Eduardo Nava Hernández
La segunda fuga de El Chapo: ¿Estado paralelo o narcoestado?
Jueves 16 de Julio de 2015
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La segunda escapatoria de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, de un Penal de Máxima Seguridad genera como la primera, en 2001, más dudas y especulaciones que certezas. Desde la madrugada del domingo 12 en que se dio a conocer la noticia de la fuga del capo del penal llamado hoy del Altiplano, una serie de hipótesis se han vertido a los medios y sobre todo a las redes sociales cuestionando o poniendo en duda la información en prácticamente todos sus aspectos. Intento sistematizar algunas de esas interrogantes y discusiones.
En primer lugar, el propio dato del insólito escape plantea tres posibilidades que públicamente y de distintas maneras se han ventilado: 1) El Chapo logró burlar, con astucia y tecnología, los complejos y tecnificados sistemas de seguridad de la prisión de más altos estándares en el país; 2) La fuga se preparó y ejecutó corrompiendo a los funcionarios y custodios del penal, que resultan así ser los directamente responsables; y 3) Se trata de un hecho pactado en los más altos niveles del gobierno mexicano, como quizás lo fue en la anterior ocasión, cuando el narcotraficante de Badiraguato se evadió del reclusorio de Puente Grande, Jalisco.
De esta tercera hipótesis se derivan a su vez otras presunciones, algunas de las cuales no escapan a lo especulativo y aun a lo fantasioso: a) Es un elemento “distractor” de la opinión pública (“caja china”, como nos enseñó a llamarlo la reciente película de Luis Estrada, La dictadura perfecta), en tanto se operan acciones de gobierno tan trascendentes como la reforma del sistema de salud, el ocultamiento de fraudes u otras; b) El dinero que entra a México por el trasiego de drogas es más necesario que nunca para sortear la crisis derivada de la caída de los precios del petróleo, y nadie mejor que El Chapo para organizar ese tráfico de estupefacientes; c) El Cártel de Jalisco se ha salido de control -como se evidenció en los hechos del 1 de mayo pasado-, y sólo una organización fortalecida como la de Sinaloa -con la que sería posible llegar a acuerdos- puede ayudar al gobierno a reducirlo y someterlo.
Descarto las hipótesis 1 y 3. Contra la primera se han expresado voces autorizadas como la de Jorge Carrillo Olea, ex director del Centro de Investigaciones sobre la Seguridad Nacional, Cisen, ex subsecretario de Gobernación y participante en la construcción del reclusorio antes conocido como Almoloya y también como La Palma. Para también ex militar, experto en seguridad nacional y en temas de la delincuencia organizada, El Altiplano es totalmente inexpugnable y absurdo que un túnel pudiera ser excavado durante meses sin ser detectado, y que además penetrara el sólido basamento sobre el que se encuentra edificado el penal. También Flavio Sosa, ex preso político que permaneció ahí durante un año y medio, afirma que las normas de la prisión impiden que un prisionero acuda al área de regaderas por la noche. Ahora el comisionado nacional de Seguridad ha dado a conocer un video según el cual el túnel desembocaría no en el área de regaderas, como se afirmó inicialmente, sino en la celda misma del Chapo donde, según el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, había dos “puntos ciegos” para las cámaras de vigilancia.
La tercera hipótesis resulta igualmente dudosa. ¿Qué clase de “distractor” puede ser una noticia que pega en la línea de flotación de la ya de por sí muy mermada credibilidad y casi nulo prestigio del gobierno de Peña Nieto -en realidad, el más perjudicado con la noticia de la fuga- en el momento en que éste inicia una visita de Estado de primera importancia a Francia no con una comitiva republicana sino con un séquito de emperador, y cuando era sabido que enfrentaría protestas, como ha ocurrido en casi cada uno de sus viajes al extranjero, sobre todo desde los hechos de Iguala de septiembre de 2014? Con esa caprichosa lógica, cualquier noticia impactante puede ser distractora de otros hechos que a su vez son distractores de otros y así sucesivamente, en un país envuelto desde hace tiempo por el descrédito, los escándalos y las evidencias de ineptitud de sus gobernantes.
La idea de buscar por un mayor tráfico de drogas (y debilitadas o parcialmente desarticuladas casi todas las grandes organizaciones como Los Zetas, Los Templarios, La Familia Michoacana, los Beltrán Leyva, los cárteles de Juárez y Tijuana, etcétera) no suena descabellada, excepto por un punto: ¿Cómo manejar frente a los Estados Unidos un súbito incremento de las exportaciones de narcóticos mexicanos o a través de México?, cuando además hay indicios de que fueron agentes de la DEA y otras agencias estadounidenses los que localizaron y propiciaron la captura del jefe sinaloense en Mazatlán en febrero de 2014. Cuando en el país del norte el gobierno de Obama está pugnando por una reforma migratoria que enfrenta la potente oposición de los sectores más conservadores (el precandidato republicano Donald Trump, entre ellos), la fuga no ayuda en nada al gobierno mexicano ni a los demócratas que buscan esa reforma en el Congreso estadounidense.
La teoría de un pacto de colaboración contra el Cártel de Jalisco Nueva Generación suena como una capitulación y una afrenta al Ejército, agraviado por el derribo del helicóptero Jaguar en ese estado durante los hechos del 1 de mayo y por la muerte de al menos siete soldados de élite, y que quizás por eso consumó una matanza de presuntos delincuentes en el rancho El Sol, de Ecuandureo, Michoacán, unas semanas después. La idea de un enfrentamiento directo entre las hoy por hoy organizaciones delictivas más poderosas, las de Sinaloa y Jalisco, remite a una escalada de violencia para el próximo periodo, que en nada conviene al gobierno mexicano, impotente en muchos sentidos para frenar a los poderes criminales e incapaz de mejorar su imagen en el interior y el exterior tras de los hechos de Iguala.
Contra esa teoría ha argumentado el analista uruguayo Edgardo Buscaglia, para quien la salida de El Chapo de la prisión significará una búsqueda de pactos y acuerdos entre los sinaloenses y lo que queda de otros cárteles para dividirse el territorio y las rutas del narcotráfico, y establecer entre ellos una pax mafiosa. Pero por otra parte parece ser cierto que el grupo de Jalisco se cuece aparte y ha mostrado desde los hechos de mayo una capacidad de fuego y de desestabilización muy superior a la que se le suponía.
La fuga de El Chapo del Altiplano parece ser más bien producto, ante todo, de la corrupción en una escala y alcanzando niveles de mando que por ahora no alcanzamos a ver. Es también una confirmación de la ineptitud y limitaciones de quienes tienen a su cargo en el presente gobierno la seguridad pública y la seguridad nacional.
Pero paso aquí a comentar una tesis externada por el investigador y periodista Sergio Aguayo Quezada en las redes sociales a raíz de la fuga. Considera el académico de El Colegio de México que este hecho viene a probar: 1. La capacidad técnica del cártel sinaloense (por la construcción del túnel del escape); 2. Las limitaciones y mediocridad del gobierno de Peña Nieto, cuya reacción es tardía e insuficiente; y 3. La existencia de “un Estado paralelo negado por México y Washington, porque aceptarlo sería reconocer sus debilidades y responsabilidades”. Esta segunda evasión del capo sería, entonces, el resultado de esa combinación de tecnología, ineptitud gubernamental y un poder paralelo al del Estado, que asume las características de otro Estado.
Las dos primeras afirmaciones son difíciles de negar a la luz no sólo del hecho en comento sino de una serie de evidencias relacionadas con el tema de la delincuencia y la seguridad. La tercera resulta, en cambio, debatible. ¿Es el poder del narco equiparable al de un Estado dentro del Estado? Cuando asume el control sobre territorios concretos y delimitados esto parece confirmarse. Repetidamente hemos visto cómo en distintas demarcaciones, no sólo rurales e incomunicadas, sino incluso urbanas, las empresas del narcotráfico se asientan territorialmente por medio de la violencia pero también del consenso social y sobre todo la derrama de dinero; y cómo también desempeñan un papel benefactor para determinados sectores y grupos de la sociedad.
Pero tal Estado paralelo supone una contraposición y confrontación permanentes con el verdadero aparato estatal, sus Fuerzas Armadas y sus órganos de represión, y una actuación permanente al margen de las instancias oficiales.
Lo que advertimos en México es otra situación. Se trata de la utilización por los cárteles y organizaciones ilegales de los propios órganos del Estado para sus fines, como se evidenció con las policías de Iguala y Cocula, en Guerrero, a raíz de la masacre y desaparición forzada de estudiantes; o en diversos municipios de Michoacán y de tantas otras partes del país. Es la corrupción o captura de las instituciones y su conversión en instrumentos de intereses particulares. Es, inclusive, el involucramiento de los grupos delictivos en los procesos electorales, en la selección de candidatos, el desarrollo de campañas y la definición de resultados.
Estamos, pues, ante un fenómeno mucho más complejo y acaso más peligroso: la corrupción del Estado mismo -es decir, del aparato de Estado, de sus dirigentes y funcionarios- que ha sido usado también, en múltiples sentidos, por intereses particulares. De ello no han escapado las instancias policiacas, militares ni civiles. Y por ello lo enormemente difícil y arduo de derrotar a un enemigo que no se encuentra identificado en un territorio aparte sino entreverado en las fuerzas propias. Más que para actos de escapismo, los túneles parecen ir dirigidos a penetrar en las profundidades del poder político, el económico y el ideológico, visibles, pero manipulables desde las catacumbas.
La conducción del país no puede ya seguir ocurriendo por la sordidez de los túneles y cloacas, y amerita el esfuerzo de un cambio. Este nuevo episodio de evasión carcelaria marca en sí un hito en esa lógica y el punto más bajo, si se puede, del desastre que representa el gobierno de Enrique Peña Nieto y que indica que es llegado el tiempo de su revocación.

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