Julio Santoyo Guerrero
Las encuestas como propaganda
Lunes 20 de Abril de 2015
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La propaganda todo lo puede, ese es el axioma. Puede borrar pasados incómodos, endulzar modales ácidos, edulcorar imágenes pálidas, abrillantar inteligencias opacas, santificar trayectorias torcidas, agigantar estaturas pequeñas y colocarte en el pináculo de encuestas y sondeos de preferencias electorales.
A finales de la década de los años 80 del pasado siglo la difusión de datos obtenidos por casas encuestadoras apareció como una novedad para nuestro sistema electoral, que hermético y opaco en sus procesos, resultado natural del autoritarismo y la existencia de un partido de Estado, no tenía el menor interés en que la ciudadanía accediera a la información que hiciera posible el monitoreo de la fuerza o debilidad de los candidatos. Información de este tipo limitaba y obstaculizaba la operación de la mapachería electoral para manipular los resultados electorales.
Las transformaciones democráticas del país dieron pie a continuas reformas de las normas electorales y en una de ellas terminó incluyéndose la regulación en torno a las encuestas y sondeos de opinión. La finalidad era que la sociedad tuviera a su disposición estudios con metodologías bien sustentadas sobre las tendencias generadas por los aspirantes en las campañas y se promoviera una atmósfera de transparencia sobre el estado de las campañas.
Las regulaciones introducidas en el Artículo 213 del Capítulo III de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece atribuciones para el Consejo General del INE que lo facultan para emitir reglas que deben adoptar las personas morales y físicas que realicen encuestas y sondeos durante el proceso electoral. Sin embargo, en la vida real las campañas de los candidatos han incorporado las encuestas y sondeos a sus estrategias de propaganda, subordinando financieramente a las encuestadoras para difundir información ajustada a los propósitos estratégicos y propagandísticos de los aspirantes pervirtiendo el sentido cívico de generar información seria y responsable para bien advertir a los electores.
El manoseo de encuestas y sondeos por los partidos políticos generó que en la elección presidencial de 2012 el precario prestigio de la mayoría de las casas encuestadoras se desmoronara ante la enorme discrepancia de los resultados finales. Sin embargo, fue un tema de escándalo que el órgano electoral pasó casi inadvertido y los partidos, desde luego, no tocaron a la hora de proponer reformas en el 2014. Es decir, creen que les sigue bastando el Artículo 213 con sus limitadas regulaciones. Y sabían por qué ser omisos era útil, la razón: las encuestas y los sondeos reportan un gran beneficio cuando se emplean como propaganda.
A falta de regulaciones estrictas los partidos han hecho de las encuestas uno de los medios más buscados para manipular la imagen electoral de los candidatos. La guerra propagandística por las encuestas ha llevado a paradojas risibles. Resultados de encuestas y sondeos que se dice han sido realizados en las mismas fechas y con metodologías semejantes arrojan datos totalmente divergentes, que sólo se comprenden si se indaga el nombre del patrocinador.
La propaganda de las encuestas nos presentan candidatos milagrosos que en sólo quince días de campaña han crecido más de diez puntos, casi a razón de un punto por día, cuando algunos expertos estiman que difícilmente un candidato puede crecer tres puntos en un mes. Y no es que los partidos no deban tener la libertad para difundir la imagen que quieran de sus aspirantes, el problema es que se engaña premeditadamente a los ciudadanos con la intención de generar una atmósfera o de retraimiento y alejamiento de las urnas o de cargada victoriosa entre los electores.
La estrategia de las encuestas como propaganda es un asunto de manipulación electoral que debe ser expresamente prohibida. Si un partido desea publicar sus encuestas debe estar obligado a indicar en el título de la publicación que se trata de un trabajo pagado por el partido en cuestión. Debe quedar clara y pública la diferencia con aquellas encuestas y sondeos autorizados bajo un código de rigor metodológico por los órganos electorales. No se debe pues permitir que se engañe a los ciudadanos con información armada para la manipulación. La libertad del voto también depende de la calidad de la información que se da a los ciudadanos para formar su opinión electoral.

Sobre el autor
Julio Santoyo Guerrero Estudió Filosofía en la UMSNH Docente desde 1983 Analista en medios impresos y electrónicos desde 1988 Articulista fundador de Cambio de Michoacán desde 1992.
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