Eduardo Nava Hernández
El CUPIA, la toga y la soga
Domingo 29 de Noviembre de 2009
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La semana pasada la Universidad Michoacana se convirtió en institución anfitriona de la XXXIV sesión ordinaria del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines, CUPIA, integrante de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. En un momento de zozobra como el que la educación superior vive, amenazada por el desdén y aun el hostigamiento del gobierno federal, como se vio en el reciente debate del Presupuesto de Egresos de la Federación, resulta muy loable que los rectores y demás autoridades encargadas del nivel educativo superior se reúnan para discutir las perspectivas y alternativas que esperan a un ámbito pese a todo estratégico para el desarrollo del país. En medio de la crisis y de la falta de planeación estratégica, es sabido que las restricciones han comenzado a afectar no sólo la calidad de la enseñanza y la investigación sino también la cobertura de la demanda: cada año decenas de miles de jóvenes se ven frustrados en sus expectativas de ingresar a alguna institución de educación superior, sumándose al desempleo o incorporándose tempranamente a la economía informal, cuando no a la delincuencia.
Muchos otros temas relacionados con la práctica actual y futura de la enseñanza y la investigación podrían tejerse en torno de esa problemática; y si bien se ha incluido en el temario para la reunión un informe acerca del presupuesto para la educación superior para 2010, se han privilegiado aspectos más bien particulares, como el apoyo a estudiantes indígenas en las instituciones de educación superior o las experiencias ambientales en la Universidad Michoacana. Pero sobre todo llama la atención el que, a propuesta de la rectora nicolaita, Silvia Figueroa Zamudio, se haya incluido también la intervención del ministro de la Suprema Corte José Ramón Cossío, disertando acerca de la “garantía institucional de autonomía (modalidad de gobierno) frente a la garantía individual”.
El que se incorpore tan excéntrico tema obedece al interés de la rectora Figueroa Zamudio de “celebrar” (véase Cambio de Michoacán, 12 de julio de 2009) el fallo emitido por la Corte desechando los recursos de amparo que varios ex aspirantes a la rectoría de la UM interpusieron contra el proceso que llevó a su designación. Pero en este caso, la presencia del togado y su prometida disertación equivalen a mentar la soga en la casa del ahorcado.
Recuérdese que la Corte tuvo que intervenir cuando dos de esos aspirantes obtuvieron de un juez de distrito a fines de 2007 un amparo contra la actuación de la Comisión de Rectoría, y que su resolución fue en el sentido de que frente al principio de la autonomía universitaria, institucionalmente establecido, no son procedentes los recursos de amparo para los particulares. Pero, contrariamente a la ponencia inicial del magistrado Juan Silva Meza para atraer el caso a la SCJN, que consideraba de interés público el tema de la democracia en las instituciones de educación superior y como lesiva para la sociedad en general cualquier afectación que violente el principio constitucional de que el proceso educativo “será democrático considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”, dicha resolución omitió olímpicamente entrar al análisis del fondo del asunto.
Y el fondo del asunto es que, estableciendo la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana que la comunidad -autoridades, trabajadores académicos y administrativos y estudiantes- es depositaria de la autonomía (artículo 8, párrafo primero), una función esencial como lo es la designación de sus rectores le fue sustraída por la reforma operada el 18 de septiembre de 1986 que creó para ello un órgano independiente de esa comunidad, incluso posiblemente ajeno a ella, como lo es la actual Comisión de Rectoría (en aquella época, vale la pena no olvidarlo, la historiadora Silvia Figueroa apoyaba a su colega Raúl Arreola Cortés, amparado por un juez federal contra las reformas a la Ley Orgánica que lo depusieron como rector). Dicha comisión está “integrada por ocho miembros, de los cuales cinco serán ex rectores de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo […]. De los tres miembros restantes, uno será el decano de los directores de las escuelas, facultades e institutos, otro será el decano de los profesores en activo, y el tercero será el estudiante que, siendo consejero universitario, tenga el más alto promedio de calificaciones en el año lectivo próximo anterior”, según lo establece la mencionada reforma. Pero precisamente su composición, en la que mayoritariamente participan los ex rectores prácticamente alejados de la vida universitaria (aunque no necesariamente de la política) es la que convierte a la hoy celebrada autonomía en prenda de cambio y hasta patrimonio de agrupamientos de la política local, pero la aleja cada vez más de la comunidad.
Veamos cómo se integró la Comisión de Rectoría durante el más reciente proceso, del que resultó la designación de la doctora Silvia Figueroa. Fue presidida por el licenciado Fernando Juárez Aranda, abogado de profesión, ya jubilado, que fuera secretario general de la Universidad con el rector Genovevo Figueroa Zamudio y su sucesor, cuando éste se postuló a ocupar una diputación federal en 1979. Ostentó la Rectoría durante más de cuatro años, hasta 1983 en que el Congreso del Estado intervino para remover a la Junta de Gobierno, que había incumplido con la ley al no renovar a sus integrantes.
El segundo participante fue el ingeniero civil Leonel Muñoz Muñoz, empresario de la construcción y también jubilado como profesor universitario; fue el primer rector designado bajo la mencionada reforma legal de 1986, promovida por el gobernador Luis Martínez Villicaña y su secretario general de Gobierno, Genovevo Figueroa Zamudio. El tercero, el también abogado Daniel Trujillo Mesina, cuyas últimas ocupaciones conocidas son la de titular de la Notaría 109 y la de presidente de la Comisión de Justicia Partidaria del Comité Directivo Estatal del PRI; fue designado como sucesor de Muñoz en 1990, siendo gobernador de Michoacán el doctor Genovevo Figueroa Zamudio. El cuarto miembro de la comisión, el médico Cuauhtémoc Olmedo Ortiz, quien fue rector en el periodo 1983-1985, durante el gobierno del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y promovió en 1984 una nueva Ley Orgánica para la Universidad; se ha desempeñado como funcionario en los gobiernos de Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy. Finalmente, el maestro en ciencias Salvador Galván Infante, veterinario, fue rector entre 1994 y 1998, designado siendo gobernador el licenciado Ausencio Chávez, y renunció al cargo para ser postulado por el PRI como candidato a la Presidencia Municipal de Morelia, que ocupó de 1999 a 2001. Fue luego diputado local por el mismo partido.
Como profesor decano ofició el licenciado Humberto Aguilar Cortés, hermano del ex rector, ex diputado y ex presidente municipal de Morelia Marco Antonio Aguilar Cortés; y como director decano, el ingeniero químico Francisco Javier Estrada Cervantes. Como consejero alumno se eligió al estudiante de bachillerato Julio César Orozco, a pesar de que el promedio más alto lo tenía también un alumno de postgrado.
El examen de la integración de la Comisión de Rectoría muestra la poca vinculación de ésta con la comunidad universitaria y la inexistencia de mecanismos de control de ésta sobre sus decisiones. El que actualmente el doctor Genovevo Figueroa Zamudio ocupe nuevamente un cargo importante de gobierno ha de verse, desde luego, como una mera casualidad; pero consta que, al hacer la designación de la doctora Silvia Figueroa, la Comisión de Rectoría se animó a hacerle “sugerencias para su nueva administración”, según registra el acta correspondiente; y de ahí, quizás, que entre otros funcionarios designados por ella hayan figurado un hijo del ingeniero Leonel Muñoz (como director de Patrimonio Universitario) y un yerno del licenciado Trujillo Mesina (como secretario privado de la propia rectora).
Son pocos, pues, los que dentro de la Universidad Michoacana tienen algo qué celebrar con esa “autonomía”. No es la deseable la de la institución frente a los poderes públicos, sino la del conciliábulo que, procedimientos endogámicos de por medio, se encarga de designar a los rectores con total autonomía con respecto de la comunidad universitaria misma, marginada hoy por hoy y hasta una nueva reforma democrática, de esos menesteres.

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