gobierno que una administración elegida por los michoacanos fuera para servir a “los inversionistas” ¿O sí?
Bueno, el funcionario en cuestión no parece sentirse obligado a saber que de lo que se trata es de dos concepciones diferentes del Estado y de la nación. Una que pondera como única vía de desarrollo el capital privado -no importa si nacional o extranjero- y otra que prioriza el interés nacional y popular. De eso se trata en el caso La Palma. Desechada, entonces, la posibilidad de crear una empresa nacional que arriende a los extranjeros los terrenos para el tráfico comercial, de lo que se trata es de entregar terrenos nacionales a los intereses extranjeros.
Con la misma argumentación que ahora Ruiz Argáiz nos espeta se impuso en 1892 el Código Minero que transformó la propiedad del Estado mexicano en asunto privado. Recordemos que para dar “certeza” a los inversionistas nacionales o extranjeros, el Estado abdicó entonces de los derechos de propiedad que había hasta entonces mantenido sobre los yacimientos minerales y los entregó a los adquirientes de terrenos en cuyo subsuelo hubiera yacimientos minerales o petroleros. Fue necesaria una revolución que revocara ese ordenamiento e inscribiera en al artículo 27 constitucional la propiedad nacional sobre esos yacimientos y que estableciera en definitiva que la propiedad original de las tierras y aguas comprendidas dentro del territorio nacional corresponde a la nación, la cual puede dar a la propiedad privada las formas que dicte el interés público. No es la certidumbre a los inversionistas sino el interés público lo que, en términos constitucionales, debe prevalecer. Por tanto, no hay forma de propiedad que dé más certeza a ese interés que la pública.
“Desincorporar” es, según el diccionario, “separar lo que estaba incorporado”. E “incorporar” significa formar parte de un cuerpo, en este caso el de la nación. Es claro que la privatización dé certeza a los capitalistas; pero ¿Por qué también a la administración gubernamental de Leonel Godoy?
Razones económicas hay para que La Palma sea el asiento de un importante patio de maniobras que convierta a Lázaro Cárdenas en el más importante puerto comercial del país, con proyección a la Cuenca del Pacífico. Pero ni su desincorporación ni el comodato que proponen los diputados del PRI responden al interés público, sino al privado. De lo que se trata aquí, como en muchas otras ocasiones, es que los intereses privados, los de Kansas City Southern, se impongan sobre el interés público y el nacional.
El gobierno de Michoacán podría ser propietario de un importante patio de maniobras arrendado a la empresa ferroviaria, y con ello beneficiarse de la renta y de la certidumbre de la propiedad estatal. Se trataría de un beneficio directo para el propio Estado, para los michoacanos y para la región, y no exclusivamente para la empresa KCS, a todas luces la única favorecida con el esquema de desincorporación de 444 hectáreas (de las cuales se le asignarían 181) planteado por el gobierno estatal cumpliendo compromisos adquiridos con anterioridad.
Con los votos de los diputados del PRD y del PAN, sin embargo, la desincorporación -en realidad, desnacionalización- es casi un hecho. Ojalá que ese esquema pudiera revisarse no con la prevalencia del criterio de certidumbres al capital sino el del interés público.

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