Eduardo Nava Hernández
Opinión
El rector José Narro ante la UM
Viernes 14 de Mayo de 2010
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Dos ponencias, una el viernes 7 en el Centro Cultural Universitario y otra el sábado 8 en el acto por el natalicio de Miguel Hidalgo en el Colegio de San Nicolás, vinieron a señalar la presencia, muy destacada, por cierto, del rector de la UNAM, José Narro Robles en Morelia. En ambos casos se dirigió a un auditorio fundamentalmente integrado por universitarios. En ambas ocasiones, también, tratando temas diferentes, pudo el académico hacer señalamientos fundamentales; en la primera a propósito de la universidad pública y acerca de la realidad social y política del país en la segunda.
Me interesa en esta ocasión comentar el primero de sus discursos, “El futuro de la universidad pública”, no por la de por sí importante investidura del orador sino justamente por el contenido de lo que expresó, que vino a poner en blanco y negro la realidad de la educación superior en el país.
El rector Narro hizo, ante todo, una fundamentada defensa de la educación superior pública, no como opción única ni excluyente, pero sí como la más importante para el país. Por más que las instituciones educativas privadas puedan tener un papel estadísticamente importante (y, de hecho, creciente, de manera acelerada, en los últimos años) en la formación de la fuerza de trabajo profesional, no asumen integralmente las funciones que las instituciones públicas sí desempeñan; la investigación y la formación de investigadores de alto nivel, o la promoción y difusión de la cultura, entre ellas. Vino a recordarnos, al respecto, que el más alto porcentaje de la investigación científica se efectúa en las universidades e institutos de carácter público y sólo de manera complementaria y en escasa medida en las grandes empresas, en su mayoría filiales de transnacionales. Sin instituciones públicas prácticamente no habría investigación en el país.
Pero no sólo eso. La universidad pública, además de producir y transmitir conocimientos a las nuevas generaciones, genera e inculca valores, diferentes a los de la empresa privada como entidad orientada hacia el lucro, y que tienen que ver con el interés nacional, la conciencia social, etcétera. De ahí su necesidad en la sociedad actual como una entidad integradora de la nación misma, concebida y desarrollada dentro de un espíritu democrático.
Si ése es el ministerio de las instituciones de educación superior, su ampliación en la sociedad nacional y regional, y su fortalecimiento debieran constituir una tarea de orden prioritario para el poder público. Pero con esa prioridad contrasta la realidad de la educación superior en nuestro país. El doctor Narro aportó cifras contundentes. Para la población total ubicada entre 20 y 24 años, la educación superior alcanza una cobertura del 27 por ciento, en tanto que en un país como Finlandia es del 89 por ciento, en la Argentina del 64 por ciento y para América Latina en su conjunto, como promedio, de 35 por ciento. México se ubica, así, muy por abajo del promedio regional de atención educativa para ese rango de edad, factor correlativo a los siete y medio millones de jóvenes que no estudian ni trabajan, que representan por tanto un potencial social meramente desaprovechado y, peor aún, susceptible de canalizarse hacia la vagancia y la delincuencia. De ahí que el tema de la violencia social no sea meramente policiaco sino de atención a requerimientos sociales. De cada 100 niños que hoy ingresan a la escuela primaria, sólo 16 tienen posibilidad de concluir estudios superiores y sólo once de titularse profesionalmente. Estas cifras, vergonzosas para quienes han gobernado al país y orientado su rumbo durante las últimas décadas, e increíbles para un país que, como México, pertenece a la OCDE, el club de los más ricos del mundo, bastan para retratar de cuerpo entero la situación dolorosa de nuestro sistema educativo, en la que la desatención del nivel superior viene a coronar la baja calidad y eficacia del nivel básico.
Muestran también esos datos que el problema fundamental no está en que las universidades públicas aprendan a hacer más con poco, ni a obtener recursos propios ni a buscar las acreditaciones que -muchas veces demagógicamente- nos hablan de una educación “de excelencia” pero tienden también, con frecuencia, a la elitización de la enseñanza como condición para elevar su calidad.
El rector de la universidad clasificada como la mejor de América Latina y del mundo hispano, y probablemente la única del país que no se ha sometido a los dictados de las evaluadoras privadas (es decir el Ceneval, Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior, AC, y los comités de acreditación) vino a la Universidad Michoacana a plantear los retos centrales de la educación superior: la cobertura educativa, la calidad de la enseñanza y el financiamiento de las instituciones, y a abogar por una vigorosa dilatación de la oferta educativa, ya sea por la ampliación de las instituciones existentes o por la creación de otras nuevas, para atender a una demanda que requiere anualmente 260 mil nuevos lugares para superar su rezago. Lo que resalta es, sobre todo, la grave responsabilidad del Estado en materia presupuestal y de planeación para la atención de este sector que no puede menos que ser visto como estratégico para el futuro del país.
Las reflexiones de Narro Robles deberían incorporarse en el quehacer de la Universidad Michoacana. Convocan a no perder de vista el bosque por observar los árboles, y a replantear, de manera central, el problema de las relaciones entre universidad pública, Estado y sociedad, es decir, el de la autonomía, como el nudo gordiano que habrá que superar para elevar las potencialidades contenidas en el ámbito académico y en una juventud a la que hay que preparar para la sociedad del conocimiento.

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