José Padilla Alegre
El derecho y sus glosas
Las medidas cautelares en la Ley Federal del Trabajo, una vista retrospectiva
Viernes 12 de Junio de 2015
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Las medidas cautelares constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, generalmente, por ser accesorias y sumarias; accesorias, en tanto la privación no constituye un fin en sí mismo; y sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves; y cuyo objeto es, previendo el peligro en la dilación, suplir interinamente la falta de una resolución asegurando su eficacia, por lo que tales medidas, al encontrarse dirigidas a garantizar la existencia de un derecho cuyo titular estima que puede sufrir algún menoscabo, constituyen un instrumento no sólo de otra resolución, sino también del interés público, pues buscan restablecer el ordenamiento jurídico conculcado desapareciendo, provisionalmente, una situación que se reputa antijurídica.
El ordenamiento de trabajo sólo contiene dos medidas de este orden, el embargo y el arraigo, denominadas providencias precautorias que aparecieron con la primera ley federal de la materia (1931) en sus artículos 560 y 561, estableciendo el primero de los numerales que se podía decretar embargo precautorio cuando se anunciara que se demandaría dentro de las 24 horas siguientes y se probara la necesidad de asegurar los bienes de la persona o personas a quienes se iba a demandar, pudiendo a criterio del presidente de la junta fijarle fianza al trabajador, hasta por un monto suficiente para garantizar el resarcimiento de los perjuicios que pudiera ocasionarle al patrón con el acto prejudicial.
Del contenido de este artículo se infiere el aroma civilista que contenía la ley social pese a haber transcurrido para esa época casi quince años en esa potestad del presidente de garantizarle los daños y perjuicios que le pudiera ocasionar el secuestro de los bienes que estarían garantizando las prestaciones económicas a reclamar, la que si bien es cierto quedaba al buen criterio del presidente, pero ahí quedó y prevalece hasta nuestros días la impronta civilista.
El segundo artículo y que se refiere al arraigo, tiene el propósito de que ante el peligro de ausentarse del patrón demandado, éste debía dejar apoderado con capacidad de respuesta económica ante la posibilidad de que en el procedimiento laboral se le impusieran cargas económicas a favor del trabajador, esta providencia también debía acreditarse mediante testigos y manifestarse bajo protesta de que la demanda se presentaría dentro de las 24 horas siguientes.
Este numeral más que un arraigo -hacer permanecer a alguien en algún lugar para que responda ante la ley de alguna imputación, en este caso en materia de trabajo-, sólo es un apercibimiento para el patrón demandado en caso de ausencia del lugar de la fuente de trabajo, provea en lo económico a alguien a quien le debe otorgar facultades legales para que responda de las posibles condenas pecuniarias a favor del accionante.
Nótese que ambas medidas debían realizarse antes de presentar la demanda.
En la legislación de 1970, año en que la regulación en materia de trabajo, fue motivo de una reforma, el tema al que me estoy refiriendo aparece como providencias cautelares siendo las mismas (artículo 822), con la pequeña variante de que se solicitaban al presentarse la demanda o en un momento posterior a ésta; en el primer supuesto se tramitaban previo al emplazamiento y en el segundo caso es decir, en un momento posterior al escrito inicial, se llevaba en un expedientillo por separado, al de la demanda; por lo que se cuidaba que no tuviera conocimiento la persona contra quien se pidiera la providencia (artículo 823).
Para decretar el arraigo, no se requería acreditar su necesidad, bastaba con solicitarlo y éste se decretaba de plano, excepción hecha en los casos en que la persona, contra quien se solicita la medida, fuere propietario de una empresa establecida.
El secuestro provisional como también se le denomina al embargo contiene reglas especiales que prevalecen en la ley del 2013, ya que debía expresarse la cantidad por la que se solicitaba, esto en atención al importe de las prestaciones económicas reclamadas por tanto el auto que ordenaba el secuestro establecía la cantidad a embargar, igual debía acreditarse la necesidad de la medida y eventualmente garantizar los daños y perjuicios, la junta dictará la modalidad del embargo y cuidará que no se vea afectada en su funcionamiento la fuente de trabajo con la medida cautelar.
Otra novedad sobre el tema es que el embargo se ejecutaba y así se sigue haciendo en la ley vigente aun y cuando el día de la diligencia no se encontrara presente en el lugar del embargo la persona contra quien se dictó la medida y al mencionado propietario se le nombraba depositario en ausencia -lo anterior en una suerte de garantía para el trabajador de que la medida dictada no se suspende y para el patrón de que pese a su ausencia los bienes no salen de su dominio, pero se cumple con el propósito de garantizar las posibles cargas económicas que resulten en el laudo [como se le llama a la sentencia en materia de trabajo] logrando con lo anterior un equilibrio para los contendientes, aún en la desigualdad en que estos se relacionan-.
Pero el demandado puede detener la ejecución del embargo, mediante el depósito o fianza suficiente por la cantidad ordenada.
En la reforma de 1980, la ley secundaria del artículo 123 constitucional, aparece con el mismo rubro y en esencia la misma regulación, sin embargo el artículo 860 señala como delito el quebranto al arraigo decretado y lo denomina desobediencia a un mandato de autoridad, instruyendo al presidente de la junta para que haga la denuncia respectiva ante el Ministerio Público, lo anterior se encuentra reflejado en el artículo 147 del Código Penal cuando señala al que sin causa justificada desobedeciere un mandato de autoridad (…) se le impondrá de tres meses a dos años de prisión y multa de diez a 100 días de salario.
Finalmente la ley del 2013 como se le conoce a las reformas y adiciones que se le hicieron a diversos artículos de la ley de la materia el 30 de noviembre del año 2012, con vigencia al día siguiente es decir el 1° de diciembre del 2012, aparece el rubro con la misma denominación - providencias cautelares- y sólo se le cambia de nombre a la segunda medida cautelar, para ahora aparecer como embargo precautorio en lugar de la anterior denominación que se refería al secuestro provisional, en ambos casos estamos hablando del embargo.

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