Eduardo Nava Hernández
Opinión
El protofascismo en acción
Jueves 15 de Octubre de 2009
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El Sindicato Mexicano de Electricistas no es cualquier sindicato. Es el más antiguo sindicato de industria en el país y un protagonista central de las luchas obreras a lo largo de casi un siglo. Fundado en 1914, subsiste hoy, muchos años después de que todos sus contemporáneos de la Casa del Obrero Mundial han desaparecido. Fue protagonista central de la primera huelga general en la historia del país, que paralizó el 31 de julio de 1916 la actividad económica en demanda del pago de los salarios en oro, frente al desplome del papel moneda carrancista; y contra él el presidente Carranza expidió su famoso decreto antiobrero, que amenazaba con pena de muerte a los huelguistas. Luego, en 1936, integró con otros sindicatos el Comité de Defensa Proletaria para apoyar al presidente Cárdenas en la liquidación del maximato, en lo que fue el primer momento de nuestra historia en que la clase obrera se hizo protagonista central de la vida política. Apoyó, por supuesto, la expropiación petrolera y se integró en una primera etapa a la formación de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) como la central más amplia y representativa.
Fue el SME protagonista central también de la nacionalización del sector eléctrico por el presidente López Mateos en 1960, y en muchas coyunturas se ha colocado en posiciones de vanguardia en la defensa del sector paraestatal y de los intereses de la nación. Si bien ha atravesado por diversos momentos políticos -que pasan por el apoyo a los gobiernos priístas, pero también por alianzas con el PPS de Lombardo y, más recientemente, alianzas con el PRD y con el movimiento de López Obrador-, sus posiciones han sido siempre nítidamente nacionalistas y de avanzada dentro del contexto del corporativismo dominante.
Todo ello hace que el golpe asestado en la noche del sábado 10 de octubre por Felipe Calderón, decretando la liquidación de Luz y Fuerza del Centro y ocupando sus instalaciones con la Policía Federal (y, en algunos casos, el Ejército) para impedir el acceso de los trabajadores, es un acto, además de autoritario, revestido de múltiples simbolismos. Golpea a uno de los destacamentos centrales de la clase trabajadora, constituido en sólido dique frente a la tendencia privatizadora que domina las acciones del gobierno. Busca acabar, de un plumazo, con 95 años de historia de luchas laborales y, desde luego, con los logros que ese destacamento ha acumulado en su Contrato Colectivo de Trabajo.
Antecedentes los hay: la toma de las instalaciones ferrocarrileras por el Ejército en 1959, la requisa de la Comisión Federal de Electricidad para frenar a la tendencia democrática del SUTERM y la de Teléfonos de México por el gobierno de López Portillo, la ocupación policiaca de la UNAM en julio de 1977 y el decreto de Miguel de la Madrid para desaparecer Uramex y reducir al SUTIN (sindicato de la industria nuclear) a su mínima expresión. Pero en todos los casos, las acciones gubernamentales de fuerza se tomaron frente a movimientos de huelga estallados o inminentes. En este caso, se ha generado un conflicto artificial a partir del proceso de elecciones interno del sindicato, y se ha desatado una campaña de linchamiento contra el sindicato para justificar (de algún modo hay que llamarle) el uso de la fuerza.
Pero esta última no es simbólica. La requisa -operada horas antes de que se diera a conocer el decreto que liquida a LyFC- es, sin rodeos, un mecanismo brutal para lograr el objetivo no confesado del gobierno: dar por terminadas las relaciones laborales, liquidar a los trabajadores y acabar con el sindicato. Es la vía para proseguir la privatización de la industria eléctrica, en marcha desde el gobierno de Salinas de Gortari (quien, paradójicamente, consolidó por razones políticas a Luz y Fuerza del Centro como una empresa paraestatal). En particular, está en juego la moderna red de fibra óptica desarrollada por LyFC durante los últimos años y apetecida por grandes consorcios de las telecomunicaciones.
Pero el decreto calderonista del 11 de octubre es ilegal y anticonstitucional simplemente porque pasa por encima del Poder Legislativo, a quien corresponde, conforme a la fracción X del artículo 73 de la Constitución de la República, la atribución de legislar en materia eléctrica. Hay una extralimitación de las atribuciones del presidente que configura una ruptura del orden constitucional.
La argumentación del gobierno de Calderón no puede ser más burda. En la baja rentabilidad de la empresa -materia en la cual el sindicato ha dado a conocer importantes avances durante el periodo reciente- se quiere fundar el golpe de fuerza, y se llega a culpar mediáticamente al gremio de la mala administración de la empresa y hasta de las altas tarifas, que son fijadas por la Secretaría de Hacienda sin concurso de los trabajadores. Por otro lado es claro que la suma que el gobierno invertirá en liquidar a los 45 mil trabajadores en activo, más de 20 mil millones de pesos, servirían mejor para dar un impulso decisivo a la modernización de la empresa y superar muchos de sus rezagos.
Culpar al sindicato y a su Contrato Colectivo de las deficiencias de la empresa y del suministro de electricidad no puede ser más falaz. Nada tienen los trabajadores que no sea pactado. Toda contratación colectiva tiene como propósito mejorar, en acuerdo con la parte patronal, las condiciones de retribución y trabajo de los obreros. Y la razón de ser de todo sindicato es obtener y administrar ese instrumento contractual. Si ahora la tropa y la policía van a ser la respuesta a conquistas laborales que se busca presentar como “excesivas”, no estamos frente a un conflicto de intereses encauzado por las instancias institucionales sino, nuevamente, ante una auténtica ruptura del estado de derecho. La contratación colectiva con el Estado queda en entredicho cuando éste puede desconocer unilateralmente lo que con anterioridad ha otorgado y recurrir a la fuerza para hacer a un lado a los trabajadores. Cualquier otro sindicato titular de un contrato beneficioso -el del IMSS, el de Pemex, la CFE, etcétera- se encuentra ahora bajo amenaza.
Pero Goebbels pone atención y aplaude desde el más allá. Seguramente mucho está aprendiendo de los medios mexicanos que han desatado, en coordinación con el gobierno, una de las más feroces campañas de desprestigio y linchamiento que se haya visto contra los trabajadores. Por todo ello no estamos frente a un conflicto laboral común ni ante una vía institucional de solución para una empresa aquejada por la descapitalización, sino ante una expresión protofascista que viene a coronar el perfil cada vez más autoritario del Estado mexicano. Es a eso y no a ninguna otra cosa que la clase trabajadora y sus aliados tienen que dar una respuesta.

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