Eduardo Nava Hernández
Sindicaticidio consentido
Lunes 10 de Agosto de 2009
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El Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana es la organización gremial de los trabajadores académicos en esa institución que, como cualquier otro sindicato, tiene en teoría la misión de proteger y mejorar las condiciones de trabajo y los ingresos de quienes prestan sus servicios en la tarea educativa y en la investigación. Sin embargo, como tantos otros organismos similares, se encuentra constantemente sometido a las presiones no legítimas provenientes tanto de la parte patronal como del Estado y frente a las cuales no siempre cuenta con la unidad y fortaleza necesarias para avanzar.
Recientemente se ha puesto a prueba su capacidad de acción para defender esos derechos, formalmente ya consagrados en el Contrato Colectivo de Trabajo pero siempre bajo amenaza o francamente violados por las autoridades de la Universidad.
Desde hace tiempo diversos representantes de las secciones sindicales habían denunciado que el pago de diversas prestaciones como el aguinaldo, las primas vacacionales, la prima de antigüedad, los días diferenciales y el fondo de ahorro llamado aportación de depósito no se pagan conforme a lo estipulado en el propio contrato. Una comisión sindical elaboró un detallado cálculo que se presentó al Consejo General el pasado 13 de mayo y a partir del cual este órgano acordó por unanimidad demandar la revisión y actualización del tabulador de salarios depositado en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, a efecto de que los sueldos “se paguen como están convenidos en las cláusulas de referencia, corrección que impactará en el momento de la remuneración salarial de los trabajadores académicos”. Dicha demanda fue presentada el 19 de junio por los secretarios general y del Trabajo, del comité ejecutivo saliente, aun a sabiendas de que correspondería a una nueva dirigencia sostener ante las autoridades universitarias la reclamación y, en su caso, conducir el proceso de negociación.
Pero lo que debió ser, para la junta, un trámite administrativo más, se ha convertido en un galimatías legal que deja indefensos a los trabajadores académicos. El 22 de junio, con una celeridad digna de mejor causa, el presidente de la junta, Epifanio Garibay Arroyo, notificó al ya ex secretario general Ernesto Núñez Aguilar y al comité ejecutivo en funciones haber desechado y ordenado el archivo de la demanda del SPUM bajo el pretendido argumento de que el comité que la presentó había cesado en sus funciones desde el 1 de junio. Con ese acuerdo no sólo la JLCA violenta la autonomía sindical sino también falta de manera grave a su función de impartir justicia laboral y extralimita sus funciones calificando la legalidad de la representación sindical y omitiendo una previsión expresa del estatuto sindical que prevé (artículo 83) que el comité saliente continúe en funciones en tanto no se realice la elección del nuevo. Resulta que, si bien la asamblea general para elegir a la nueva representación debió efectuarse el 2 de junio, en esta ocasión se retrasó la emisión de la convocatoria correspondiente porque el 2 de mayo la Universidad se encontraba en receso a causa de la contingencia sanitaria.
Al desconocer al comité saliente a partir del 1 de junio, el licenciado Garibay pasó a desconocer también a las comisiones autónomas y, en fin, al Colegio Electoral encargado estatutariamente de conducir el proceso electoral y la asamblea general. De esa suerte y en congruencia, carece de validez, para la junta, la asamblea efectuada el 19 de junio para la elección de la nueva dirigencia sindical. Sería un contrasentido otorgar la toma de nota a un comité ejecutivo emanado de una asamblea dirigida por quienes ya no tenían capacidad legal para hacerlo.
Contra esa arbitrariedad el sindicato, a través de sus nuevos dirigentes, pudo impugnar el acuerdo, notoriamente ilegal e injusto o interponer un amparo; pero no lo hizo. Con ello acató el contenido del acuerdo, aceptó la anulación de la demanda sindical y, por añadidura, consintió la declaratoria de ilegalidad de su propia elección. De ello resulta que, para la junta encabezada por Garibay Arroyo, el SPUM no tiene actualmente una dirección legalmente constituida.
Es evidente que semejante embrollo obedece a la decisión política de evitar que procediera la demanda laboral y el emplazamiento a huelga por violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo que presentó el ingeniero Núñez Aguilar ante la junta. Pero por complacer a la Rectoría universitaria se ha generado un auténtico pantano jurídico, en tanto que la nueva dirección sindical, bisoña y extraordinariamente sumisa frente a la parte patronal, no atina a salir de su catatonia para defender a los que dice representar. Una dirigencia fuerte y representativa no sólo hubiera respondido legalmente de inmediato frente a la arbitrariedad de la autoridad laboral sino que estaría movilizando al sindicato para exigir la renuncia del presidente de la JLCA. No lo pueden hacer quienes ostensiblemente llegaron al frente del sindicato gracias al apoyo oficial.
Como nunca antes, están en riesgo las prestaciones y condiciones de trabajo de los académicos universitarios, particularmente el régimen de jubilación que, desde antes de la renovación de la dirigencia sindical, la rectora Silvia Figueroa anunció pretender modificar. Si el nuevo secretario general Erasmo Cadenas ha admitido la declaración de ilegalidad de su propia elección, no puede esperarse de él una posición firme frente a autoridad alguna. Estamos ante un virtual suicidio sindical o frente a un atentado consentido por la víctima. En ese escenario, circundado por la peor crisis económica en siete décadas y por brutales recortes presupuestales que no dejarán de afectar a corto plazo a las instituciones públicas de educación superior, negros tiempos se anuncian para los profesores nicolaitas.

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