José Padilla Alegre
El derecho y sus glosas
El juicio arbitral o la justicia privada
Sábado 28 de Marzo de 2015

Al maestro Emmanuel Roa Ortiz con agradecimiento.

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La corriente renovadora en la que se encuentra inmerso el sistema jurídico mexicano, tiene como propósito abreviar los procedimientos a través de vías expeditas, principalmente en las materias: mercantil, familiar y penal por conducto de los juicios orales; la que se vería fortalecida en su empeño al publicitar la existencia en materia civil del juicio arbitral y sus bondades, ya que en la medida que la población se convenza de resolver sus diferencias por esa vía, se estará aligerando la carga de trabajo para los juzgados, con lo que se permitiría un ahorro en el tiempo para los ciudadanos, que obligadamente deben transitar por el procedimiento jurisdiccional.
El juicio arbitral. Es un instrumento alternativo al procedimiento jurisdiccional, que sirve para dirimir una controversia entre particulares por un tercero, lo anterior por determinación de los contratantes o contendientes, mismo que establece el mecanismo de solución al realizar el acuerdo de voluntades o en la ejecución del cumplimiento de la obligación o incluso para ejecutar una resolución judicial propiamente dicha; misma que se encuentra supervisada por el Estado -Poder Judicial-.
La figura procesal, es un trámite ante un particular, el que al resolver el asunto puesto a su consideración emite un laudo, que ejecuta un juez; es decir, no dicta sentencia, por tanto, realiza toda la actividad que debe llevar a cabo un juzgado pero no ejecuta su determinación, por estar reservada para el Poder Judicial; de ahí el nombre de esta colaboración: El juicio arbitral o la justicia privada.
Para Contreras Vaca (2011), el arbitraje “…Es el instrumento de solución de controversias alternativo al proceso, que se acuerda por las partes en conflicto fundamentadas en la legislación que así lo autoriza, mediante el cual los contendientes someten el conocimiento y la solución de algún conflicto específico o de cualquier desavenencia surgida o que llegare a nacer entre ellas a la decisión de un tercero que no depende del Poder Judicial, pero que por disposición expresa de la ley es investido con facultades jurisdiccionales limitadas para actuar y dirimirlo con fuerza vinculante para las partes, careciendo de imperio para ejecutar su fallo (laudo) y requiriendo la colaboración de la autoridad judicial para hacerlo, así como para llevar a cabo actos que impliquen coacción o cualquier otro señalado por el acuerdo arbitral o en la ley…”.
El mismo autor señala que el arbitraje como está regulado en el Código de Procedimientos Civiles del Estado del artículo 920 al 952, nos ofrece las siguientes bondades:
1. Agiliza la solución de conflictos, ya que en muchas ocasiones los tribunales resultan lentos debido al cúmulo de asuntos que ventilan, por lo que el arbitraje beneficia tanto al órgano jurisdiccional como a los particulares, ya que por un lado se aminora el trabajo de los primeros y por el otro, el particular obtiene una solución más expedita. Cabe destacar que la justicia arbitral y la judicial no están en conflicto, sino en mutua colaboración.
2. Flexibiliza las reglas del procedimiento, puesto que en contravención al proceso jurisdiccional, que es de orden público y, por tanto, las partes no pueden renunciar a su normatividad, en el arbitraje las partes son quienes en principio, respetando los mínimos legales, señalan el procedimiento por seguir y sólo en caso de que así lo convengan los contendientes, o a falta de estipulación, se aplicarán las disposiciones de ley.
3. Ofrece amplia confidencialidad, ya que el procedimiento arbitral se lleva a cabo a puerta cerrada, si así lo convienen las partes, en contra del proceso judicial que se rige por el principio de publicidad, con las excepciones que la propia ley señala.
4. Permite una mayor especialización, debido a que el juez es letrado en derecho, pero en otras áreas técnicas o especializadas se requiere que su labor sea auxiliada por peritos en la materia y en el arbitraje es posible que la solución del conflicto la dicte directamente un experto.
5. Favorece la imparcialidad, por cuanto [que] el árbitro es designado con intervención de las partes en conflicto.
El punto número 4 de las anteriores conclusiones nos da a no dudarlo la clave para que los particulares se decidan por el arbitraje, la gran cantidad de actividades especiales con que cuenta la vida moderna, sólo como ejemplo se me ocurre el daño a una cortina en la tintorería, otro caso pueden ser los derechos de autor en un artículo de una revista electrónica especializada en medicina, derecho o la rama del conocimiento que usted ponga amable lector o en el caso de la industria, pudiera ser la falla de un vehículo de un modelo determinado; asuntos en los que la solución tendrá un mejor desenlace a partir de la opinión de un experto, quien podrá emitir su laudo después de un estudio técnico, con el ahorro de tiempo para las partes, quienes aceptaran la determinación en atención a que ambos escogieron al conocedor del tema.
Estructura del arbitraje: 1º. Acuerdo, 2º. Procedimiento, 3º. Laudo; y, 4º. Cumplimiento.
El acuerdo. Es el fundamento de la obligatoriedad del procedimiento arbitral mediante el que se crean o transfieren derechos y obligaciones entre las partes, principalmente de carácter procesal, y puede realizarse en tres formas: 1ª. Cláusula compromisoria, que es el acuerdo anterior al surgimiento de un conflicto, realizado en forma de una cláusula dentro de un contrato principal, mediante el cual dos o más personas someten al arbitraje alguna controversia que pudiere llegar a surgir entre ellas. 2ª. Compromiso arbitral, que es el acuerdo en virtud del cual dos o más personas someten la resolución de un conflicto ya existente al arbitraje, creando formalmente un convenio para implementar este mecanismo alternativo de solución de controversias. 3ª. Contrato de arbitraje, que es el acuerdo tripartito celebrado por las partes en conflicto junto con el árbitro que ha sido elegido para solucionar su disputa, mediante el cual dos o más personas se someten a este mecanismo alternativo de solución de controversias y con el Tribunal arbitral determinan los derechos y las obligaciones adjetivas que cada uno de ellos tendrá dentro del procedimiento (Arts. 920, 921, 923, 933,936).
Procedimiento. Son las reglas con base en las cuales el árbitro va a poder allegarse de los elementos probatorios necesarios para dictar su resolución o laudo (Arts. 935).
Laudo. Es la decisión definitiva dictada por el árbitro y equivale a la sentencia judicial (Arts. 944,947).
Cumplimiento. Una vez emitido el laudo, es necesario que sea acatado y a este respecto pueden presentarse dos situaciones: 1ª. Acatamiento voluntario, ya que debido a que el fundamento del arbitraje deriva, en todo tiempo, de la voluntad de las partes, el cumplimiento del laudo debe ser espontáneo, sin que sea necesaria la ejecución coactiva (Arts. 948, 949, 952). 2ª. Ejecución forzosa, que puede presentarse cuando la parte perdedora se niega a acatar lo que el laudo ordena y, por tanto, es necesario que se proceda a llevar a cabo los actos necesarios para su cumplimiento forzoso. Los árbitros no son funcionarios del Estado y aunque tienen jurisdicción derivada de la voluntad de las partes expresada de conformidad con la ley, no poseen la facultad de coacción, por lo que se requiere que éstos soliciten el auxilio del órgano judicial para la ejecución coercitiva de su resolución (Arts. 947,949, 952).
El arbitraje tiene un campo de acción muy grande ya que según el código adjetivo de la materia, no podrá comprometerse en arbitraje: los alimentos, el divorcio [pero sí la liquidación de la sociedad conyugal], la nulidad de matrimonio y las cuestiones del estado civil de las personas y los derechos pecuniarios derivados de la filiación de hijo legalmente adquirida y cuando lo prohíba expresamente la ley (Art. 928).
Por lo anterior vale la pena intentar la solución de conflictos en materia civil, a partir del arbitraje, en los términos que lo regula el Código de Procedimientos Civiles del Estado.

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