Eduardo Nava Hernández
Para 2010: Reforma, libertad, justicia y ley
Jueves 21 de Enero de 2010
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Como se esperaba, 2010 se ha iniciado con el agravamiento de las condiciones de vida para la gran mayoría de la población mexicana, a consecuencia de los incrementos de impuestos y precios claves como los de los combustibles y energéticos, que desencadenan una oleada de incrementos y agudizan la de por sí grave pobreza en esos grupos mayoritarios. Lejos de la anunciada recuperación de una crisis que en realidad se prolongará por mucho tiempo aún, el grupo en el poder se esfuerza infructuosamente por crear por medio del discurso una realidad virtual, idílica o al menos optimista, que los medios electrónicos difunden y que quiero denominar Mundo Felipiz, versión en muchos sentidos más grotesca aún que la Foxilandia del sexenio anterior.
Frente a la inocultable profundización de una crisis que no es sólo económica, sino social y de las instituciones, crecientemente tocadas por la corrupción, se hace más necesario fortalecer una alternativa popular que modifique el rumbo que la derecha en el poder ha venido dando al país; pero no son pocos los obstáculos que habría que superar para conformar una fuerza social con la amplitud y contundencia necesarias para ello. El de la ausencia de unidad entre los destacamentos movilizados por causas populares, el primero. La desarticulación de esos movimientos es resultado de la atomización de las relaciones sociales que la era del neoliberalismo ha impuesto, pero también de la estructura sectorial y corporativa predominante desde muchas décadas atrás en la política nacional, y es preciso superarla si lo que se busca es revertir la agobiante situación impuesta por los grupos dominantes al país. Hoy por hoy el sector con mayor potencial de convocatoria y aglutinamiento es, sin duda, el Sindicato Mexicano de Electricistas, movilizado desde el 11 de octubre en defensa de su fuente de trabajo y del carácter nacional de la industria eléctrica.
La conformación de un frente amplio y la unificación en un programa único de lucha son la condición general para trascender las luchas sectoriales y la acción meramente defensiva, y pasar a un terreno favorable a las demandas y necesidades de los sectores populares.
Para nadie es un secreto que en este 2010, más allá de las celebraciones históricas por el Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución, muchos mexicanos esperan el cambio que facilite su acceso a condiciones de vida más dignas y menos opresivas. Tampoco debe extrañar a nadie que, en medio de esas evocaciones, se agudicen las múltiples expresiones de malestar social y que se espere un año convulso (como, por lo demás, lo han sido los tres anteriores) a causa del desempleo, la carestía, la inseguridad pública, la militarización y la represión contra los luchadores sociales, los golpes al sindicalismo no oficializado (mineros, SME) y la violación constante de derechos humanos por las corporaciones estatales. Lo notorio es que, frente a esa opresiva realidad, los programas y lemas que animaron el movimiento revolucionario de hace un siglo mantengan cabalmente su vigencia.
“Reforma, libertad, justicia y ley” fue el lema del zapatista Ejército Libertador del Sur; un programa de lucha que iba más allá del de “Tierra y libertad”, de contenido antifeudal, adoptado por las luchas agrarias rusas del siglo XIX y que en México aparecía constantemente en los escritos y discursos de Ricardo Flores Magón. Los zapatistas reivindicaban con esa sentencia las transformaciones de la Reforma juarista que colocaron –correctamente- a la Iglesia al margen de los asuntos del Estado, pero también las demandas no sólo campesinas, sino de amplios sectores sociales oprimidos por la dictadura porfirista.
Reforma, libertad, justicia y ley puede volver a ser, un siglo después, la divisa que unifique a los diversos grupos movilizados frente a una política gubernamental, apenas menos asfixiante que la del porfiriato, que hoy lanza toda la fuerza del Estado contra los trabajadores y las comunidades rurales, militariza la vida social con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, empobrece a millones, desindustrializa al país en aras del libre comercio, entrega los recursos de la nación a los particulares, incluidos los capitales extranjeros, puebla las cárceles con presos políticos, relega el federalismo (y pretende hacerlo con la división de poderes), sirve sin pudor a la oligarquía financiera, genera una alta burocracia parasitaria y onerosa, promueve activamente el retorno del clericalismo y convierte a la democracia en una simulación.
Hoy, el lema zapatista se pone al día como demanda de una reforma verdadera de las instituciones y de las formas de convivencia social, que incluya el fortalecimiento de los vínculos y formas de control entre los gobernados y sus gobernantes y representantes, la ampliación de la democracia participativa, la rendición efectiva de cuentas, la transparencia del quehacer público, el combate a la corrupción y a los privilegios. Es la lucha por la libertad de los presos y desaparecidos políticos; por la justicia social y la procuración del bienestar general, antes que el lucro privado; por la aplicación irrestricta de la ley y la vigencia plena del estado de derecho ante los abusos del poder.
La actualización de los contenidos sociales de las gestas que dieron forma y contenido a la nación mexicana es la mejor forma de conmemorar activamente el Bicentenario y el Centenario del 2010. Como la historia -a despecho de cualquier mecanicismo o determinismo histórico- la hacen no los impersonales procesos económicos, sino los seres humanos que se mueven a partir de ideas y percepciones, ¿quién puede descartar que esas masas, ganosas de irrumpir, sean de nuevo un protagonista del cambio que durante los últimos 70 años las clases dominantes les han negado? ¿Es esto temerario? ¡Temerarios los que apuesten por el mantenimiento indefinido del inmovilismo y la injusticia social!

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