José Padilla Alegre
El derecho y sus glosas
La Comisión Estatal de Derechos Humanos y su falta de coercitividad
Viernes 20 de Febrero de 2015
A- A A+

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo regula cinco organismos autónomos, y uno de ellos es la Comisión Estatal de Derechos Humanos, misma que en el artículo 96 señala que la institución es autónoma en su gestión y presupuestalmente, por tanto no pertenece o depende de ninguno de los poderes y que la misma conocerá de las quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa realizados con infracción a los derechos humanos por cualquier autoridad o servidor público; la que como resultado final de su ejercicio formula recomendaciones públicas, no vinculatorias -es decir sin fuerza coercitiva [facultad que el Estado tiene para hacer cumplir sus determinaciones contra la voluntad del obligado y en ocasiones por medio de la fuerza pública]-; pudiendo no aceptar la recomendación la autoridad o el servidor público en cuyo caso deberá fundar y motivar su negativa haciéndola pública, teniendo la posibilidad de acudir al Congreso del Estado para llamar al infractor de derechos humanos ante los legisladores y explique el motivo de su negativa a cumplir con la recomendación, denuncia o queja.
Lo que hoy conocemos como organismo protector de los derechos humanos surge en Suecia en el siglo XVI, en cuanto supervisor de la legalidad de los actos de los funcionarios públicos y se le conoce como ombudsman y a partir de la Constitución de 1809 del país escandinavo, el guardián de los derechos humanos, controla la observancia de las leyes, pudiendo demandar ante los tribunales a los funcionarios que por su parcialidad, favor o cualquier otro motivo, cometan ilegalidades o descuidos en el correcto desempeño de los deberes propios de su cargo (Fernández Ruiz, biblio.juridicas.unam.mx consultado 20-II-15).
En México, a imagen y semejanza de muchas otras naciones se adopta esa figura como garante del respeto a los derechos humanos, mediante decreto presidencial del 6 de junio de 1990 al crearse la Comisión Nacional de Derechos Humanos, órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, con la facultad de “…hacer las recomendaciones y en su caso las observaciones que resulten pertinentes a las autoridades administrativas del país sobre violaciones a los derechos humanos…”; dos años después, es decir el 29 de junio de 1992, la CNDH se convierte en un organismo descentralizado (otro pasito hacia la autonomía) teniendo como propósito esencial “…la protección, observancia, promoción, estudio y la divulgación de los derechos humanos…” y es hasta la Reforma Constitucional del 13 de septiembre de 1999 que adquiere autonomía plena el organismo protector de los derechos humanos en México, el que conoce de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación que violen derechos humanos, el que formulará recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas, se trata de un sistema de protección no jurisdiccional de los derechos humanos, al que si bien es cierto, se le respalda en su ejercicio con una carga procesal a las autoridades violadoras de derechos humanos, obligándolas a dar las razones por escrito -fundada y motivadamente- de su rebeldía al dejar de cumplir con la recomendación que se les hace e incluso un segundo apoyo a la comisión (es), ya que también la del Estado cuenta con la posibilidad de solicitar la intervención de la Cámara de Diputados, la que podrá hacer comparecer a la autoridad ante los representantes populares para que se les explique su oposición a aceptar y cumplir con la recomendación de referencia y una tercera forma de avalar el trabajo de la comisión es la posibilidad de hacer públicas las recomendaciones.
A pesar de lo anterior y al no tener fuerza vinculante las recomendaciones de las comisiones, las mismas resultan ser sólo figuras decorativas para el gobierno y por momento legitimadoras de las violaciones de derechos humanos, ya que parece que efectivamente defiende los derechos humanos pero en la realidad, no es así tomando en cuenta que en la medida que carezcan de fuerza coercitiva para obligar a los funcionarios infractores a respetar los derechos fundamentales o para acudir a un juzgado o tribunal mediante la demanda correspondiente, sólo se quedará en la retórica y la insatisfacción para el justiciable al no existir mecanismos efectivos para obligar a las autoridades a cumplir con los derechos de los ciudadanos.
En el estado de Michoacán la última reforma constitucional, nuestra norma fundamental la transforma en derecho vigente, catorce años después, es decir el 28 de enero del 2013 y desde esa fecha la Comisión Estatal de Derechos Humanos aparezca como organismo autónomo, con las mismas carencias y posibilidades que la Comisión Nacional, para hacer efectivas las recomendaciones, y la ley secundaria del artículo constitucional estatal en su artículo 82 es preciso en la no vinculación –obligatoriedad- de sus recomendaciones, al establecer “…La recomendación no tendrá carácter vinculatorio o imperativo, ni podrá anular, modificar o dejar sin efecto las resoluciones o actos contra los que se haya presentado la queja…”.
Por lo anterior se hace necesaria una reforma al artículo 69 de la Constitución del Estado y a la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para otorgarle a la comisión, por un lado capacidad de coercitividad es decir poder hacer cumplir sus recomendaciones con toda la fuerza del Estado, y por otra parte otorgarle facultades para denunciar ante las autoridades políticas y judiciales a todo aquel mal funcionario que incumpla con los parámetros de respeto a los derechos humanos; esperando que los legisladores locales se comporten a la altura de las circunstancias y dentro del marco del federalismo, el día que reciban una iniciativa de ley que contenga esos dos mecanismos, porque nuestra sociedad está esperando esa legislación de avanzada, los tiempos requieren leyes para contrarrestar las conductas violatorias de derechos humanos de los malos políticos, ¿qué digo malos?, de los pésimos servidores públicos.
Ejemplos puede haber muchos en nuestro entorno, podríamos referirnos a los diputados que medrando con la necesidad de vivienda de la población alientan a las personas a invadir predios de particulares como el ocurrido en las faldas del Cerro del Punhuato, en la capital del estado o la distracción de los millones de pesos para la cultura que un presidente de un Ayuntamiento del Oriente del estado en combinación con un diputado federal que llegó al Congreso de la Unión por conducto de un partido político que se ufana de ser ecológico, pero que, cuando menos ese representante popular de diezmos sabe mucho ya que trascendió en la prensa que se habrían quedado entre los dos con algo así como nueve millones de pesos so pretexto de la cultura y sólo para concluir con un tercer ejemplo la necedad de las autoridades municipales en contubernio con algunas estatales, las que se empeñan en trazar una bajada de la Loma de Santa María para facilitarles a los que allá viven un traslado rápido hacia el área urbana, sólo que quieren utilizar una zona decretada como Reserva Natural, con el perjuicio en materia ambiental que ello conlleva para los habitantes de Morelia y por tanto en perjuicio a uno de los derechos fundamentales como son el de una vida en armonía con el medio ambiente; ese tipo de funcionarios serían enviados a prisión al realizar sus funciones en detrimento de los derechos humanos individuales o colectivos, si la ley estatal en la materia tuviera fuerza coercitiva y facultades para acudir a juzgados, de ahí la importancia de la reforma que propongo.

Sobre el autor
Comentarios
Columnas recientes

15 de septiembre y Ayotzinapa

Clausula de exclusión y no discriminación

El municipio libre

El Artículo 143 y sus transitorios

Derecho ambiental y el litigio estratégico

Desistimiento penal, no absolución

El derecho y sus glosas, la huelga del STAOOAPAS

Triunfo y propuesta

Los principios procesales en el procedimiento administrativo de responsabilidades

La Constitución, su función reglamentaria

Presunción de inocencia y derecho a la información

La sucesión laboral

La sucesión agraria

El liberalismo económico, un rostro

La sucesión legítima, un caso de discriminación

Las mujeres y su empoderamiento

Conflictos políticos entre poderes

Justicia partidaria o juicio de derechos del ciudadano

Diez años de justicia administrativa

Delitos especiales

El órgano interno de control

El secretario técnico del Sistema Estatal Anticorrupción

Dos instituciones agrarias

Doble maternidad

Amicus Curiae

La nueva trampa de la detención

La reedición del outsourcing

La seguridad social su procedimiento

La separación como medida de protección

La Ley de Fiscalización de Michoacán

La Ley Orgánica de la Administración Pública y el sistema de control interno

La Procuraduría de Justicia y el Sistema Anticorrupción

El Código Administrativo, su adecuación

Delitos de corrupción en Michoacán

Candidaturas independientes contra partidistas

EL DERECHO Y SUS GLOSAS

Ley Estatal de Responsabilidades Administrativas

Ley Estatal de Responsabilidades Administrativas

Ley Estatal Anticorrupción

Ley Estatal Anticorrupción

El ilegal paro de labores y toma en la UMSNH

La reglamentación constitucional

El juicio oral familiar, comentarios

Polémica judicial

El fraude procesal

La carpeta azul y la fuerza coercitiva del Estado

El derecho al honor, criterios de la Corte

El derecho económico, tres problemas

Reforma electoral

El caso Miranda y la ilegalidad de las detenciones

Derecho de réplica

Derechos humanos, su origen

El Tribunal “burocrático”, su presidente

Seguro contra la responsabilidad

Seguro la ley agraria y el derecho privado

La codificacion laboral

El debido proceso, dos criterios

La suspensión en el amparo y en otros procedimientos

La orfandad laboral burocrática

La nueva justicia laboral

Ley de Fiscalización y Ley Orgánica de la Administración Pública

Ley de la fiscalía general de la República

El Código Penal y la corrupción

Ley del Tribunal Federal de Justicia Administrativa

La Ley de Responsabilidades

La Ley de Responsabilidades

La Ley de Responsabilidades

La ley anticorrupción

El sistema anticorrupción en el estado

La oralidad en 2017

A propósito de los relevos sindicales en la Universidad

Las medidas cautelares en la Ley Federal del Trabajo, una vista retrospectiva

Delitos electorales

Elección sin candidatos independientes o candidatos sin partido

La huelga de puertas abiertas

El proceso de Cristo y los derechos humanos

El proceso de Cristo y los derechos humanos

El proceso de Cristo y los derechos humanos

El juicio arbitral o la justicia privada

La vigencia del nuevo Sistema de Justicia Penal en nuestro estado

La ineptitud, el Estado de Derecho y su costo social

La Comisión Estatal de Derechos Humanos y su falta de coercitividad

Los conflictos sobre seguridad social

A 98 años de la Constitución de 1917

Los litigantes

La jurisdicción

El seguro de riesgos de trabajo

El proyecto, en la investigación jurídica

La metodología en los estudios de Derecho

Los estudios de derecho y su práctica

Los derechos notarial y registral, y la escritura pública

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo

El derecho a la democracia y las candidaturas independientes

El derecho al olvido, el Internet y las redes sociales

La vivienda, la seguridad social y el Infonavit

La Ley Federal de Consulta Popular

En los albores de la reforma penal

Los derechos humanos y los grupos vulnerables

La extradición, la pena de muerte y el derecho internacional público Tercera parte

La extradición, la pena de muerte y el derecho internacional público Segunda parte

La extradición, la pena de muerte y el derecho internacional público

El contrato de mutuo con interés, el pagaré, la usura y la Corte

El amparo y su falta de regulación en materia agraria

El derecho deportivo y el futbol profesional en México

El comisionado Castillo, las leyes y las reglas de etiqueta

El nuevo juicio de amparo y la huelga del STASPE

Los derechos humanos a tres años de su implementación

Los derechos de los niños y el bullying

Las razones diversas, en las sentencias penales

Daños colaterales de la delincuencia organizada en el derecho

La huelga del STASPE, el oportuno derecho a la defensa y el control de convencionalidad