José Padilla Alegre
El derecho y sus glosas
La vigencia del nuevo Sistema de Justicia Penal en nuestro estado
Sábado 21 de Marzo de 2015
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El pasado sábado 7 de marzo de este año, coincidiendo con el CC Aniversario de la Instauración del Primer Tribunal de Justicia en el país (Ario, Michoacán, 1815), se puso en marcha el Nuevo Sistema de Justicia Penal en nuestro estado, por tanto a partir de esa fecha, los hechos punibles se harán del conocimiento del Ministerio Público a través de la noticia criminal, de ahí que, por encontrarse vigente el sistema procesal acusatorio y oral, mismo que tiene como principios el que las audiencias serán públicas, con el fin de que a ellas acudan no sólo las partes que intervienen en el procedimiento sino también el público en general, los periodistas y los medios de comunicación podrán acceder al lugar en el que se desarrolle la audiencia, pero no podrán gravar -audio y video- ni tomar fotografías; a partir del principio de contradicción las partes podrán conocer, controvertir o confrontar los medios de prueba, así como oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte, se le dará continuidad a las audiencias, es decir, se llevarán a cabo de forma continua, sucesiva y secuencial, desarrollándose preferentemente en un mismo día o en días consecutivos hasta su conclusión, con esto se pretende la agilidad y concentración en los procedimientos, todas las audiencias se desarrollarán en presencia del juez o magistrado de que se trate; de ahí que no se podrá delegar en ninguna persona las actuaciones, tratándose de la admisión, desahogo y valoración de las pruebas, ni la emisión y explicación de la sentencia respectiva.
Todas las personas que intervengan en el procedimiento penal recibirán el mismo trato y tendrán las mismas oportunidades para sostener la acusación o la defensa y nadie puede ser discriminado por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condición de salud, religión, opinión, preferencia sexual, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas.
Las autoridades velarán porque las personas en las condiciones o circunstancias señaladas en el párrafo anterior sean atendidas a fin de garantizar la igualdad sobre la base de la equidad en el ejercicio de sus derechos. Cuando en los procedimientos intervengan personas con discapacidad, deberán preverse los ajustes razonables al procedimiento de acuerdo con las condiciones particulares de cada uno de ellos.
Las partes serán tratadas, en condiciones de igualdad; el pleno e irrestricto ejercicio de los derechos previstos en la Constitución, los tratados y las leyes que de ellos emanen; por tanto no habrá preferencia para los delincuentes pero tampoco impunidad, se abandona el criterio de que el ofendido o víctima es el que tiene la razón, pero no dejará de ser atendido por las autoridades para probar los hechos punibles y obtener la reparación del daño.
Para el Ministerio Público y cualquier autoridad jurisdiccional, toda persona se presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez o magistrado.
Los anteriores principios se traducen en los siguientes derechos: a la intimidad y a la privacidad; es decir, en todo procedimiento penal se respetará el derecho a la intimidad de cualquier persona que intervenga en él, asimismo se protegerá la información que se refiere a la vida privada y los datos personales, en los términos y con las excepciones que fijan la constitución, este código y la legislación aplicable.
A la justicia pronta, toda persona tendrá derecho a ser juzgada dentro de los plazos legalmente establecidos. Los servidores públicos de las instituciones de procuración e impartición de justicia deberán atender las solicitudes de las partes con prontitud, sin causar dilaciones injustificadas.
Derecho a una defensa y asesoría jurídica adecuada e inmediata, la defensa es un derecho fundamental e irrenunciable que asiste a todo imputado, no obstante, deberá ejercerlo siempre con la asistencia de su defensor o a través de éste. El defensor deberá ser licenciado en Derecho o abogado titulado, con cédula profesional, se acabaron para siempre en materia penal los coyotes o tinterillos.
Se entenderá por una defensa técnica, la que debe realizar el defensor particular que el imputado elija libremente o el defensor público que le corresponda, para que le asista desde su detención y a lo largo de todo el procedimiento, sin perjuicio de los actos de defensa material que el propio imputado pueda llevar a cabo.
La víctima u ofendido tendrá derecho a contar con un asesor jurídico gratuito en cualquier etapa del procedimiento, en los términos de la legislación aplicable.
Corresponde al órgano jurisdiccional velar sin preferencias ni desigualdades por la defensa adecuada y técnica del imputado.
La garantía de ser informado de sus derechos, todas las autoridades que intervengan en los actos iniciales del procedimiento deberán velar porque tanto el imputado como la víctima u ofendido conozcan los derechos que le reconocen en ese momento procedimental la Constitución, los tratados y las leyes que de ellos emanen, en los términos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Derecho al respeto y a la libertad personal, toda persona tiene derecho a que se respete su libertad personal, por lo que nadie podrá ser privado de la misma, sino en virtud de mandamiento dictado por la autoridad judicial o de conformidad con las demás causas y condiciones que autorizan la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales.
La autoridad judicial sólo podrá autorizar como medidas cautelares, o providencias precautorias restrictivas de la libertad, las que estén establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en las leyes especiales. La prisión preventiva será de carácter excepcional y su aplicación se regirá en los términos previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Al entrar en vigor el Nuevo Sistema de Justicia Penal, quedaron atrás los cuestionamientos, las descalificaciones, las inconformidades, respecto de la viabilidad y pasamos a la etapa de consolidación y de resultados en la que estamos inmersos todos, ya que tanto el Estado como los ciudadanos debemos esforzarnos para que el nuevo sistema alcance sus metas como son un Estado de Derecho justo para las partes.
Y como siempre será mejor no tener que comparecer ante instancias de procuración de justicia, respetemos los derechos de nuestro círculo social, familiar, de nuestras ciudades y del estado, respetemos el semáforo de las 3:00 de la mañana, no trafiquemos con influencia, no ofrezcamos dinero al funcionario para que nuestro asunto sea resuelto a la brevedad y de manera adecuada a nuestros intereses, desterremos la cultura de la ilegalidad, para no ser requeridos por el Ministerio Público y eventualmente por el juez.
Ya que este nuevo sistema trae aparejado no sólo el cambio de paradigma para la estructura de gobierno en materia de derecho penal; sino también el cambio de mentalidad de los mexicanos todos y de manera particular para los habitantes de Michoacán.
Toda vez que estamos ante el fenómeno sociológico de que es a través de las leyes, como se ha de modificar el comportamiento de los mexicanos y michoacanos a partir de un nuevo tratamiento a los hechos punibles, sobre todo con los medios alternos de solución -a los que ya me referí en otra colaboración-, tomando en cuenta que el nuevo sistema está diseñado para solucionar en un plazo breve, todos aquellos hechos punibles que no sean graves, los que se solucionarán a través de los medios alternos; dejando sólo para los juicios orales aquellos que no permitan la libertad en forma cautelar.

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