Ismael Acosta García
Relaciones Estado–Iglesia en México
Sábado 14 de Marzo de 2015
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Con este artículo cerramos la trilogía que, sin proponérnoslo, iniciamos con el tema “Estado, Iglesia, empresariado. Triunvirato maldito”, que en la entrega de la semana pasada continuó como “Tendencias actuales del laicismo”, y hoy lo concluimos haciendo un brevísimo repaso a las relaciones actuales entre el Estado y la Iglesia católica en México.
Para entrar en el tema debemos partir de la afirmación de que religión e Iglesia no son lo mismo. La religión, como práctica personal, es la relación espiritual sincera y consciente del individuo con la divinidad. Tener un credo religioso es otra cosa, es adoptar como práctica cotidiana y colectiva la doctrina ritual que establece una Iglesia; y la Iglesia es, en consecuencia, la estructura orgánica que gobierna cual sea credo religioso, estableciendo normas de conducta y relación a su interior. En pocas palabras, es el gobierno eclesiástico.
Pasa que, desde las más lejanas páginas de nuestra historia nacional, gobierno e Iglesia han sido una dupla inseparable. El conquistador español no sólo vino a imponer su gobierno monárquico, sino también su doctrina religiosa a través de la tristemente célebre y asesina Santa Inquisición, hoy llamada Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe. En la Colonia sofocó cuanta expresión de libertad manifestaron los naturales de América. En la Revolución de Independencia su papel no fue más digno, baste leer la ignominiosa excomunión dictada por Abad y Queipo sobre Hidalgo. En la Reforma, su entrega desleal a los intereses extranjeros hacía imposible la unidad bajo la República. Pero bueno, no es necesario que nos detengamos en un recuento histórico minucioso de esa relación perversa. Vayámonos a la realidad que vive nuestro país.
Hace 23 años sucedió algo que nos lleva a pensar en un proceso histórico regresivo y políticamente trascendental en materia de relaciones Estado-Iglesia. Nos referimos a la reforma constitucional impulsada por el salinismo con el supuesto de “modernizar las relaciones del Estado con las iglesias”, ¿y qué pasó?, pasó que, del modus vivendi simulado de la jerarquía católica que se conocía a partir de organizaciones supra secretas de extrema derecha, ésta ha ido ganado espacios políticos a través del partido plenamente identificado con sus intereses. Hoy son del dominio público las encarnizadas luchas que a su interior se han dado con el arribo y toma del poder de estos grupos confesionales que ahora conviven y se manifiestan sin recato alguno en nuestra sociedad.
Es el caso que, de esos grupos de terror, surge la mayoría de funcionarios incrustados en la administración pública al más alto nivel. Y cómo éstos evidencian sus creencias en actos públicos, así como los jerarcas católicos evidencian sus terrenales intenciones en actos políticos.
Veamos casos y actuaciones: El 23 de octubre de 2005, el cardenal Norberto Rivera afirmó que los católicos no están obligados a respetar las disposiciones de ley que, desde su punto de vista, no sean acordes a la doctrina de la Iglesia. Ni tardo ni perezoso, Carlos María Abascal, entonces secretario de Gobernación, se expresó en el sentido de oficializar a la religión católica como la religión del Estado mexicano. Cínicamente pretendió ignorar que los estados, como tales, no tienen religión, y demuestra su intolerancia frente a las demás expresiones religiosas que nos merecen todo respeto al quererlas borrar de un plumazo. Lo más grave es que haya sido el propio ministro del Interior quien emprendiera el ataque contra la democracia liberal. La deslealtad institucional de Abascal lo ubicó más como un soldado de Dios que como funcionario de un Estado laico como lo es el mexicano. Ya antes, en su tesis de licenciatura, expresó que: “El imperio de lo espiritual no puede más que someter al imperio del poder temporal. El laicismo es enemigo de la verdad y el poder político debe disciplinarse siempre frente a los dictados de la Iglesia” (como se han disciplinado Peña Nieto y otros políticos de hoy día). También dijo que “el poder público ha de usar sus tribunas para publicitar las ventajas de la fe y las perdiciones del ateísmo”. Su blanco, lo expresó, “son los tres monstruos de la modernidad: la pérdida de la fe, la democracia y el liberalismo. Quien desconoce a Dios es incapaz de discernir lo bueno de lo malo”. Ese fue el notable discurso de Abascal, que confesó como su gran enemigo al proyecto del liberalismo y el laicismo.
Este tipo de manifestaciones de intolerancia y de agresión al Estado laico apunta a regresarnos a la Edad Media y a convertir al México actual en un Estado confesional. Con ello se evidenció como destacado alumno del señor Ratzinger, quien el domingo 16 de abril de 2006 lanzó al mundo católico su mensaje Urbi et Orbi (a la ciudad y al mundo), llamándoles a “combatir el laicismo como un mal que daña a la doctrina cristiana y a la integración religiosa”.
México es un Estado laico. La separación entre el Estado y la Iglesia es un elemento que cohesiona y da forma a la nación mexicana. ¿Qué pasa entonces? Pasa que la jerarquía católica por sí y a través de esos grupos de ultraderecha ha arribado al poder político y carcomido la convivencia social, ha prostituido gobiernos y leyes en favor de sus intereses. Por eso no es raro que personajes siniestros como Abascal se expresen por imponer la “ley de Dios” (seguimos ignorando cuál sea ésta), por encima de la ley del Estado.
Lo afirmamos en noviembre pasado, cómo nos hacen falta pastores de la talla de Otilio Montaño, Juan XXIII, Rubén Jaramillo, Camilo Torres, Méndez Arceo, Eliecer Moreno Vázquez, Ismael Acosta Guzmán y Samuel Ruiz; o los actuales Gustavo Gutiérrez (peruano), Leonardo Boff (brasileño), Fernando Cardenal (nicaragüense), Porfirio Miranda, Felipe Arizmendi, Enrique Díaz, Raúl Vera López, Miguel Concha, Alejandro Solalinde (mexicanos), y otros evangélicos como Rubem Alvez, Elsa Tamez, Richard Shaull y José Miguel Torres que desde la óptica del ecumenismo y a partir del Concilio Vaticano II y la Conferencia de Medellín (1968), dieron pie a una visión más humana de la Iglesia a través de la Teología de la Liberación, tan comprometida con los pobres y tan afín al verdadero mensaje de un cristianismo liberador; hoy tan olvidada por la jerarquía católica mexicana y atinadamente rejuvenecida por el Papa Francisco.
Conclusiones. Como ciudadanos, es imperativa nuestra praxis social porque tenemos tareas inmediatas como: 1. Influir en la reforma de los programas de la educación básica para el rescate de los principios y valores de nuestra nacionalidad y del Estado laico. 2. Propiciar la creación de organizaciones de la sociedad civil como células reproductoras de un programa de acción que resulte como constructo de los ciudadanos y organizaciones libres. 3. Mantener prudente distancia frente a los partidos políticos, sin renunciar a la posibilidad de que nuestros ciudadanos se proyecten a través de ellos a cargos de representación popular y 4. Crear una estrategia legislativa que rescate el espíritu original del constituyente en materia de laicidad y relaciones Estado–Iglesia violentado por la reforma salinista y la calderoniana de los artículos 24 y 40 constitucionales.
Ni clero político ni gobierno religioso. Mantener el laicismo es mantener vigentes las leyes del equilibrio universal.
Es cuánto.

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