Eduardo Nava Hernández
El SME y el movimiento social
Jueves 5 de Noviembre de 2009
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A casi un mes del decreto calderonista para extinguir Luz y Fuerza del Centro, la lucha de los trabajadores en defensa de la fuente de trabajo y de la industria eléctrica nacional comienza a rendir frutos. El viernes 30 de octubre la juez federal Guillermina Coutiño Mata otorgó al Sindicato Mexicano de Electricistas la protección de la justicia federal contra el decreto del presidente Felipe Calderón que declara liquidada a la empresa. El amparo y la consiguiente suspensión provisional de los actos impugnados impidieron que el sábado 31 la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje emitiera el anunciado aviso de terminación de las relaciones de trabajo entre LyFC y sus trabajadores. Los abogados del sindicato confían en que procederá también la suspensión definitiva, con lo que el conflicto que la Presidencia consideró que se daría sólo en las calles se traslada también, sin que eso elimine la movilización de los electricistas y de otros grupos sociales, al ámbito judicial.
En la misma tónica, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y el municipio de Tetepango, Estado de Hidalgo, están promoviendo recursos de controversia constitucional contra el decreto que ha venido a afectar a grandes sectores de la población y del sector productivo del centro del país. Y por su parte, el sindicato interpone miles de demandas individuales por despido injustificado, procedentes en tanto subsiste la materia de trabajo y existe el patrón sustituto -la Comisión Federal de Electricidad- que conforme a la ley debe asumir íntegramente las obligaciones de la empresa formal aunque injustificadamente liquidada, incluyendo en primer término las laborales.
Sin embargo, es claro que el conflicto suscitado con las acciones del 10 y 11 de octubre va mucho más allá de lo laboral. Por su trascendencia, éstas involucran diversos aspectos que son en realidad de interés para la sociedad nacional: el destino de la industria eléctrica y la privatización ya en curso del sector, que se vería profundizada si prospera la acción liquidadora del gobierno; pero también la vigencia del estado de derecho, en un sentido más amplio, y las atribuciones o facultades de los poderes públicos frente a un servicio constitucionalmente reservado para la nación. Por añadidura, la medida decretada por el calderonismo se suma a una serie de políticas que los más diversos sectores de la población han resentido directamente como agresiones emprendidas desde el gobierno, constituyéndose prácticamente, junto con la reciente alza de impuestos, en la suprema expresión de un estilo autoritario de gobernar que ha cobrado plena vigencia en el presente sexenio.
Por ello el movimiento defensivo de los electricistas ha sido asumido desde el inicio como propio por una amplia franja de organizaciones y aun de ciudadanos en lo individual que lo han rodeado de solidaridad y compromiso. La resistencia del SME a su desaparición, a la liquidación de una empresa que forma parte del patrimonio de la nación y al despido de alrededor de 45 mil trabajadores resulta, así, la línea de fuego en un frente de batalla más extendido, al que se van incorporando nuevos destacamentos.
No es menuda la tarea que se le plantea a esos contingentes, de enfrentar y echar abajo, por las vías judiciales y la movilización, esta expresión de un renovado autoritarismo presidencial que mal disimula una escalada en el proyecto de afianzar a costa de lo que sea el dominio del gran capital privado sobre el conjunto de la sociedad.
El 3 de noviembre, en un mitin masivo, el SME convocó a preparar un paro cívico nacional y anunció que el 11 de este mes -al cumplirse un mes del decreto nocturno de Felipe Calderón contra Luz y Fuerza- los trabajadores electricistas regresarán a recuperar pacíficamente las instalaciones de las que fueron desalojados por la Policía Federal y el Ejército.
Lo cierto es que, con el SME a la cabeza, el movimiento sindical y social independiente vive un momento de definiciones. Porque más allá de las acciones defensivas, está por verse si el amplio respaldo social que hoy se entreteje en torno del SME es capaz de desarrollar formas de coordinación, por lo demás urgentes, más amplias, permanentes y representativas para las tareas por venir, mas sin perder de vista el objetivo inmediato de fortalecer la resistencia del sindicato. La propuesta del paro nacional se antoja prematura y apresurada para un movimiento que está en proceso de estructuración, y conlleva un alto riesgo de fracasar por falta de preparación, como ha ocurrido ya con otras experiencias semejantes. También puede conducir a insertar una multiplicidad de demandas y frentes de lucha que dispersen la acción del propio movimiento y diluir su efectividad.
La gravedad de la situación, en la que se está definiendo en más de un sentido la correlación de fuerzas para un periodo histórico, exige avanzar desterrando el sectarismo, el aventurerismo y la partidización del conflicto. Es preciso actuar con cabeza fría y tener claro cada paso a dar. Pero también es cierto que sólo en el movimiento mismo se podrá apreciar la justeza y hasta la necesidad de cada medida que se adopte en la lucha.

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