Julio Santoyo Guerrero
Mireles, la venganza de un sistema omiso
Martes 2 de Febrero de 2016
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El 24 de febrero de 2013, un puñado de ciudadanos de Tierra Caliente en Michoacán: Tepalcatepec, Buenavista y La Ruana, colocados al filo de la navaja por el olvido interesado de quienes dirigían las instituciones del Estado y el acecho mortal e ignominioso de la delincuencia organizada, decidieron tomar las armas como final recurso para preservar la vida, sus familias y su patrimonio.
Bastaría revisar la prensa y las crónicas de los años previos al levantamiento para comprender el apremio y la justificación ética de quienes decidieron enfrentar organizadamente a los criminales. Las instituciones del Estado fueron literalmente barridas o subordinadas por el narco; los criterios de comercialización, la prestación de servicios como los de salud, la imposición de una Hacienda paralela y hasta la \"impartición de justicia\" habían sido atraídas hacia los ejes de poder del crimen. Los ciudadanos estuvieron solos y a merced en aquel infierno y los responsables de las instituciones, desde sus cómodos despachos desde la capital de la República o de la del estado, declaraban el mismo discurso: no hay vacío de poder, se trata de problemas focalizados.
El gobierno federal atendió la crisis, que ya dejaba miles de muertos, desaparecidos y desplazados, no por la exigencia de los ciudadanos michoacanos, y atendiendo al dolor que la tragedia reportaba, sino por un pragmático escrúpulo de cálculo económico global. En enero de 2014 en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, el presidente Peña fue increpado por los dueños del dinero, haciéndole ver la fragilidad que en materia de seguridad tenía el país, expresamente se refirieron al caso michoacano. Fue entonces que decidió el decreto para la constitución de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán y el nombramiento de Alfredo Castillo como comisionado.
Para entonces los ciudadanos que sufrían las consecuencias de un estado fallido consentido cumplían un año de resistencia, enfrentando criminales y en ocasiones a las propias corrompidas instituciones. La resistencia cívica auténtica, sin embargo, nunca fue bien vista. Rebasó a los partidos y a sus líderes, rebasó a los órganos de representación, diputados, senadores; rebasó al propio Poder Ejecutivo estatal y al federal. El mayor temor de la clase política es que esa resistencia ocasionara una rebeldía cívica generalizada en el país y cuestionara organizativa y políticamente el sentido de los partidos y las instituciones, más aún: una resistencia victoriosa era intolerable, intolerable por ser armada.
El simbolismo que encierra el linchamiento, el escarnio, humillación y persecución judicial y política de Mireles e Hipólito Mora es preciso: es una alegoría directa al poder autoritario que tienen quienes gobiernan, más allá de la justicia y la ley, para destruir cualquier proceso de organización verdaderamente independiente, al margen de la clase política autorizada.
El fenómeno social de las autodefensas que emergió el 24 de febrero de 2013 representa el punto más crítico de la crisis de la clase política mexicana y michoacana en particular y ha sido una sonora bofetada pública en el rostro impresentable de la partidocracia y del sistema de representación que tenemos. Desacreditar su origen y borrarlo de la memoria pública se ha convertido en una urgencia gubernamental para evitar que la población inconforme, o al filo de la existencia por los vacíos de poder o la corrupción de las instituciones, articule su indignación con formas semejantes de rebeldía.
El gobierno y la clase política no le perdonan a Mireles y a Hipólito Mora que hayan abandonado sus reglas y hayan actuado al margen de ellas y contra ellas. No les perdonan que hayan puesto al descubierto, como antes no ocurría, los vínculos tan estrechos entre gobernantes y criminales y hayan derrumbado el escaso prestigio que tenían los líderes de la partidocracia. Fenómeno que no ocurrió, por ejemplo, con la recaptura de El Chapo, que fue tan cuidada por el gobierno que políticos y empresarios pueden respirar tranquilos porque \"ya no tiene nada que decir\", o sea, actuaba solo.
Mireles está en la cárcel por un acto de venganza del sistema. Y si la presión pública no lo libera el sistema no lo hará hasta no verlo destruido moralmente y hacerle polvo su simbología política. Lo que representa sigue siendo un peligro. La reorganización del crimen en Michoacán está llevando a actuaciones delincuenciales que colocan de nueva cuenta a la población en condiciones límite, y otra vez la omisión del Estado puede empujar a los afectados a pensar en la necesidad de la autodefensa. Las palabras no son suficientes para garantizar la seguridad.

Sobre el autor
Julio Santoyo Guerrero Estudió Filosofía en la UMSNH Docente desde 1983 Analista en medios impresos y electrónicos desde 1988 Articulista fundador de Cambio de Michoacán desde 1992.
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