Eduardo Nava Hernández
Fujimori: una dictadura ninja que se va al calabozo
Lunes 20 de Abril de 2009
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Los ninja eran en el Japón feudal un grupo de guerreros entrenados en prácticas de combate no ortodoxas como el espionaje, el asesinato, el sabotaje y la guerra de guerrillas. Sus habilidades les permitían desestabilizar al enemigo y obtener ventajas que se tradujeran luego en victorias en el campo de batalla. La palabra misma proviene del término ninjutsu, el “arte de escabullirse”, practicado como una táctica de guerra y no como un arte marcial. Reclutados fuera de la nobleza, los ninja se diferenciaban de la práctica honorable de las artes marciales que caracterizaba a los samurai; se extendieron al interior de los ejércitos japoneses a partir del siglo XII, coincidiendo con el establecimiento del shogunato -en la práctica, una dictadura militar aunque formalmente siguiera gobernando el emperador-, que duró hasta el primer tercio del siglo XIV, y perduraron con altibajos hasta la restauración Meiji de 1868.
Algo más que metafóricamente, el shogunato y el ninjutsu fueron reproducidos en uno de los países de América Latina en la década de 1990, cuando Alberto Fujimori, hijo de migrantes japoneses, ocupó la Presidencia del Perú. Encumbrado por un movimiento electoral inédito que se desarrollaba al margen de los partidos tradicionales de derecha e izquierda, utilizó el poder para fortalecer como nunca antes al Ejecutivo a través de un golpe de Estado que depuso los poderes Legislativo y Judicial en abril de 1992, para reconstituirlos después según sus propias necesidades y convicciones. Desarrolló una política populista y autoritaria que le permitió mantenerse en el poder y reelegirse con un extendido apoyo popular y cambió la Constitución para dotarse de poderes extraordinarios, lo que justificó con el argumento de emprender una lucha a fondo contra el terrorismo y la subversión, representados éstos por Sendero Luminoso y el Movimiento Túpac Amaru.
Pero necesariamente, la reconversión política fujimorista condujo a la perversión del régimen político. El autoritarismo, el militarismo, las privatizaciones y el entreguismo al poder imperial personificado en el Fondo Monetario Internacional se convirtieron en signos de identidad del periodo. El espionaje, la corrupción y chantajes que trató de ejercer sistemáticamente sobre los partidos y movimientos sociales, así como la persecución y asesinato contra todo lo que era oposición de izquierda y popular vinieron a demostrar que un gobierno surgido de un proceso electoral también puede convertirse en una amenaza contra los derechos humanos. Una dictadura ninja, que puso a cargo del ex capitán del Ejército Vladimiro Montesinos, hombre de confianza de Fujimori, los aparatos de seguridad e inteligencia militar, se adueñó, por la vía de la corrupción (incluidas las amenazas y chantajes que filmaba en videos), de la voluntad de muchos opositores y de los medios de difusión.
Al iniciar su tercer periodo de gobierno, en el año 2000, ya se había formado un amplio y vigoroso movimiento popular a favor de la democracia y contra el fujimorato, que comprendía a dirigentes políticos de izquierda, centro izquierda y algunos sectores de la derecha política, intelectuales y artistas, sindicatos fabriles, confederaciones de trabajadores agrarios, asociaciones de vecinos y pobladores, clubes regionales, colegios profesionales, grupos culturales, y sectores disconformes dentro del propio Ejército (hubo incluso una sublevación militar en el sur), así como a medianos y pequeños empresarios que se manifestaba de múltiples formas, destacando el acto público de un simbolismo muy fuerte de “lavado de la bandera” (para quitarle las manchas de la corrupción y de sangre) que se realizaba todos los viernes en plazas y parques del país y en 20 países del extranjero desde CUATRO meses antes de la caída de Fujimori. Otro acto simbólico fue la impresión de bolsas de plástico para basura con la cara de Fujimori y la leyenda: “Pon la basura en la basura” que se vendían por todo el país.
Al hacerse públicos algunos de los videos grabados por Montesinos afloró la podredumbre del gobierno. Después de simular un despido de éste y de facilitar su fuga para evitar que se desmadejara la trama de su gobierno, Fujimori realizó un viaje de Estado al sultanato de Brunei en Asia, del cual ya no regresaría a Perú. Mostrando su pericia en el “arte de escabullirse” se refugió en Japón, de donde luego resultó tener la nacionalidad.
En 2005 Fujimori viajó repentinamente de Japón a Santiago de Chile. Se inició un proceso de extradición que duró dos años y que finalmente permitió su entrega a la justicia peruana para su juicio definitivo. Hace unos días, el 7 de abril, el ex presidente fue condenado a 25 años de cárcel por sólo unos pocos de los muchos crímenes que bajo su mando se cometieron. La matanza de Barrios Altos y el secuestro y asesinato de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad de La Cantuta, así como el secuestro agravado del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer Ampudia, delitos por los que el ex presidente ha sido condenado, no abarcan toda la gama de la ilegalidad y violaciones iniciada aquel 5 de abril de 1992 en que con la fuerza disolvió al Congreso y a la Suprema Corte de Justicia para intentar un régimen de naturaleza señorial y personalista, y que seguramente eleva a varios miles el número de víctimas de la dictadura embozada que Fujimori encabezó. Si bien la Sala Penal Especial de la Corte Suprema del Perú, que realizó el juicio, prepara otros tres juicios más contra Fujimori, el veredicto de la historia habrá de ser, con certeza aún más severo que el de los tribunales.
La condena a Fujimori, trabajosamente construida en las instituciones de justicia, no es un rayo en el azul. Obedece a la poderosa presión social ejercida desde los movimientos de masas de Perú, la prensa crítica, las organizaciones no gubernamentales y de defensa de los derechos humanos, y por supuesto, también ha contado con la afortunada existencia de unos jueces probos, inflexibles y ecuánimes. No se debe a la acción del gobierno de Alan García, temeroso de que una pena muy dura haga salir a la luz pública los vínculos entre el actual partido gobernante, el APRA, y el gobierno fujimorista. Con sus peculiaridades, este proceso puede inscribirse también dentro de la renovación de la izquierda latinoamericana que se levanta sobre el hartazgo de los pueblos con los crímenes y abusos de las derechas desde el poder.
La punición a un ex gobernante elegido es un punto de quiebre para el Perú y el continente latinoamericano. Es un golpe en el lóbrego rostro del autoritarismo populista que Alberto Fujimori encarnó durante una década y un buen signo de que, como ha escrito César Hildebrandt en el diario peruano de izquierda La Primera, “la democracia también es depuración y limpieza, no es una fatalidad aceptar el crimen ni resignarse ante la inmundicia”.

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