José Padilla Alegre
El derecho y sus glosas
Delitos electorales
Sábado 30 de Mayo de 2015
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El tono de las campañas electorales ha subido, pero por lo que ve a los señalamientos, descalificaciones e imputaciones, bien para delatar una red de corrupción desde un cargo de gobierno, ahora para denunciar la forma de cooptar el voto o para establecer el origen de una fortuna mal habida e incluso la amenaza de grupos organizados como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y otros que al no estar legitimados como la delincuencia organizada, pero por igual que la CNTE amenazan con provocar desmanes el próximo 7 de junio, con lo que se están evidenciando los delitos electorales, además de los que se pudieran configurar el día de las elecciones.
La ley general en materia de delitos electorales establece una serie de supuestos que en caso de colocarse en ellos el ciudadano, el funcionario electoral, el funcionario partidista, el servidor público, el precandidato, el candidato, el candidato electo, los ministros de culto religioso, los notarios públicos o los servidores públicos, cometerán delito.
Por lo anterior se sancionará a cualquier persona con prisión de seis meses a tres años y multa de 50 a 100 días [multa] (artículo 7°) a quien: El día de la jornada electoral siga promoviendo a su partido con la intención de que voten por la organización política en el interior de la casilla o en la fila de los votantes; igual sanción recibirá el que de alguna manera impida el desarrollo normal de las votaciones en todas sus etapas; también se le impondrá la misma pena a quien recoja una o más credenciales de elector aun cuando no sea época de campaña o de elecciones.
En la misma forma se sancionará a quien pague u ofrezca cualquier compensación económica por votar a favor de determinado partido o cuando se realice el acarreo de personas a eventos de proselitismo o cuando impidan el ejercicio del voto por determinado partido o candidato, de igual forma, se sancionará a quien amenace con suspender los beneficios de los programas sociales -Liconsa, Setenta y Más- en caso de no asistir a actos de campaña, para votar en determinado sentido o para que se abstengan de votar.
A quien induzca la voluntad del votante, al solicitarle u ordenarle revele el sentido de su voto, también a quien realice reuniones para organizarse e ir a sacar a los ciudadanos para que voten por determinado partido o a quien forme flotilla de transporte el día de la jornada electoral con el propósito de llevar a los votantes afines a su causa, transportándolos a la casilla y regresándolos a sus lugares en donde habitan.
También a quien ejerza violencia el día de los comicios tal como apoderarse o destruir la documentación electoral o en caso de obstaculizar o interferir el traslado de los paquetes electorales o al impedir la instalación o clausura de una casilla o al realizar violencia extrema que dé como consecuencia una intimidación a los votantes o que inhiba que salgan a votar.
El artículo 11 de la ley que se está analizando, sanciona a los servidores públicos que de alguna manera presionen a sus subordinados para que participen en eventos de campaña, para que voten o se abstengan de votar por un candidato o partido político, condicionen los servicios que por ley tiene que otorgar en el ámbito de su competencia, a cambio del voto o su abstención, destine, utilice o permita la utilización, de manera ilegal de fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición, en virtud de su cargo, todo lo anterior para apoyo o perjuicio de un candidato, proporcione apoyo o preste algún servicio a algún candidato u obligue a sus subordinados igualmente a prestar el servicio, solicite a sus subordinados, por cualquier medio, aportaciones en dinero o en especie para algún candidato o partido, se abstenga de entregar o niegue, sin causa justificada la información que le sea solicitada por la autoridad electoral en tratándose de fiscalización; por lo que se aplicará a los servidores públicos, cuando realicen esas acciones u omisiones, prisión de dos a nueve años y multa de 200 a 400 días [multa].
Se cataloga como delito, según el artículo 15 la acción de colecta de dinero fuera de los márgenes de la Ley Electoral, así como de numerario de origen ilícito; a los ministros de culto se les tiene prohibido (Art. 16) sugerir el sentido del voto por partido o candidato determinado, por lo que en caso de que presionen el sentido del voto, estarán cometiendo delito; también se colocan en la calidad de delincuentes electorales los notarios públicos que no acudan a dar fe de algún hecho relacionado con la elección (Art 17).
Como se puede advertir del contenido de los artículos, el desarrollo del proceso electoral se encuentra protegido, ya que la ley “ataja” una serie de prácticas ilícitas que en el pasado permitieron acciones que lesionaron a la democracia, como el ratón loco, Amigos de Fox y el Pemexgate y que permitieron el arribo al poder de candidatos y partidos con infracción a la ley.
Pese a lo anterior y como parte de la campaña los candidatos a gobernador del estado de Michoacán, sólo usan el derecho penal electoral como una más de sus formas de proselitismo, pues los señalamientos entre los tres contendientes de los partidos más importantes sólo usan para la estridencia política y por ende la descalificación de conductas tipificadas como delitos electorales, ya que si bien es cierto Luis María en medios hizo del conocimiento que Silvano habría utilizado sus influencias para que liberaran a su hermana que estaba retenida por investigación de tráfico de drogas, después se le “cayó” la versión cuando el candidato del partido negro y amarillo aceptó haber interferido pero para que se resolviera la situación no sólo de su consanguínea, sino de las demás mujeres y niños que viajaban en un transporte público y no como mendazmente lo había propalado la abanderada del partido azul y blanco quien inicialmente sostenía que viajaba en una camioneta particular y ya para no hacer el ridículo, vociferó que la autoridad tendría que esclarecer el asunto.
Otro ejemplo de la acción mediática que no penal, es el señalamiento del delegado nacional del Partido de la Revolución Democrática, cuando en dos conferencias de prensa hizo del conocimiento de la opinión pública, la cantidad considerable de bienes inmuebles registradas a nombre de J. Ascención, dando a entender o cuando menos la interpretación de este servidor, es que estaríamos ante un caso de enriquecimiento inexplicable, el que también por medio de la prensa enteraron a la población que habían presentado denuncia, lo cual nada tendría de condenable si no se tratara de que aprovechan la coyuntura de la campaña, ya que esa información la tienen desde hace aproximadamente catorce años y sin embargo nunca había perturbado las propiedades del candidato del partido de los tres colores.
El último ejemplo del mal uso de los delitos electorales, lo constituye el hecho de que el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional hizo del conocimiento de los michoacanos en una conferencia de prensa en la Ciudad de México, Distrito Federal, de una desviación de recursos federales que habría “bajado” a varios municipios del estado del diputado federal Silvano Aureoles Conejo en funciones de presidente de la Cámara de Diputados, dinero que ahora según la versión del delator está utilizando en la campaña, esta información al igual que la de Chon, no son nuevas, ya que el originario de Carácuaro hace poco más de dos meses que solicitó licencia, entonces cómo es que ahora por el lugar de las preferencias en que se encuentra, aparece con tanta estridencia esa acusación, pues claro que se trata de una descalificación solamente, no estoy inculpando al susodicho, pero para qué esperarse a esta altura de la campaña, para hacerlo público, en efecto y también por los medios tuve conocimiento de que se presentó la denuncia correspondiente, esperemos su resultado.
Finalmente todo el que tenga conocimiento de un delito electoral, debe presentar la denuncia correspondiente, ante las agencias del Ministerio Público especializadas, las que por la dinámica del proceso electoral resultan agiles a diferencia de las averiguaciones previas penales de los asuntos comunes del sistema tradicional e incluso sobre los de la reforma penal que dicho sea de paso están teniendo un arranque incierto -pero de esto me ocuparé en otra colaboración-; de ahí que amable lector, si tiene que hacer la denuncia, no lo dude, estas indagatorias no son tortuosas y sirven para el ejercicio pleno de la democracia, adelante, presente su denuncia.

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