José Padilla Alegre
El derecho y sus glosas
Los conflictos sobre seguridad social
Sábado 14 de Febrero de 2015
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El derecho en cuanto producto cultural resulta inacabado, lo anterior es así ya que no existe el legislador absolutamente sabio y providente (García Máynez, 2009), de tal suerte que por exigencia de la sociedad o en atención a la visión del legislador las leyes están sujetas a reformas, de ahí que desde el 1° de diciembre del año 2012, la Ley Federal del Trabajo contiene un gran número de reformas y de ellas en esta ocasión sólo me he de referir a los procedimientos derivados de los conflictos individuales sobre seguridad social.
En efecto la ley reglamentaria del artículo 123 constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre del año 2012 con inicio de vigencia al día siguiente, contiene la novedad de una sección primera en su capítulo XVIII denominada conflictos individuales de seguridad social, por tanto a partir de esa fecha el derecho procesal del trabajo regula esos asuntos dentro de los procedimientos especiales.
A pesar de que por primera vez se legisla para ventilar los conflictos sobre seguridad social, ello no quiere decir que no se pudieran plantear ante las diversas autoridades de trabajo, claro que se hacían valer ante la falta de pago de una serie de prestaciones económicas o en especie, derivadas de la relación de trabajo contempladas dentro de la seguridad social, sólo que al no estar reguladas dentro de la lista de los conflictos a que se refiere el artículo 892 de la ley en la materia, se intentaba el pago de dichas prestaciones en la vía ordinaria laboral.
Ya que la norma en cita sólo atendía 19 supuestos, entre otros, cuando se demandaba por jornadas inhumanas notoriamente excesivas, o con motivo de conflictos derivados de las obligaciones de capacitación y adiestramiento, o cuando la patronal se oponía a determinar la antigüedad del trabajador, o cuando no se reconocía a los trabajadores de planta la prima de antigüedad, o cuando no se proporcionaba a los trabajadores de buques: alojamientos cómodos e higiénicos, alimentación sana, abundante y nutritiva, o en los casos en que a los trabajadores de aeronáutica se les cambiara residencia y no se les cubrían los gastos de traslado, menaje y efectos personales y de su familia, o cuando se pierde la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo, en las suspensiones colectivas de las relaciones de trabajo, por causa de fuerza mayor o caso fortuito no imputable al patrón, así como en los casos de concurso o la quiebra legalmente declarada, también cuando se instala maquinaria que desplace a los trabajadores y por casos de muerte por riesgo de trabajo.
De ahí que antes de esta reforma en particular, lo relativo a la seguridad social se reclamaba como procedimiento ordinario, tomando en cuenta que por exclusión todo lo que no estaba contemplado en el artículo 892 de la Ley del Trabajo, se debía proponer en una demanda ordinaria. Y en eso consiste la bondad de la reforma sobre el particular, ya que ahora al encontrarse como un procedimiento especial, se le da el estatus de trámite sumario con una regulación exclusiva y derivado de lo especial o sumario conlleva un ahorro de tiempo en el trámite en beneficio de los justiciables, al prevalecer la agilidad y rapidez que de suyo tiene la materia laboral.
El artículo 893 de la ley en cita, señala un espacio de 16 días para resolver un asunto; tomando en cuenta que establece que en una sola audiencia ha de dictarse el laudo, es decir que un asunto de esta naturaleza deberá estar resuelto al día décimo sexto hábil posterior a la presentación de la demanda, cuando señala que en los siguientes quince días hábiles deberá citar a una audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución, la que deberá ser notificada con diez días de anticipación al demandado; en consecuencia la autoridad de trabajo tiene tres días para acordar la admisión, enseguida remitir el expediente al actuario, el que en dos días deberá llamar a juicio al organismo de seguridad social de que se trate, porque deben transcurrir diez días entre el llamamiento al procedimiento y la audiencia de resolución, aunado a que el trabajador puede desde el escrito inicial señalar las pruebas.
También con fundamento en el artículo 899 C el actor proporcionara fecha de nacimiento, acompañando copia certificada de reciente expedición, nombre y domicilio de la empresa o establecimiento en la que se laboró, puesto desempeñado, actividades desarrolladas, antigüedad generada y cotización al régimen del Seguro Social; esto último es muy importante ya que con base en las aportaciones del trabajador y de la patronal, se podrá determinar si el trabajador cuenta con las semanas cotizadas suficientes para tener derecho a alguna prestación derivada de los seguros del régimen obligatorio; además se debe proporcionar el número de seguridad social o referencia de identificación del asegurado, pensionado o beneficiario, clínica o unidad de medicina familiar asignada; el último estado de cuenta del ahorro individual para el retiro; constancia expedida por el Instituto del Seguro Social de otorgamiento o negativa de pensión o constancia de otorgamiento o negativa de crédito para vivienda.
Las prestaciones que se reclaman en estos juicios son: los riesgos de trabajo; lo relativo a las enfermedades y maternidad; así como la invalidez y vida; además de lo relativo al retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y lo de las guarderías y prestaciones sociales, estos cinco seguros los administra el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), además todo lo relativo al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), y lo de las nuevas formas de pensiones en las subcuentas de ahorro, es decir lo de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) y cualquier otra prestación en materia de seguridad social.
La reforma que hoy comento, a la fecha ha proporcionado un doble beneficio por un lado a los trabajadores del apartado A, les ha permitido un procedimiento especial en tratándose de seguridad social, abatiendo los plazos, de acuerdo con la legislación anterior; y por lo que ve a los trabajadores al servicio del Estado, ha resultado de mucho mayor beneficio ya que en número son una cantidad considerable los expedientes en trámite con motivo de la seguridad social, pues desde finales de la administración godoyista se empezaron a dejar de pagar los seguros de vida de los burócratas y profesores y las demandas para obtener las cantidades contratadas han aumentado desde esa época, porque en la administración que transcurre han despachado tres gobernadores y un virrey -Fausto, Reyna, Jara y Castillo-, sin que ninguno de ellos atendiera el problema y sigue el atraso en cuanto a cubrirles a los deudos de esos trabajadores, que han partido al más allá; amable lector usted dirá, pero que tienen que ver los trabajadores al servicio del Estado en un procedimiento regulado dentro del apartado A, por tanto en la Ley Federal del Trabajo; pues resulta que en el Tribunal Burocrático del Estado, todo lo que se presenta ante ellos por motivo de seguridad social, se declaran incompetentes y los remiten a la Junta Local, la que se avoca al conocimiento de los mismos, por contar la ley que la rige con el procedimiento a que me he referido en esta entrega, al carecer la ley burocrática de un procedimiento ad hoc para resolver esos asuntos.

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