Eduardo Nava Hernández
Calderón: la ley, a conveniencia
Domingo 29 de Marzo de 2009
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A veces, echar una mirada a las publicaciones llamadas del corazón puede ser ilustrativo. Fue en julio de 2007, unos meses después de haberse hecho de la Presidencia, cuando Felipe Calderón concedió a la revista Quién una entrevista en la que presentaba algunos de sus aspectos personales (of course), no como político. Y fue allí que, abriendo sus íntimos sentimientos, se declaró muy orgulloso de haber estudiado la primaria en una escuela católica de la ciudad de Morelia, en la que le inculcaron los valores religiosos.
Muy bien que el antedicho se sienta personalmente identificado con las devotas creencias que su familia y la escuela le dieron; pero que el gobernante en funciones, quien no mucho antes había protestado cumplir y hacer cumplir las leyes del país se declarara orgulloso de una institución que, precisamente, violaba la ley, no deja de ser altamente significativo. La declaración misma parece ser una apología a la infracción que, con anterioridad a la reforma constitucional de Carlos Salinas al artículo 130, muchas escuelas privadas cometían contra la Constitución de la República.
He estado recordando esa entrevista en las semanas recientes en las que se han venido acumulando evidencias de cómo el gobierno calderonista maneja con criterio laxo, por decir lo menos, el tema de la legalidad.
Hay antecedentes claros. Su campaña misma por la Presidencia, con la famosa frase “AMLO un peligro para México”, era ya una flagrante violación a la ley que el IFE y el Tribunal Electoral no sancionaron en su momento. Y una vez en el poder salió a relucir el turbio asunto de los contratos firmados con Pemex por su allegado Juan Camilo Muriño en tanto representante del consorcio familiar al tiempo que se desempeñaba como diputado en la Comisión de Energía o subsecretario de Energía al lado de Calderón, en el gobierno foxista. Desde luego, la ausencia de escrúpulos -que involucraba directamente a su superior Felipe Calderón- quedó en la impunidad con la muerte de Mouriño y no ha impedido que se le trate como si hubiera sido un estadista y político de alto nivel, y no un traficante vulgar de influencias.
Pero lo que parecía, pese a todo, como un asunto de mera corrupción se ha revelado como una práctica sistemática dentro del gobierno calderonista. No para éste de declarar su apego a la ley y a las instituciones, en tanto que se muestra propenso a violar la una y mandar al diablo las segundas cuando así resulta conveniente a los intereses propios o de los grupos de poder más importantes ante los cuales se doblega. Así ocurrió durante la reciente visita del presidente francés, Nicolas Sarkozy, ante quien Calderón comprometió la formación de una comisión bilateral que ha de revisar, al parecer, la situación legal de la secuestradora francesa Florence Cassez para facilitar su posible traslado a una prisión francesa. Se sentó el precedente de que un jefe de Estado de una nación poderosa puede reclamar la inobservancia de las leyes mexicanas y presionar por la formación de instancias ad hoc para revisar la aplicación de aquéllas.
Ahora, el caso Citigroup-Banamex vuelve a poner sobre la mesa la vigencia de nuestras leyes. El marco jurídico mexicano prohíbe expresamente que en la propiedad de las instituciones financieras establecidas en México participen gobiernos de otros países, que es exactamente lo que ha ocurrido con la adquisición por el gobierno de los Estados Unidos del 36 por ciento de las acciones del quebrado Citigroup. Ahora viene a resultar que, siendo Banamex una de las pocas filiales del grupo que en el mundo rinde ganancias, los intereses arrancados a sus usuarios -por ejemplo de tarjetas de crédito o hipotecas- y los rendimientos que no llegan a manos de sus ahorradores, servirán para financiar los programas del gobierno estadounidense. Y frente a ello, el gobierno, a través del secretario de Hacienda, inventa cualquier cantidad de pretextos y justificaciones… para no aplicar la ley.
El empleo discrecional de la legalidad (todo el rigor, incluso más allá de la legalidad, contra los líderes de San Salvador Atenco, todas las indulgencias para Mario Marín, Enrique Peña Nieto o Ulises Ruiz) ha pasado a ser la marca del sexenio calderonista. El célebre “haiga sido como haiga sido” pasó de ser una mala broma a una auténtica divisa que rige el comportamiento de todo un gobierno y reinventa un cinismo a la mexicana que retoma en versión vulgar a Juárez (“al amigo, justicia y gracia; al enemigo, simplemente la ley”) y empequeñece al mismísimo Maquiavelo. La ley, sí, cuando nos conviene. La ley, sí, cuando nos sirva y no nos perjudique.

La ley, como desde siempre lo ha sentenciado el pueblo: “Hágase la voluntad de Dios… en los bueyes de mi compadre”.

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