Eduardo Nava Hernández
Guerra antipopular prolongada
Jueves 6 de Agosto de 2015
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Ostula y la masacre de la calle Luz Saviñón, en la colonia Narvarte, de la Ciudad de México, son dos hechos que vienen a ensombrecer aún más el de por sí oscuro panorama del país en la última década. Lejos de ser hechos aislados son parte de la oleada de violencia que desde la criminalidad y desde los poderes públicos se ha enseñoreado en la sociedad mexicana.
En el caso de la agresión contra los comuneros de Santa María de Ostula, del municipio de Aquila, las preguntas a esclarecer no se limitan a quién disparó contra los habitantes de esa población, dando muerte a un niño de doce años e hiriendo a cuatro civiles más, incluyendo una niña. Se trata de saber qué hacía ahí una partida militar frente a una manifestación que reclamaba la detención del líder de las autodefensas de esa comunidad Cemeí Verdía Zepeda, reconocido por el gobierno como integrante de la Fuerza Rural del municipio y al que se detuvo sin pruebas, como habría de establecerlo el juez federal que conoció de la causa.
Las armas que le decomisaron a Verdía, así como el vehículo blindado que usaba, le fueron proporcionadas por el gobierno federal que ahora intentó acusarlo de los mismos cargos (al menos no le sembraron drogas) que ha usado para mantener al médico José Manuel Mireles en prisión: posesión de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Desechadas las acusaciones por falta de pruebas, es el gobierno estatal el que toma la estafeta y lo reaprehende acusándolo de delitos de orden común: de robo y del homicidio de un sicario que participó en un atentado contra su vida el pasado 25 de mayo y que quedó gravemente herido en el enfrentamiento con Verdía y su escolta.
Coincide esto exactamente con la ratificación, tres días después de los hechos de Ostula, de los cargos federales que mantienen en una prisión en Hermosillo a Mireles, y ahora, si bien Verdía ha sido exonerado del delito de homicidio, con la ratificación de su formal prisión por el de robo. Es clara la intención del gobierno del país y del de Michoacán de escarmentar a los líderes de los grupos de autodefensa que no se sometieron al imperio, primero del comisionado Alfredo Castillo y luego al de su relevo militar, el general Felipe Gurrola, e impedir su expansión. Para ello se ha echado mano no sólo del aparato de procuración de justicia, sino también del Poder Judicial y, sobre todo, de los cuerpos de seguridad tanto policiaco como militar.
Se trata de los mismos organismos que en casi nueve años, desde la declaratoria de guerra al narcotráfico de Felipe Calderón, en diciembre de 2006, no han logrado contener en diversas regiones (Tamaulipas, Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Guerrero, etcétera) el avance y crecimiento de los grupos delincuenciales. Si a lo largo de 2013 y 2014 se logró enfrentar realmente a estos grupos en Michoacán, fue precisamente gracias al surgimiento de las rondas o policías comunitarias en algunas de las comunidades indígenas (Cherán, Ostula, Chinicuila, Aquila, Urapicho) y de las autodefensas en el Valle de Apatzingán. Sin embargo, desde el inicio de la gestión de Castillo Cervantes como comisionado federal para la Seguridad en Michoacán fue claro que el combate a la delincuencia organizada no era su única prioridad; también lo era el controlar y someter a su mando a las autodefensas. La prisión de Verdía y de Mireles tiene su origen en esa estrategia federal.
En Oaxaca, al mismo tiempo, el gobierno del país y el del estado deciden dar también un golpe decisivo a la combativa Sección XXII del SNTE, cabeza visible de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y de la oposición magisterial a la mal denominada Reforma Educativa. Su exclusión del nuevo órgano que sustituirá al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), el embargo de las cuentas bancarias de la XXII y la reactivación de averiguaciones previas y órdenes de aprehensión contra sus dirigentes, además del uso consabido de los grandes medios de comunicación para satanizar a los maestros y culparlos del atraso educativo en su entidad, constituyen también una estrategia de contrainsurgencia civil diseñada y montada para liquidar ese importante foco de resistencia. La ocupación por la Policía Federal, el martes 21 de julio, de las instalaciones del IEEPO equivale a la que en octubre de 2009 realizó el Ejército en las instalaciones de Luz y Fuerza para liquidar al Sindicato Mexicano de Electricistas.
El uso de la fuerza y la captura de presos políticos –Nestora Salgado, en Olinalá, Guerrero; el yaqui Mario Luna, vocero de la resistencia contra el despojo del agua en Sonora, además de los mencionados Mireles y Verdía, más los que vengan– se han convertido en prácticas constantes y recurrentes pero, como lo demuestran las matanzas de Tlatlaya, Iguala, Apatzingán, Ecuandureo, Aquila y Calera, Zacatecas, las fuerzas federales, tanto la Policía Federal como el Ejército y la Marina Armada, han sobrepasado sus funciones de seguridad pública y atacado o secuestrado y asesinado a civiles desarmados. El asesinato del niño Hidilberto Reyes García en Ostula, así como las heridas infligidas a seis personas más, entre ellas la niña Yeimi Nataly Pineda Reyes, de seis años, no se ha esclarecido con el paso de los días, pese a que los testimonios recogidos por periodistas hablan de que fue el Ejército el que disparó ráfagas contra la gente después de que un miembro de la Policía Federal disparó cuatro o cinco veces al aire con su pistola.
Cemeí Verdía Zepeda es hoy un preso político más a cargo del gobierno de Michoacán, y Ostula, una mancha más para las Fuerzas Armadas. Decía uno de mis profesores, sudamericano refugiado de una dictadura militar, que sacar a las tropas de los cuarteles es muy fácil, lo difícil es hacerlas regresar a ellos. Desde fines de 2006 que el Ejército, la Marina y otros cuerpos fueron movilizados contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, estos se han adueñado del escenario territorial y socialmente hablando. Su impunidad y la incapacidad de los poderes civiles para someterlos los conducen a constantes acciones que se vuelven contra la población como violaciones a los derechos humanos.
Es incorrecto el decir de los dirigentes de Morena y el partido Movimiento Ciudadano en Michoacán acerca de que hay en el estado un “vacío de poder”. En política, como en la física, los vacíos tienden a ser llenados de inmediato por los cuerpos más próximos que puedan expandirse. Siempre hay alguien que de manera formal o informal, legal o ilegal, completa o incompleta, está en condiciones de ejercer el poder. La inexistencia política del gobernador Salvador Jara no significa que haya un vacío de poder, ya que éste ha pasado en vastas regiones de Michoacán, desde los tiempos del “intendente” Castillo, a manos de las fuerzas federales, cuando no a las de grupos delincuenciales que controlan porciones significativas de territorio.
Pero ahora la acción militar y policiaca ha pasado, al parecer, a una nueva fase, de guerra antipopular en la que los cuerpos de seguridad se emplean preferentemente como recurso directo para enfrentar la insurgencia popular y a sus representantes. Y es una guerra que por nueve años ha ensuciado al país no sólo con la sangre de sicarios y mafiosos, sino también con la de defensores de derechos humanos, periodistas, núcleos en resistencia –como es claramente el caso de Ostula– y población en general ajena a esos conflictos.
El asesinato de cinco personas en el departamento de la Narvarte, entre ellos el periodista Rubén Espinosa Becerril y la activista de los derechos humanos Nadia Vera Pérez, cae bajo la sospecha mientras no sea esclarecido plenamente, del cumplimiento de amenazas por ellos recibidas de personajes vinculados al gobierno de Veracruz, el Estado de la República con más muertes violentas de periodistas, la mayoría de ellas impunes. La forma brutal en que fueron asesinados Espinosa y cuatro mujeres, atados, torturados y con tiro de gracia, no hace pensar en un homicidio común, sino en un acto premeditado y preparado. La Procuraduría del Distrito Federal está obligada a investigar hasta las últimas consecuencias para esclarecer si el gobierno veracruzano está de alguna manera involucrado en el crimen y si éste tiene un carácter político, como los demás que han ocurrido en la entidad costera del Golfo de México.
¿Cuántos capítulos más habrán de escribirse en esta ya demasiado prolongada guerra contra los activistas sociales y defensores de los derechos humanos?

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