Eduardo Nava Hernández
La tentación de anular
Lunes 15 de Junio de 2009
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Dos razones, ninguna de ellas desdeñable, sustentan la creciente corriente que en la actual coyuntura electoral impulsa por diversos medios la anulación del sufragio como una forma de protesta contra el inoperante o deficiente sistema político. La primera es que, pese a al menos veinte años de luchas cívicas y de una sucesión de reformas políticas y electorales trabajosamente arrancadas, el sufragio sigue siendo ignorado por el propio sistema. Lo mismo en 1988 que en 2006, los votos no fueron contados ni contaron para resolver la cuestión del poder. ¿Para qué votar si, como en esas dos ocasiones, son los imperios fácticos los que se imponen y determinan en qué manos ha de quedar el aparato de gobierno?
La segunda razón es que, si no ha servido para reflejar la innegable voluntad de cambio que en la sociedad existe, la participación ciudadana sí ha sido aprovechada en todos los casos para legitimar una estructura de poder cada vez más divorciada de los electores. La participación, la movilización y aun el sacrificio de los ciudadanos en más de una gesta cívica sólo se han traducido en la práctica en gobernantes y representantes que se erigen en una casta privilegiada frente a la sociedad, en partidos que no representan en modo alguno auténticas opciones políticas e ideológicas y en instituciones que, con un elevado costo económico, se demuestran incapaces de generar plena credibilidad y confiabilidad para sí y para los procesos que conducen.
Ambas cosas son ciertas y fortalecen un ensanchado sector de los electores la idea de hacer del voto nulo un instrumento de protesta ante el orden político prevaleciente y para impulsar desde la sociedad los cambios y reformas que los ciudadanos exigen. Por lo demás, es también innegable que el derecho a sufragar, como una prerrogativa de conciencia del ciudadano, incluye también el derecho a no votar o a anular el voto. En un pasado que no terminó de irse o que ha retornado obsesivamente, la abstención aparecía como un recurso del todo válido para muchos ciudadanos que no encontraban en la oferta de los partidos existentes canales de expresión válidos para diversas corrientes ideológicas realmente existentes en la sociedad. La abstención quería ser una forma de deslegitimación del sistema político en su conjunto.
Ahora, esa situación ha regresado en más de un sentido; pero el abstencionismo busca expresarse no como el mero alejamiento de las urnas —que se confunde con el desinterés espontáneo por la política que prevalece en una franja muy vasta de la población— sino como una postura activa, incluso concertada, bajo la modalidad de la boleta en blanco o con inscripciones que lleven a su anulación. Se piensa, no sin cierta ingenuidad, que un cúmulo muy grande de votos nulos pondrá en evidencia la flaqueza del sistema de representación y obligará en el corto plazo a que los nuevos representantes, en este caso los diputados, emprendan reformas de más largo alcance: la revocación del mandato, el plebiscito y el referéndum, fin a los privilegios de las burocracias, vinculación real con los electores, candidatos representativos, eficacia y credibilidad de las instituciones electorales, etcétera.
Pero en el momento actual, la opción anuladora presenta riesgos acaso mayores que sus virtudes. Primero, porque no compromete de manera explícita ni activa a los actores políticos, los partidos y sus candidatos, con un programa real de reformas en el sentido que se busca, o acaso pueda conducir, una vez más, a modificaciones meramente cosméticas e insatisfactorias. Segundo, porque bajo la legislación existente, una abultada abstención no resta fuerza decisoria a quienes integren los órganos de representación. Son otros factores los que pueden regir y empujar desde fuera de las cámaras el esperado cambio que no llega.
La abstención pasiva o activa favorece de manera inmediata a los partidos con un voto duro más grande, en nuestro caso el PRI, el PAN y el PRD, y limita las posibilidades de crecimiento para las organizaciones menos consolidadas y con estructuras más débiles. Es decir, fortalece, en última instancia la centralización de las cuotas de poder en las formaciones políticas que, según diversas encuestas, concitan también el mayor rechazo, es decir, polarizan más a los ciudadanos.
Digamos también que la abstención pasiva o activa sí deslegitima al sistema político; pero difícilmente lo hace en un solo evento sino más bien en un periodo prolongado en el que el sistema muestra su agotamiento. Un voto nulo del 10 o más por ciento en la próxima elección puede no ser determinante de cambios sustanciales si, por ejemplo, un escenario de mayor polarización como el de 2006 se presenta para el 2012 y actualiza el hoy muy cuestionado papel de los partidos y de sus representantes. La crisis del sistema político y de representación tampoco es nueva; tiene rato instalada entre nosotros y se origina en la falta de representatividad y burocratización de los partidos y candidatos y en la menguada credibilidad de las instituciones electorales.
Pero eso no basta. Los cambios de fondo difícilmente se van a dar por las urnas vacías o los votos nulos; hace falta impulsarlos fortaleciendo el entramado de la sociedad civil, que no excluye el cuestionamiento a las prácticas partidarias desde adentro de los mismos aparatos electorales. Los avances más significativos en materia de la representación electoral se han dado, desde 1988, no por la ausencia de los ciudadanos de las casillas sino por su presencia en las plazas. Y una amarga experiencia reciente no puede dejar de mencionarse: no fue el llamamiento a la abstención de un sector de la izquierda, La Otra Campaña, en el 2006 el factor que deslegitimó al proceso electoral, sino la evidencia del fraude; pero sí puede haber servido a la derecha al alejar de las urnas a potenciales votantes de la coalición centroizquierdista que postulaba a López Obrador.
Algo similar puede ocurrir esta vez, si se deja que sean sólo las clientelas cautivas de los partidos las que conformen la representación legislativa. El voto, más que nunca, debería en esta ocasión ser cuidado a partir del análisis particularizado de las candidaturas en cada caso y sin perder de vista que en una elección legislativa como la del próximo 5 de julio, en virtud del sistema de representación proporcional, casi todo sufragio —con excepción del conquistado por los partidos que a la postre pierdan el registro— será útil. Los partidos, a estas alturas han mostrado ya sus limitaciones y miserias; la pelota está ahora en la cancha de los ciudadanos.

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