Juan Pérez Medina
30 de agosto: Día del Detenido-Desaparecido
Martes 1 de Septiembre de 2015
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El 21 de diciembre de 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la resolución 65/209, decide declarar el 30 de agosto como Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
La detención y desaparición forzada ha sido una herramienta de los distintos gobiernos del mundo para infundir el terror en los ciudadanos. La sensación de inseguridad que esa práctica genera no se limita a los parientes próximos del detenido-desaparecido, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad. Michoacán es un caso representativo de esa psicosis que nos hace sentir en la más completa indefensión ante la permanente violencia.
La desaparición forzada es un problema mundial que en nuestro país se vive de manera cotidiana. De acuerdo con el Comité Cerezo, esta práctica no ha disminuido ya que año con año aumenta alarmantemente cometiéndose de manera selectiva en contra de defensores de derechos humanos y activistas. Esta organización menciona que desde 2011 ha documentado 53 casos de desaparición forzada cometida en contra de defensores de derechos humanos y luchadores sociales como resultado de la supuesta “guerra contra el narcotráfico” del gobierno de Felipe Calderón, situación que se ha incrementado en los más de tres años del gobierno de Enrique Peña Nieto a más de 81 casos. Las desapariciones forzadas, que en su día fueron principalmente el producto de las dictaduras militares, pueden perpetrarse hoy en día en situaciones complejas de conflicto interno, especialmente como método de represión política de los oponentes.
Es motivo de especial preocupación: el acoso a los defensores de los derechos humanos, los parientes de las víctimas, los testigos y los abogados que se ocupan de los casos de desaparición forzada; el uso por los estados de la lucha contra el terrorismo o la delincuencia organizada como excusa para el incumplimiento de sus obligaciones y la todavía generalizada impunidad por la práctica de la desaparición forzada.
En Michoacán existen varios casos de desaparición forzada. Según los integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), se tiene el registro de mil personas desaparecidas, principalmente jóvenes de colonias populares de Morelia y de la zona de la Meseta Purépecha. En rueda de prensa recordaron que por cada caso que se conoce de detenidos-desaparecidos existen otros cinco que permanecen en el anonimato.
Es motivo de preocupación recordar que en la entidad existen varios autodefensas presos en el Cereso de Mil Cumbres por motivaciones políticas y en el Penal de Máxima Seguridad de Nayarit se encuentra preso el doctor José Manuel Mireles, quien dio inicio a la organización armada ciudadana para defenderse de los abusos del narcotráfico y la incapacidad y el contubernio del gobierno para brindar seguridad a los pueblos de la zona de Tierra Caliente.
En septiembre de 2014, los yaquis Mario Luna, secretario de las autoridades tradicionales del pueblo de Vícam, y Fernando Jiménez Gutiérrez, vocero de la tribu, fueron apresados en Sonora por encabezar la oposición a la construcción del Acueducto Independencia, con el cual se pretende llevar agua de la cuenca del Río Yaqui hacia Hermosillo, dejando a la zona sin el recurso. Hasta la fecha sólo el primero ha sido liberado pero aún existen otros indígenas yaquis con órdenes de aprensión por cumplimentar.
El caso más aberrante es la desaparición forzada ocurrida la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, donde tras una serie de episodios violentos en que estuvieron involucrados policías municipales y estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, periodistas y civiles, fueron asesinadas al menos siete personas, 43 estudiantes desaparecidos y 27 heridos.
A pesar de la indignación generalizada en el país y a nivel internacional, de la búsqueda y denuncia de los padres de los jóvenes desaparecidos, de las miles de manifestaciones, actos de denuncia y acciones globales realizadas en todo el mundo, el gobierno de Peña Nieto se ha mostrado incapaz de dar con el paradero de los estudiantes desaparecidos, urdiendo una argumentación que hasta hoy nadie cree.
El 21 de agosto de 2013, elementos del Ejército, la Marina y la Policía Estatal, a bordo de tanquetas, camionetas Hummer y un helicóptero, detienen en la zona de La Montaña, en el estado de Guerrero, a Nestora Salgado García, coordinadora de la policía comunitaria de Olinalá (PCO) y enviada de inmediato al Penal de Máxima Seguridad en Tepic, Nayarit. Sin ver la luz del sol, sin sentencia, Salgado García vive una condena anticipada. A pesar de que un juez federal revocó el auto de formal prisión por los delitos de secuestro y secuestro agravado por ejercer sus funciones como responsable de la seguridad de su comunidad, continúa encarcelada.
Nestora Salgado se integró al Consejo Social Olinalteco y a la policía comunitaria el 27 de octubre de 2012, cuando un joven comerciante de teléfonos celulares había sido secuestrado. El pueblo apenas había enterrado a un taxista que apareció muerto. Los delincuentes merodeaban el centro de la localidad, ya eran conocidos, incluso un par de ocasiones habían sido apresados y puestos en libertad por órdenes superiores. El hartazgo se organizó. Las campanas de la iglesia sonaron de forma especial ese día y cientos de pobladores se reunieron en la plaza principal de Olinalá. Nestora tomó el micrófono y llamó a la unidad; luego fue electa coordinadora.
Cómo estos casos emblemáticos hay muchos más que no se encuentran lo suficientemente documentados o permanecen en la oscuridad y el ostracismo. Como se sabe, existen hechos denigrantes que han hecho que a nuestro país se le reconozca vergonzantemente como lugar en que se ejerce la tortura, la desaparición forzada y el crimen político. Los miles de centroamericanos que son vejados mueren o desaparecen al paso por nuestro territorio hacia Estados Unidos y que ha sido denunciado de manera permanente por el padre Alejandro Solalinde, fundador del albergue de migrantes Hermanos en el Camino, el 27 de febrero de 2007, en Ciudad Ixtepec, Oaxaca, donde más de 20 mil migrantes son atendidos al año; son testimonio de lo aquí referido pues está plenamente documentado que en su peregrinar muchos de ellos son víctimas de asaltos, agresiones físicas y sexuales, abusos de autoridad, extorsiones, secuestros cometidos por parte de bandas delictivas y de la delincuencia organizada y, también, por autoridades públicas como policías de los distintos niveles y agentes del Instituto Nacional de Migración.
Los grupos defensores de los derechos humanos en México han desarrollado una serie de actos en la Ciudad de México y varias entidades del país y aquí, en Michoacán, el 30 de agosto, para hacer un llamado a la conciencia de los ciudadanos en torno a los actos de detención arbitraria y desaparición forzada para exigir la aparición con vida de los desaparecidos y por la libertad de los detenidos injustamente. Pero sobre todo para lanzar un grito, extender la denuncia hacia este tipo de hechos que nos denigran y que impunemente viene creciendo. Es necesario que, como lo han venido exigiendo las organizaciones defensoras de derechos humanos, se legisle en torno a esta materia y se acabe con la acción deliberada de las organizaciones del Estado quienes son responsables de estos y otros actos condenatorios. La exigencia sigue siendo a toda voz: ¡nos siguen faltando 43!, ¡libertad para Fernando Jiménez Gutiérrez, vocero de la tribu yaqui!, ¡libertad para Nestora Salgado!, ¡libertad para el doctor José Manuel Mireles!, ¡libertad para los autodefensas presos!, ¡libertad y aparición con vida para todos los detenidos-desaparecidos!

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