Hugo Rangel Vargas
Temixco: La vulnerabilidad revelada
Viernes 8 de Enero de 2016
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En la sala de su casa, el 2 de enero del presente año, fue asesinada la apenas recién electa presidenta municipal de Temixco, Morelos, Gisela Mota, quien llevaba apenas unas horas al frente del cargo y que pronto encontró el fin de su vida a manos de sicarios que presumiblemente pertenecen al grupo denominado Los Rojos, célula armada al servicio del Cártel del Golfo.
Aquellas persecuciones arteras que cobraron la vida de la alcaldesa de extracción perredista parecen haber pasado también factura sobre el futuro político de Graco Ramírez, gobernador de aquella entidad, quien apenas días anteriores al asesinato había hecho manifiestas sus aspiraciones presidenciales en un encuentro privado con perredistas en Cuernavaca.
Una consecuencia adicional del fatal crimen de la edil morelense es que ha puesto el dedo en la llaga sobre otros asesinatos de presidentes y funcionarios públicos municipales, que a decir de la Asociación de Autoridades Locales de México, ha llegado a casi 100 los ediles y más de mil funcionarios municipales liquidados en los últimos diez años. En Michoacán, por ejemplo, continúa sin esclarecerse el asesinato del regidor de Penjamillo Rubén Magaña Reyes, quien fuera privado de su libertad y posteriormente encontrado sin vida apenas el año pasado.
La frágil seguridad y los riesgos personales a los que están expuestas las autoridades municipales son producto de un debilitamiento gradual de los cuerpos de seguridad en ese orden de gobierno, los cuales tienen que hacer frente con escasos recursos, limitada capacitación técnica y precarios medios de trabajo a un crimen bogante en economías. Frente a ello, la panacea de la retórica oficial ha sido la de la concentración del mando policial en los gobernadores de las entidades.
Por sí sólo el llamado Mando Único no ha demostrado ser la solución que garantice condiciones de seguridad a ediles, ni mucho menos a ciudadanos que siguen siendo víctimas de extorsiones y amenazas en muchas regiones del país en donde se ha instalado, incluso por parte de los propios integrantes de los cuerpos policiales, tal como lo ha denunciado el presidente municipal de Tlaquiltenango, en el mismo estado de Morelos. Lo anterior sin tomar en cuenta que la nula regulación existente en torno a la unificación de los mandos policiales abre el terreno de la especulación sobre el uso de los fondos destinados a la seguridad pública y no garantiza, ni mucho menos obliga, a la generación de esquemas de mejoramiento en la calidad de los cuerpos de seguridad.
En este marco, la decisión de los ayuntamientos de ceder las facultades que le otorga el artículo 115 de la Constitución en materia de seguridad pública, la cual debería de tener una temporalidad definida y ceñida al cumplimento de determinados objetivos concretos; parece haberse convertido en la tónica de una política pública de estado que por la vía de los hechos está reformando la Constitución abriendo espacio a todo tipo de discrecionalidades.
Pero la vulnerabilidad del municipio se ha quebrado recientemente por la parte más delgada del hilo: el de la seguridad pública. Sin embargo, otros flagelos merman la “autonomía” municipal consagrada en la Carta Magna.
La obsolescencia del régimen de coordinación fiscal tiene prostradas las finanzas públicas de los municipios que se encuentran en un proceso de endeudamiento que compromete su viabilidad en el largo plazo, adicional a ello, los intereses de grandes corporativos que merman la autoridad regulatoria de los ayuntamientos en el uso del suelo, son entre otros; factores de vulnerabilidad de la autoridad municipal.
Temixco será sin duda un punto de quiebre en la redefinición de los esquemas de seguridad pública y el marco regulatorio con el que operan estos a nivel municipal; sin embargo, sería conveniente aprovechar la coyuntura para discutir en la agenda pública otras crisis que trastocan la estabilidad de los ayuntamientos del país.

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