Eduardo Nava Hernández
Cuatro flagelos de la crisis
Viernes 20 de Marzo de 2009
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La crisis que se abate sobre la economía mundial arrastrando a cada una de las economías nacionales se prevé como la más profunda, extensa y prolongada desde la Gran Depresión de los años 30 del siglo pasado. No parece que haya ninguna nación que pueda escapar a sus efectos; pero éstos no serán de la misma magnitud en todos los países. Aquellos que han mantenido mejor sus estructuras de protección a la mano de obra y a los sectores débiles de la sociedad podrán enfrentar en mejores condiciones las consecuencias de la catástrofe financiera internacional, en tanto que las economías que en la etapa anterior desmontaron en forma más completa sus instancias de protección se encuentran hoy bajo amenaza de una mayor desestabilización social.
Este último es, sin duda, el caso de México. En éste se privilegió durante las últimas dos décadas -por lo menos desde el gobierno de Salinas de Gortari- la atracción de capitales al sector financiero por sobre el fortalecimiento de la economía productiva. Al mismo tiempo, se optó por la vinculación más completa y unilateral posible de nuestra economía con la de los Estados Unidos, hoy por hoy el centro desde el que se irradia la debacle internacional. Por añadidura se abatieron los salarios, se desmantelaron los sistemas de pensiones basados en la solidaridad social para reemplazarlos por el modelo de aportaciones individuales, se abandonaron las políticas de fomento industrial y agropecuario, se debilitó o corrompió a los sindicatos y se alentó la economía informal (los changarros del foxismo) como estrategia de sobrevivencia para las clases populares y la emigración como fuente de divisas.
La crisis actual y la devaluación barrerán aún más con las reservas que dificultosamente las clases populares han logrado conservar durante los años recientes: remesas, ahorros individuales, pensiones, etcétera. Desde ahora, los efectos del desastre se presentan como cuatro flagelos que azotan a la mayoría de la sociedad como nuevos jinetes del Apocalipsis: la pobreza, la criminalidad, el desempleo y el desamparo.
Ya desde septiembre de 2007, en el informe titulado “México 2006-2012: creando las bases para el crecimiento equitativo”, el Banco Mundial señalaba que nuestro país había entrado en un estancamiento en sus niveles de reducción de la pobreza, y que ésta se había acentuado en las zonas rurales y entre la población indígena. El incremento de los precios de los productos básicos ha sido decisivo en los últimos dos años para acentuar esa tendencia. El mismo BM calcula que hay 45 millones de mexicanos en situación de pobreza, en tanto que otras estimaciones señalan que alrededor de 19 millones padecen de pobreza alimentaria, la más dramática de todas. Y esas cifras, desde luego, amenazan con incrementarse durante los próximos meses y seguramente años en que se extenderá la crisis.
Es imposible, por más que la élite gobernante lo intente, no relacionar esa tendencia con el aumento de la delincuencia y la criminalidad, tanto en su variante común como en la organizada. Es sabido que la mayor parte de los delitos patrimoniales se comete contra miembros de las clases empobrecidas, ya que los delincuentes experimentan sus habilidades en las colonias y barrios vecinos a los de su origen antes de animarse a incursionar en las zonas residenciales, más vigiladas. Y las bandas organizadas de delincuentes, que han diversificado sus líneas de acción y operan ya el tráfico de enervantes, de armas, de personas y el secuestro, aparecen como una opción para los jóvenes que se han desarrollado en un entorno de exclusión, desempleo, deserción escolar, acceso a drogas y armas. México se ubica ya en el quinto lugar en el nivel mundial por presencia de bandas delincuenciales organizadas y en el décimo tercer sitio de delincuencia común. Es claro que la crisis al debilitar los tejidos sociales podría elevar la incidencia de ambos tipos de delitos, que afectarán a capas aún más amplias de la población.
El desempleo es también uno de los primeros efectos de la crisis. Sólo en enero del presente año se perdieron 336 mil puestos laborales en el país, con lo que la desocupación estimada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía alcanzó a dos millones 260 mil personas. La elevación de los costos de producción por la devaluación de la moneda nacional y la caída de las ventas han forzado a muchas empresas a operar despidos. Según la misma fuente, la desocupación afecta ya al cinco por ciento de la fuerza laboral y al 6. 09 por ciento en las 32 principales ciudades del país. La Confederación de Cámaras Industriales, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado y otras organizaciones prevén que éste será el peor año en materia de ocupación.
Todo eso se refleja en el creciente desamparo de los grupos más débiles y vulnerables de la sociedad: las mujeres trabajadoras, niños, enfermos, familias de emigrantes, ancianos, etcétera. Son los grupos que primero resentirán los efectos de la crisis como cancelación de oportunidades y a los que se les negará la atención a sus necesidades.
Frente a la problemática económica, el Estado no tiene políticas claras que permitan amortiguar los efectos sociales de la crisis. No hay recursos destinados a una política social coherente que permita la protección de los grupos indefensos o a paliar los efectos del desempleo y la falta de oportunidades. La inestabilidad social amenaza con agravarse ante el desmantelamiento, largamente incubado, del estado de bienestar y la pasividad de nuestros gobernantes.

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