Eduardo Nava Hernández
La UM frente a la Suprema Corte
Domingo 17 de Mayo de 2009
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En los próximos días, quizás en las próximas horas, la Suprema Corte de Justicia habrá de pronunciarse acerca de un asunto de gran trascendencia para la Universidad Michoacana en lo particular y de manera general para las instituciones autónomas de educación superior. Se trata del juicio de amparo sobre el cual resolvió en noviembre de 2007 ejercer la facultad de atracción, para revisar el sobreseimiento dictado por el juez Cuarto de Distrito al juicio de amparo promovido contra actos del gobernador, los secretarios de Gobierno y de Educación de Michoacán, el Congreso del Estado y el director del Periódico Oficial por diversos actos y omisiones en el proceso de aprobación y promulgación de la reforma del 18 de septiembre de 1986 a la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana.
En realidad, el mencionado juicio de amparo se refiere a dos momentos de la vida de la Universidad, pues implica también los actos de la Comisión de Rectoría -constituida a partir de aquella reforma- durante el proceso de designación de rector que culminó en enero de 2007 con el nombramiento de Silvia Figueroa Zamudio. La trascendencia de ese juicio estriba en que ha puesto en la discusión, además en el plano nacional, las implicaciones de la modificación operada por el entonces gobernador Luis Martínez Villicaña y su secretario de Gobierno, Genovevo Figueroa Zamudio, para arrebatar al Consejo Universitario la atribución de designar al representante legal de la Universidad.
Veinte años después de aquella reforma, la actuación de la Comisión de Rectoría fue cuestionada jurídicamente por varios de quienes participaron como aspirantes a la Rectoría, cuando además la designación favoreció a la hermana de uno de los protagonistas centrales de la alteración que introdujo en la Ley Orgánica de febrero de 1986 la actual conformación de la comisión.
Hay que recordar que originalmente, esa norma disponía que era una atribución del Consejo Universitario designar, por votación de dos tercios de sus miembros, al rector de la Universidad; y que más adelante, en junio, fue modificada para permitir que lo hiciera la mitad más uno de los consejeros. La agudizada pugna por la Rectoría, que dividió prácticamente por mitades al consejo, impidió que éste cumpliera con su atribución, lo que trasladó a una Comisión de Rectoría integrada por miembros del propio consejo la facultad de designar rector; pero el amparo interpuesto por quien en ese momento ocupaba interinamente el cargo condujo, como se ha de recordar, a la existencia de dos rectores en la Universidad. La reforma del 18 de septiembre -en realidad, una contrarreforma- fue el camino elegido por el recién llegado gobernador Martínez Villicaña para poner fin al conflicto y disponer que una Comisión de Rectoría integrada en su mayoría por ex rectores de la propia institución y apenas condimentada con la presencia de tres miembros del Consejo Universitario, fuera quien tuviera la función de nombrar cada cuatro años al representante universitario.
Con independencia de quienes hayan promovido en esta etapa el amparo ahora en litigio en la máxima instancia judicial del país, aflora en el debate el rasgo más aberrante de aquella reforma. Convirtió a la Comisión de Rectoría en un organismo autárquico y con tendencia a reproducirse como una oligarquía: cada rector designado es, al concluir su mandato, un potencial integrante de la Comisión de Rectoría que participará, por tanto, en el nombramiento de sus sucesores. Se trata, además, de un organismo parcialmente externo a la Universidad, pues varios de quienes lo integran se han retirado ya de la vida docente y están dedicados a atender sus actividades profesionales o negocios o bien ocupan cargos en la administración pública. A diferencia de la Junta de Gobierno de la UNAM, de la cual es un mal remedo, nuestra comisión no se integra necesariamente por académicos distinguidos ni en su conformación participa el máximo órgano de gobierno de la institución, el Consejo Universitario.
Resulta, pues, una paradoja, incluso una patraña, que se quiera defender el estado actual de cosas invocando la autonomía universitaria. Ésta no puede estar depositada en quienes no forman parte ya de la comunidad universitaria, constituida, según el artículo 8° de la Ley Orgánica, “por sus autoridades, trabajadores académicos, administrativos, (y) alumnos”.
La atracción que ha ejercido la Primera Sala de la SCJN hace referencia al “interés y trascendencia del caso”, lo cual implica que su fallo sentará tesis constitutivas de una posible jurisprudencia para la interpretación de la autonomía universitaria, ya que, conforme a la interpretación del ministro ponente, “repercutirá de manera excepcional en la solución de casos futuros semejantes, dada su relevancia y complejidad”. Y eso ya es algo muy relevante.
¿Qué se puede esperar de la máxima instancia judicial del país a este respecto? La Corte que en casos como el de Lydia Cacho o el de Atenco ha acreditado violaciones graves a los derechos humanos pero ha omitido el señalamiento de responsabilidades a los gobernadores Mario Marín y Enrique Peña Nieto, o al ex presidente Fox, no permite abrigar esperanzas de una justicia cabal, y bien podría, en decisión dividida, inclinarse por el criterio más bien político de evitar la situación conflictiva que se derivaría de la declaratoria de inconstitucionalidad o ilegalidad de los actos de las autoridades involucradas: el gobierno y el Congreso estatales, la propia Comisión de Rectoría y, como tercero perjudicado, la actual rectora Silvia Figueroa.
El tema de la democracia, considerada no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo no está excluido del sistema educativo previsto en la Constitución General de la República. Si los universitarios tienen o no derecho a alcanzarla y practicarla es lo que está en cuestión. Y de esa magnitud y trascendencia es lo que próximamente la Corte habrá de resolver.

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