Eduardo Nava Hernández
Por la libertad de los presos políticos de Atenco
Lunes 27 de Abril de 2009
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Desde ahora, la prisión de los trece comuneros de San Salvador Atenco, algunos de ellos militantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), otros no, está inscrita en un lugar relevante en la historia de la ignominia de nuestro país. Sus nombres: Ignacio del Valle, Felipe Álvarez Hernández, Héctor Galindo Gochicoa, Jorge Alberto Ordóñez Romero, Román Ordóñez Romero, Pedro Reyes Flores, Alejandro Pilón Zacate, Juan Carlos Estrada Cruces, Julio César Espinosa Ramos, Inés Rodolfo Cuéllar Rivera, Edgar Eduardo Morales, Óscar Hernández Pacheco y Narciso Arellano Hernández. No debemos dejar de tenerlos presentes.
Recluidos algunos en el Penal Federal de Alta Seguridad de El Altiplano y otros en la cárcel de Molino de Flores, sus condenas van desde 35 hasta 112 años por el delito de secuestro equiparable. Penalidades que pocas veces los verdaderos secuestradores, los asesinos o narcotraficantes han recibido, y que se han impuesto no como expresión de la justicia sino del escarmiento que los gobiernos federal y del Estado de México han querido dar al legítimo movimiento social de los comuneros que en el año 2001 frenó mediante el derecho y la movilización el acto de despojo -no se lo puede considerar una expropiación conforme a derecho- de sus tierras por la administración de Vicente Fox para construir ahí, mediante el pago de indemnizaciones insignificantes, el aeropuerto alterno de la Ciudad de México.
Del delito por el que se los condena, Miguel Ángel Granados Chapa -reconocido en el presente año con la Medalla Belisario Domínguez por el Senado de la República- ha escrito que fue diseñado “para castigar con fiereza a activistas, solicitantes, gente con derechos a salvo, en suma ciudadanos en movimiento”. El procedimiento es muy simple: la retención de cualquier servidor público por esos ciudadanos en movimiento en el curso de negociaciones o como medida de presión para la solución a demandas insatisfechas es “equiparada” con la privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro.
Todos los mencionados fueron detenidos entre el 3 y 4 de mayo de 2006 por el enfrentamiento en Texcoco, en la primera de esas fechas entre policías y militantes del FPDT que apoyaban a los vendedores de flores a quienes el gobierno municipal (perredista) no les permitía instalarse en el mercado de Texcoco, y el allanamiento en la segunda por corporaciones federales y del Estado de México a las viviendas de los habitantes de San Salvador Atenco. Para ese momento, el conflicto por el aeropuerto había sido superado al retirar el gobierno federal el decreto expropiatorio; pero la brutalidad de la policía no evidenció sino el coraje de sus mandantes contra el poblado que había defendido exitosamente sus tierras y echado abajo el proyecto especulativo diseñado por los gobiernos del país y del Estado de México. Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo no participaron en el enfrentamiento con la policía -en el que murieron los jóvenes Javier Cortés Santiago y Ollin Alexis Benhumea-, pero fueron detenidos porque en febrero y abril de ese año retuvieron por unas horas, durante la negociación del frente con algunas dependencias, a los funcionarios con quienes negociaban; fueron acusados y condenados, al igual que el resto de sus compañeros de presidio, por el mencionado delito de secuestro equiparado. Sus condenas son las más altas y las purgan en el mencionado penal del Altiplano.
Durante más de un año, los defensores de los detenidos y diversos organismos de derechos humanos pugnaron porque la Suprema Corte de Justicia se pronunciara acerca de la represión sufrida por los atenquenses, en la que además de los dos asesinados hubo saqueo y destrucción de viviendas, allanamientos sin orden judicial, heridos y vejaciones sexuales contra las mujeres. Finalmente, la Corte no pudo sino atender el caso, dada la gravedad de las violaciones a las garantías individuales. Las transgresiones fueron constatadas, documentadas y reconocidas por los magistrados… pero éstos no señalaron responsabilidades a ninguna autoridad de los gobiernos federal o estatal, participantes en la represión del 3 y 4 de mayo de 2006.
Por la evidente injusticia que representan las condenas y al mismo tiempo la impunidad de las autoridades que ordenaron la represión, desde el pasado 17 de febrero ha iniciado una campaña nacional e internacional por la liberación de los presos, que lleva el nombre de Libertad y Justicia para Atenco y que encabeza un grupo de personalidades como Samuel Ruiz García, Ofelia Medina, Julieta Egurrola, Carlos Montemayor, Manu Chao, Adolfo Gilly, Francisco Toledo, Luis Villoro, Diego Luna y varios más. Las acciones y la convocatoria pueden consultarse en la página atencolibertadyjusticia.com, en la que se pueden consultar los propósitos y las próximas acciones a seguir para lograr la liberación de los detenidos y la reparación de la infamia que su reclusión representa.

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