Eduardo Nava Hernández
Iztapalapa, la UM y la crisis de la justicia
Domingo 12 de Julio de 2009
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Que la crisis de las instituciones en nuestro país ha alcanzado al Poder Judicial es un hecho conocido desde hace tiempo. Es una crisis de credibilidad o de confiabilidad que se deriva del escaso avance de la justicia, particularmente cuando ésta afectaría intereses poderosos de la sociedad o del Estado. Y la Suprema Corte de Justicia, como máximo tribunal y representante de ese poder, es también objeto y protagonista central de la creciente desconfianza social en la administración de la justicia. Casi no sería necesario recordar aquí los casos de Lydia Cacho/Mario Marín o de los presos políticos de Atenco, en los cuales la Corte documentó graves violaciones a garantías individuales pero no operó procedimientos de sanción contra los responsables ni reivindicó a los agraviados. En el segundo caso están vigentes las inconcebibles condenas que van de 35 hasta 112 años de prisión a los trece comuneros que se han movilizado en defensa de sus tierras y de su organización.
Y aunque parecen situaciones desligadas entre sí, en las recientes semanas hemos tenido más ilustraciones de nuestro déficit de justicia en los casos de Iztapalapa y de la Universidad Michoacana.
En el primero de ellos el actor fue el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que intervino fuera de los plazos establecidos en la elección interna del PRD para revertir la candidatura a jefe delegacional que había obtenido la activista social Clara Brugada, y otorgársela por mandato judicial a Silvia Oliva, representante de la corriente Nueva Izquierda en esa demarcación del Distrito Federal. El TEPJF (que ya había fallado a favor de Nueva Izquierda en el caso de la disputa por la presidencia del PRD), actuando como última instancia una vez que el Tribunal Electoral del Distrito Federal había ratificado la legitimidad de la candidatura de Brugada, fue más allá del recurso presentado por la impugnante, pues no sólo anuló las 58 casillas que Oliva y NI demandaban sino que, motu proprio, procedió a anular otras 47 que no estaban impugnadas. Sólo así pudieron revertir, por muy pocos votos, la clara preferencia que los vecinos de Iztapalapa habían expresado por la candidatura de Brugada en uno de los baluartes del PRD.
Hoy, después de que ha triunfado la candidatura alterna del PT de Rafael Acosta, Juanito, que hará posible que la desplazada perredista pueda llegar a la jefatura de la delegación más poblada del Distrito Federal, es aún más evidente la maniobra a la que se prestó el TEPJF.
Ese triunfo -logrado por la conjunción de la propia Clarita, de Andrés Manuel López Obrador y del PT en un tiempo muy breve y a pesar de la confusión de que el nombre de Brugada siguiera apareciendo en la boleta electoral- hace justicia a una luchadora social que desde hace unos 30 años ha participado en las principales luchas populares de la zona, primero como integrante de la Unión de Colonos de San Miguel Teotongo, después en la fundación de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata y más adelante en el PRD. Si la democracia estriba en que la gente pueda elegir a quien ha de gobernarla y representarla, fue bien servida en este caso, a pesar de la maniobra del Nueva Izquierda y el TEPJF.
El segundo caso, menos conocido y espectacular, quizás no sea de menor trascendencia para la vida democrática del país. El 24 de junio la Primera Sala de la SCJN desechó en definitiva los juicios de amparo promovidos por los ex aspirantes a la Rectoría de la Universidad Michoacana contra la Comisión de Rectoría con motivo de la designación de la actual rectora. El criterio del tribunal fue que en la designación de sus autoridades prevalece el principio de autonomía y que las universidades no representan autoridad responsable en tales casos, por lo que no procede el juicio de garantías. Es decir, la designación de un rector no puede constituir una violación a los derechos de los individuos.
Además de tratarse de una sentencia definitiva e inatacable, el criterio de la Corte parece impecable en tanto se sustenta en el respeto a la autonomía como una facultad y un valor ya consagrados para casi todas las instituciones públicas de educación superior. Sin embargo, es claro que, más allá de los actos reclamados como violatorios de dichas garantías individuales, no ha quedado resuelto el fondo de la cuestión. La ponencia del ministro Juan Silva Meza que sustentó la atracción del caso por la Corte daba elementos que no fueron considerados en la determinación, como el que se trataba de un asunto de interés y trascendencia que podía generar una afectación a la sociedad, dada la importancia del proceso educativo y de las instituciones que lo tienen a su cargo. Asimismo, porque “el sistema educativo que prevé la Constitución General de la República”, dice la tesis citada, “será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”.
Pese a ello, el fallo se limita a deslindar los alcances del juicio de amparo en una situación individual, declarando que frente al ejercicio de una atribución derivada de la autonomía no es procedente. No entra a analizar el fondo de la cuestión, a saber, si dicha autonomía puede estar depositada en un órgano -como, en este caso, la Comisión de Rectoría- constituido casi en su totalidad por quienes no necesariamente forman parte de la comunidad universitaria pero que tienen capacidad para designar al rector como representante legal de la institución.
Por el momento, las decisiones de ese órgano quedarán intactas, hasta que la propia comunidad tenga capacidad para modificar la Ley Orgánica y recuperar la capacidad de autogobierno que la existencia de aquella instancia le conculca. Pero cada vez quedan menos dudas de que, por acción u omisión, los altos órganos judiciales han politizado sus sentencias y fallos, y de que ese proceder profundiza cada vez más la crisis de las instituciones.

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