Eduardo Nava Hernández
Sólo el Estado (de excepción)
Lunes 26 de Octubre de 2009
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Pensemos por un momento que no fuera el Estado sino un particular quien tuviera que enfrentar un conflicto como el que ahora acomete a Luz y Fuerza del Centro y amenaza con acabar al sindicato. Es decir, pensemos en una empresa cualquiera que, después de años de negociaciones con su sindicato y acaso presionada por la crisis, se arrepintiera de haber concedido prestaciones que ahora considera excesivas a los trabajadores. Quizás viera que éstos no tienen la productividad esperada o tendiera a culparlos de problemas más bien atribuibles a la administración de la corporación.
¿Qué podría hacer al respecto quien se encontrara en esa situación? Es seguro que un particular no tendría a la mano la posibilidad de usar la fuerza para desalojar a su contraparte contratante de las instalaciones, como lo ha hecho el gobierno de Felipe Calderón con Luz y Fuerza del Centro desde la madrugada del 11 de octubre. Conforme a la ley, si la empresa se declarara en quiebra, tendría que cumplir en primer lugar sus obligaciones con los trabajadores, incluso antes que con cualquier otro acreedor. Tampoco podría un empleador privado desatar una campaña en los medios electrónicos y escritos para desacreditar al sindicato de su empresa, como lo ha hecho el gobierno calderonista desde hace varias semanas.
Si un particular quisiera modificar el Contrato Colectivo pactado con sus trabajadores, tendría que recurrir a la negociación o iniciar un proceso ante los tribunales laborales, pero reconociendo siempre la personalidad jurídica de su contraparte. Desde luego, no podría usar recursos públicos -ésos hoy tan escasos y que pagamos todos los contribuyentes- para pagar liquidaciones masivas, incluso más allá de lo establecido en el satanizado Contrato Colectivo (pero eso sí, sólo como oferta de temporada, para quienes acepten liquidarse antes del 14 de noviembre). Mucho menos tendría ese patrón la capacidad de intervenir los fondos del sindicato para inmovilizarlo y obligarlo a doblegarse.
En suma, el gobierno federal está actuando frente a su empresa y frente al sindicato de electricistas en una forma más bien anómala, que por ningún motivo se le permitiría a cualquier otro empleador, y utilizando para ello los recursos que sólo están al alcance del Estado: la negativa de la toma de nota para quitar personalidad jurídica a los representantes sindicales, la fuerza policial y militar para ocupar las instalaciones, el decreto para desaparecer la fuente de trabajo, la capacidad de confiscar los fondos sindicales y las arcas de la Secretaría de Hacienda para pagar liquidaciones extraordinarias. Todo ello da cuenta de que el objetivo de la operación no es otro que aniquilar al sindicato, no elevar la productividad de la misma ni renegociar un contrato oneroso para la empresa.
Pero al actuar así, el gobierno se ha colocado por encima de los procedimientos legalmente establecidos y ha implantado un verdadero estado de excepción que viene a reforzar en el terreno laboral la militarización del país y la violación constante de derechos humanos. Quiere esto decir que, sin declarar formalmente la suspensión de garantías, se están aplicando procedimientos inusitados, sustentados únicamente en la fuerza del Poder Ejecutivo y que pasan por encima de las atribuciones de los poderes Legislativo y Judicial.
En un inicio se usó el proceso electoral interno del Sindicato Mexicano de Electricistas para sembrar la división en el gremio. Eso está superado, en la medida que la corriente opositora al liderazgo de Martín Esparza hace causa común en la defensa del sindicato y se opone a la liquidación de la empresa y de los trabajadores; sin embargo, además de haberse negado la toma de nota a la dirigencia, las cuentas bancarias del sindicato permanecen incautadas para impedir que se utilice el fondo de resistencia. Se continúa con la campaña de desinformación para culpar al SME y su Contrato Colectivo de las deficiencias del servicio que son atribuibles a la administración de la empresa, frente a lo cual el sindicato ha puesto sobre la mesa los privilegios que aquélla otorga a un conjunto de corporaciones que no pagan la energía o la pagan a precios inferiores que los usuarios domésticos, así como la desventajosa fijación de tarifas por la Secretaría de Hacienda. También ha llamado la atención sobre los contratos para la red de fibra óptica de mil 100 kilómetros que Luz y Fuerza administra y que se piensa transferir a particulares. Se denosta al sindicato para quitar de en medio a un gremio incómodo opuesto a los diversos proyectos de privatización hoy existentes para el sector eléctrico.
La respuesta no es sólo del sindicato. La impresionante marcha del jueves 15 evidenció la capacidad de convocatoria de éste pero también el involucramiento de numerosos sectores de la sociedad frente a la arbitrariedad y el uso faccioso del poder por el equipo de Felipe Calderón, y en defensa de la industria eléctrica como un bien público, no sujeto a las ansias de los gobernantes. No se trata sólo de defender a un gremio, sino de la conocida contraposición entre el interés público y los intereses privados, y sobre todo, de impedir que el despotismo se convierta en una forma normalizada de gobierno.
Por eso es que la lucha de los electricistas y de sus apoyos sociales triunfará. Las violaciones a la ley y a la Constitución por el gobierno dan lugar a los recursos de inconstitucionalidad para revertir el decreto liquidador, y de amparo para defender a los miles de trabajadores de la liquidación. Y mientras el gobierno muestra incapacidad para superar los problemas técnicos del sector y apremia a los trabajadores a cobrar su liquidación, las campañas mediáticas muestran sus limitaciones y la movilización social empieza a organizarse en toda la República. ¿Quién dice que todo está perdido?

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