José Padilla Alegre
El derecho y sus glosas
La ineptitud, el Estado de Derecho y su costo social
Sábado 14 de Marzo de 2015
A- A A+

El día 16 de diciembre de 2014, en la tenencia de Felipe Carrillo Puerto, municipio de Buenavista, mejor conocido como La Ruana, se dio el enfrentamiento entre dos grupos pertenecientes a la Fuerza Rural comandados uno por Hipólito Mora Chávez y el otro por Luis Antonio Torres González, El Americano, con un saldo de once muertos, hechos por los que se inició una indagatoria la que dio como resultado la consignación de la misma al Juzgado Segundo Penal del Distrito Judicial de Apatzingán, Michoacán, en la que se solicitaba la captura de 56 personas inculpadas en los once decesos, presentándose voluntariamente al proceso 36 personas internándose inicialmente Mora Chávez y 26 personas más y posteriormente Torres González y nueve personas más, por los delitos de homicidio calificado todos, en el Centro de Reinserción Social Licenciado David Franco Rodríguez, ubicado en Morelia, Michoacán, conocido como Cereso Mil Cumbres. Fue así que la jueza Primera Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Morelia les tomó la declaración preparatoria y les resolvió su situación jurídica, dictando dentro de las 142 horas siguientes a su presentación voluntaria, por la duplicidad del término constitucional, auto de formal prisión para todos, el que apelaron los acusados.
Tocándole conocer por razón de turno de los recursos a la Séptima Sala Unitaria en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado con sede en la capital del estado, misma que al resolver la alzada su magistrado, les decretó la libertad a todos los imputados al revocar el auto de formal prisión ya que, al revisar las actuaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado llevadas a cabo en la averiguación previa penal por los hechos del primer día, de la segunda quincena del último mes del año pasado en sendos resolutivos, uno emitido el lunes 9 de marzo de este año de 2015 dentro del toca I-64/2015 – así se le llama al expediente que se forma en la Sala con motivo de una apelación - y el otro al día siguiente es decir, el martes 10 del mismo mes y año en el toca I-65/2015, al no contener los autos de formal prisión, razones suficientes para procesar a los indiciados, en atención a que todos los integrantes de ambos grupos actuaron en legítima defensa para resguardar su vida y por tratarse de policías rurales, adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Michoacán (Periódico Oficial del Estado publicado el 13 de mayo del año 2014, que contiene el decreto por el que se crea la Unidad de Fuerza Rural de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, misma que constituye una Unidad Operativa de Reacción, la que tiene por objeto mantener la seguridad, tranquilidad y el orden público de los habitantes dentro de las regiones estatales, municipios, cuadrantes, colonias, tenencias o de las comunidades), y apoyándose además el titular de la sala en criterios que sobre el particular utiliza la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La ineptitud. La muerte de once personas obligaba a la Procuraduría General de Justicia del Estado a intervenir para llegar a la verdad histórica de los hechos – indagar quiénes habían matado a quién– para solicitarle al juez las ordenes de aprehensión de quienes a su criterio habían perpetrado los crímenes, realizando un volumen de actuaciones impresionante, según trascendió en la prensa, ya que por declaraciones de la juez penal, las pruebas periciales presentadas en el expediente muestran que en total fueron percutidas cuatro granadas y mil 463 balas en el enfrentamiento en La Ruana, de las cuales, mil 318 son calibre .223. Hipólito Mora y su grupo declararon que \"traían tanto armas cortas como largas\", y que \"las armas largas eran calibre .223\"… Pruebas de rodizonato de sodio, empleadas para determinar si una persona disparó un arma, dieron positivo en los 27 acusados del grupo de Mora, pese a que \"muchos de ellos\" habían declarado en el Tribunal \"que no habían accionado un arma de fuego (...) De acuerdo con las necropsias que les fueron practicadas a los cadáveres, es cierto que en muchos de ellos no fue factible establecer el calibre del arma que penetró en su cuerpo; pero en la mayoría fue establecido que fue .223\", dijo la jueza.
Pese a lo anterior, es evidente que el Ministerio Público no pudo esclarecer los homicidios porque sus actuaciones no resistieron el primer análisis de la revisión en la Sala Penal con motivo de la apelación, al pasarlas por los principios de certeza y seguridad jurídica (artículos 14 y 16 constitucionales) no resistieron un simple chequeo, por tanto, la Agencia del Ministerio Público no hizo el trabajo adecuado; pero sobre todo, parece no querer enmendar el yerro jurídico, o será que como ya no está el comisionado Castillo y ya no se pueden hacer las “investigaciones” inquisitivas o quizá nunca supieron hacerlas pues es la segunda vez que se les sale de la cárcel Hipólito Mora.
Porque no retomar la indagatoria para no esclarecer la muerte es convertirse en cómplice de homicidio el procurador y, por ende, el gobernador sustituto por omisión, ya que siempre existe el cuadruplicado del expediente, pero todavía más, la causa está abierta, ya que existen 20 prófugos de los hechos y con ese motivo pueden ahora si hacer bien su trabajo en la Procuraduría, pues no merecen los difuntos y sus familiares, así como la sociedad entera, que con una declaración de prensa, en la que manifestó el titular de esa instancia de gobierno que el resolutivo de la Sala le impide continuar con respecto a la libertad de los imputados (“Inapelable liberación de Hipólito Mora y El Americano, el caso de los ex autodefensas está cerrado”, 12/03/2015, 16:43, Notimex), declaración que dicho sea de paso contrasta con lo manifestado también en prensa por el secretario de Gobierno y el magistrado de la Sala, ambos reconocidos docentes, el primero de la Universidad Michoacana y el segundo del Consejo Implementador de la reforma constitucional penal, en el sentido de que se pueden aportar más y nuevos elementos al expediente para ahora sí identificar plenamente a los homicidas.
El Estado de Derecho. Varios son los supuestos que permiten combatir la liberación de los presuntos homicidas: cuando un magistrado conceda la libertad, bajo las reservas de ley se pueden seguir aportando pruebas, y si con ello se logran nuevos elementos que acrediten el tipo penal, en este caso de homicidio, pueden solicitarse nuevamente la orden de captura; también la ley de amparo se pronuncia sobre el particular, artículo 107 fracción V, cuando señala que el amparo indirecto es procedente contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos –la vida de los caídos en la reyerta– y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Por lo anterior, resulta sospechoso que el procurador haya declarado que la revocación del auto de formal prisión le impida combatir la resolución de la Sala, pese a que también aseveró que no la comparte pero que la respetará. Quiero pensar que es el desconocimiento de nuestro Código adjetivo, aunque me resulta preocupante su ignorancia en materia de amparo y seguramente no cuenta con asesores que conozcan el Código de Procedimientos Penales del Estado, pero un abogado del Estado, así, no le sirve a nuestra entidad y una tercera opción para borrar ese nefasto precedente lo constituye la causa abierta en contra de 20 prófugos, en esa indagatoria podría purgar los vicios que le está espetando el autor de cuando menos dos libros sobre bases constitucionales del Nuevo Sistema Penal –Víctor Barragán Benítez–, ya que en los resolutivos de referencia solo plasmo: “…La investigación no ha terminado, la institución encargada de perseguir los delitos sigue teniendo abierta la posibilidad de corregir los errores que se advirtieron con las diligencias respectivas para que pueda cambiar el rumbo de la decisión, el caso no está cerrado”, Sayra Casillas Mendoza, 11/III/2015, Cambio de Michoacán, y si no puede como dijo el clásico, que renuncie… ya.
Costo social. El estupor de la sociedad michoacana, el de la opinión pública y la hoguera mediática que los medios han desatado al preguntarse ¿y entonces, quién mato a los once de La Ruana?, y el agravio de los familiares de los muertos debe soportarlo la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán y su Castillo Boy, y no el Poder Judicial del estado, en la persona del magistrado de la Séptima Sala Penal, ante su incapacidad para integrar una averiguación por homicidio –no importa que hayan sido once los muertitos–, ya que estamos ante el resultado de un trabajo insuficiente de la unidad burocrática en la que se encuentra al frente el licenciado José Martin Godoy Castro, no es el efecto –auto de libertad– lo que se debe condenar, sino el origen, la integración de una deficiente averiguación previa, que permitió, sin lugar a dudas, la salida de algunos homicida.

Sobre el autor
Comentarios
Columnas recientes

Clausula de exclusión y no discriminación

El municipio libre

El Artículo 143 y sus transitorios

Derecho ambiental y el litigio estratégico

Desistimiento penal, no absolución

El derecho y sus glosas, la huelga del STAOOAPAS

Triunfo y propuesta

Los principios procesales en el procedimiento administrativo de responsabilidades

La Constitución, su función reglamentaria

Presunción de inocencia y derecho a la información

La sucesión laboral

La sucesión agraria

El liberalismo económico, un rostro

La sucesión legítima, un caso de discriminación

Las mujeres y su empoderamiento

Conflictos políticos entre poderes

Justicia partidaria o juicio de derechos del ciudadano

Diez años de justicia administrativa

Delitos especiales

El órgano interno de control

El secretario técnico del Sistema Estatal Anticorrupción

Dos instituciones agrarias

Doble maternidad

Amicus Curiae

La nueva trampa de la detención

La reedición del outsourcing

La seguridad social su procedimiento

La separación como medida de protección

La Ley de Fiscalización de Michoacán

La Ley Orgánica de la Administración Pública y el sistema de control interno

La Procuraduría de Justicia y el Sistema Anticorrupción

El Código Administrativo, su adecuación

Delitos de corrupción en Michoacán

Candidaturas independientes contra partidistas

EL DERECHO Y SUS GLOSAS

Ley Estatal de Responsabilidades Administrativas

Ley Estatal de Responsabilidades Administrativas

Ley Estatal Anticorrupción

Ley Estatal Anticorrupción

El ilegal paro de labores y toma en la UMSNH

La reglamentación constitucional

El juicio oral familiar, comentarios

Polémica judicial

El fraude procesal

La carpeta azul y la fuerza coercitiva del Estado

El derecho al honor, criterios de la Corte

El derecho económico, tres problemas

Reforma electoral

El caso Miranda y la ilegalidad de las detenciones

Derecho de réplica

Derechos humanos, su origen

El Tribunal “burocrático”, su presidente

Seguro contra la responsabilidad

Seguro la ley agraria y el derecho privado

La codificacion laboral

El debido proceso, dos criterios

La suspensión en el amparo y en otros procedimientos

La orfandad laboral burocrática

La nueva justicia laboral

Ley de Fiscalización y Ley Orgánica de la Administración Pública

Ley de la fiscalía general de la República

El Código Penal y la corrupción

Ley del Tribunal Federal de Justicia Administrativa

La Ley de Responsabilidades

La Ley de Responsabilidades

La Ley de Responsabilidades

La ley anticorrupción

El sistema anticorrupción en el estado

La oralidad en 2017

A propósito de los relevos sindicales en la Universidad

Las medidas cautelares en la Ley Federal del Trabajo, una vista retrospectiva

Delitos electorales

Elección sin candidatos independientes o candidatos sin partido

La huelga de puertas abiertas

El proceso de Cristo y los derechos humanos

El proceso de Cristo y los derechos humanos

El proceso de Cristo y los derechos humanos

El juicio arbitral o la justicia privada

La vigencia del nuevo Sistema de Justicia Penal en nuestro estado

La ineptitud, el Estado de Derecho y su costo social

La Comisión Estatal de Derechos Humanos y su falta de coercitividad

Los conflictos sobre seguridad social

A 98 años de la Constitución de 1917

Los litigantes

La jurisdicción

El seguro de riesgos de trabajo

El proyecto, en la investigación jurídica

La metodología en los estudios de Derecho

Los estudios de derecho y su práctica

Los derechos notarial y registral, y la escritura pública

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo

El derecho a la democracia y las candidaturas independientes

El derecho al olvido, el Internet y las redes sociales

La vivienda, la seguridad social y el Infonavit

La Ley Federal de Consulta Popular

En los albores de la reforma penal

Los derechos humanos y los grupos vulnerables

La extradición, la pena de muerte y el derecho internacional público Tercera parte

La extradición, la pena de muerte y el derecho internacional público Segunda parte

La extradición, la pena de muerte y el derecho internacional público

El contrato de mutuo con interés, el pagaré, la usura y la Corte

El amparo y su falta de regulación en materia agraria

El derecho deportivo y el futbol profesional en México

El comisionado Castillo, las leyes y las reglas de etiqueta

El nuevo juicio de amparo y la huelga del STASPE

Los derechos humanos a tres años de su implementación

Los derechos de los niños y el bullying

Las razones diversas, en las sentencias penales

Daños colaterales de la delincuencia organizada en el derecho

La huelga del STASPE, el oportuno derecho a la defensa y el control de convencionalidad