José Padilla Alegre
El derecho y sus glosas
La huelga de puertas abiertas
Sábado 16 de Mayo de 2015
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padillaalegre@hotmail.com


El Colegio de Educación Profesional Técnica en el Estado de Michoacán, mejor conocido como Conalep, se encuentra de puertas abiertas pese a encontrarse de huelga el sindicato de trabajadores académicos Sutaconalep, lo anterior por determinación de la Junta de Conciliación y Arbitraje en el estado, dentro del expediente J-V-285/2014 al establecer:
“Con fundamento legal en los artículos 353-R y 395 de la Ley Federal del Trabajo, y por tratarse la emplazada de una institución de educación pública, la suspensión de labores anunciada por la asociación profesional emplazante no deberá tener por efecto el entorpecimiento de la prestación del servicio público que brinda a la población la institución educativa antes indicada, es decir, académica y administrativa, toda vez que la actividad prioritaria y fundamental que ésta debe desarrollar en beneficio de la sociedad reviste una satisfacción de las necesidades públicas de la población, consistente en el derecho a la educación a la sociedad en general, contemplado en el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo anterior sin que ello implique el rompimiento de un posible estado de huelga que mantengan los trabajadores sindicalizados en la fuente de trabajo emplazada; es decir, la suspensión temporal de labores de los trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores Académicos del Conalep de Michoacán (Sutaconalep), concerniente a las actividades académicas, ello con independencia de los trabajadores que, si así lo consideran pertinente, sigan prestando el servicio público que brindan a la sociedad, por tanto, se hace del conocimiento al sindicato emplazante para que otorgue las facilidades necesarias al personal que labora en el Colegio de Educación Profesional Técnica de Michoacán, y que deseen seguir laborando en la institución educativa emplazada para brindar el servicio público antes indicada, lo anterior y como ha quedado especificado en líneas anteriores, que por ello no implica el rompimiento de un posible estado de huelga que mantengan los trabajadores sindicalizados emplazantes a huelga”.
De lo anterior se infiere que la autoridad de trabajo para determinar que el Colegio realice su actividad sustantiva, que es dar educación a sus alumnos, parte de una interpretación literal del artículo 440 de la Ley Federal del Trabajo, el que se refiere a la huelga como la suspensión temporal del trabajo; por tanto, el movimiento huelguístico sólo se reduce a la suspensión de labores de quienes están en huelga y por ello no deben estar en su poder las instalaciones como tradicionalmente se hacía impidiendo el acceso a la patronal y al público en general colocando banderas rojinegras e información profusa a la opinión pública de los motivos de la huelga, máxime que en el escrito de emplazamiento a huelga, en este caso el director, al ser notificado de la posible suspensión de labores, es declarado depositario de los edificios; así como del artículo 5° constitucional en la parte relativa a que los trabajadores que no pertenecen al sindicato en huelga, no se les puede impedir dedicarse a su trabajo toda vez que es lícito, por tanto, quienes no estén en huelga, no deben verse afectados en sus labores y, sobre todo, del artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el derecho a la educación, es decir que no se le puede prohibir a los educandos de ese sistema asistir al Conalep por una huelga.
Hasta aquí el resolutivo de la Junta de Conciliación y Arbitraje se encuentra ajustado a los principios de legalidad y certeza jurídica con la que deben conducirse todos los jueces, es decir que está fundado y motivado, pero el acuerdo contiene dos inconsistencias, la primera, no es imparcial, ya que invitar a la dirigencia a que permita a los académicos que deseen prestar el servicio educativo, es alentar el esquirolaje –en este caso boicotearse los mismos sindicalizados con ponerse a trabajar a pesar de estar en huelga–, lo que daría como consecuencia la declaración de inexistente del movimiento huelguístico en un momento dado, pues parece de buena fe el llamado del árbitro, pero pudiera traducirse en una presión moral para la mayoría de los afiliados del sindicato, para que se pongan frente a grupo, lo anterior es así ya que la autoridad de trabajo sólo debió pronunciarse sobre la pertinencia de puertas abiertas en la fuente de trabajo a pesar de la huelga, y segundo, para que funcione una escuela no basta con que el ingreso esté libre de obstáculos, es decir que no haya obstrucción; sin embargo, resulta indispensable que los profesores realicen su trabajo, a lo cual precisamente se oponen ante la negativa de la patronal al incremento salarial, por ello a nada práctico lleva que esté de puertas abiertas la institución educativa, tomando en cuenta que el ciclo enseñanza-aprendizaje no se complementa ante la falta de profesores.
Por otra parte, cabe la pregunta, la parte del acuerdo que se está analizando: ¿está en concordancia con la reforma en materia de derechos humanos del 10 de junio de 2011?, y la respuesta es no, ya que el criterio de interpretación utilizado para apercibir a los integrantes del sindicato que no debe entorpecer el servicio público de educación que brinda el Conalep a la población educativa, parte del criterio cuantitativo –ponderación– ya que sin decirlo la Junta hace alusión a que es mayor el número de alumnos que se queda sin clases, respecto del número de profesores que ejercen el derecho de huelga; sin embargo, sostengo la violación al derecho fundamental de huelga de los trabajadores, lo anterior tomando en cuenta que, aunque se trate de números diferentes, inferior uno del otro, los dos derechos fundamentales (trabajo y una de sus consecuencias la huelga y educación) que están en juego, no por ello uno es preferente frente al otro, ya que cualitativamente los dos son preponderantes, pero más aún los derechos fundamentales tienen sus límites y el de educación está en el derecho de huelga, pues no es posible que bajo el pretexto de la prestación del servicio educativo, la huelga pierda su valor, ya que sólo paralizando la fuente de trabajo se obliga a los directivos a tratar el motivo de la huelga.
Y otra interrogante más que se impone: ¿la determinación tomó en cuenta los estándares internaciones en materia de derechos humanos?, y más concretamente: ¿los tratados internaciones firmados por México en materia de negociación colectiva?, es decir, ¿se aplicó el control de convencionalidad a que están obligadas todas las autoridades tratándose de derechos fundamentales? Y una vez más la respuesta es negativa, ya que el derecho a la sindicación y, por ende, el ejercicio del derecho de huelga que se deriva del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, no contiene restricciones como las que están padeciendo los integrantes del sindicato de profesores que laboran para el Conalep en el estado de Michoacán, pues ni por asomo se entiende que una huelga debe llevarse a cabo funcionando la fuente de trabajo.
Por otra parte, el Convenio 151 de la OIT sobre las relaciones laborales en la administración pública establece procedimientos independientes de modo que inspiren confianza a los interesados, lográndose el efecto contrario, la parte del acuerdo que se controvierte, cuando la junta especial que trata los asuntos colectivos insinúa el regreso de los docentes en huelga al trabajo, apostándole a que una vez que se pida el recuento, éste arroje que un número menor de sindicalizados en suspensión de labores que los que están en huelga y con ello prácticamente la Junta hace nugatorios los procedimientos independientes a que se refiere el tratado internacional.
Dos consideraciones finales: 1. Sobre el tema no está dicha la última palabra, esperemos a ver qué dice la Corte al conocer el amparo directo laboral que seguramente plantearán los del sindicato de seguir por el cauce que lleva el expediente, bien por atracción dada la importancia del tema o en revisión por la interpretación de los artículos constitucionales que están en colisión como son el tercero y el 123, ya que lo hasta ahora resuelto por los juzgados de distrito –noveno y séptimo– sólo es, lo relativo al trámite del incidente de suspensión.
2. Convengo en que la huelga debe dejar de ser una medida de presión para los líderes, quienes al conjuro de una suspensión de labores obtienen prebendas que en condiciones normales no se les otorgarían, con lo cual han prostituido lo que fue una forma de presión del trabajador mexicano, la medida de puertas abiertas parece no ser del todo nociva, ya que el estado de Michoacán no puede tener instituciones de educación en huelga por empleados o profesores olvidando la actividad sustantiva, pero tampoco los gobernantes pueden cerrarse a ofrecer aumentos salariales porque los trabajadores de la educación no pueden vivir con el mismo sueldo, cuando los presupuestos contemplan incrementos con ese propósito.

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